La Comisión de Fiscalización de la legislatura, presidida por la correísta Pamela Aguirre, se constituyó en el 2024 en una “herramienta” para ejercer presión al Ejecutivo a través del continuo llamado a rendir cuentas de funcionarios gubernamentales, y el procesamiento de juicios políticos acordes a coyunturas partidistas.
Daniel Noboa asumió el poder en noviembre de 2023 en medio de una situación económica adversa, con altos niveles de deuda pública, inflación y la creciente inseguridad. Este escenario fue propicio para que la oposición cuestionara las decisiones tomadas por el Gobierno, a través de sus ministros, que continuamente fueron llamados a las comisiones especializadas a rendir cuentas y en algunos casos terminaron “amenazados” con juicios políticos.
Pero la tarea de fiscalización también alcanzó a actores del sector de la justicia, como la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, cuyos procesos fueron impulsados desde el correísmo.
Desde enero de 2024 se evacuaron más de una docena de juicios políticos. Son los siguientes:
- Esteban Bernal, exministro de Inclusión Social del gobierno de Guillermo Lasso, fue censurado.
- Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura, censurado.
- Juan José Morillo, exvocal del Consejo de la Judicatura, censurado.
- Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas del gobierno de Guillermo Lasso, censurado.
- Juan Zapata, exministro del Interior del gobierno de Guillermo Lasso, censurado.
- Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, censurado.
- Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, archivado.
- Maribel Barreno, exvocal del Consejo de la Judicatura, archivado.
- Diana Salazar, fiscal general del Estado, archivado.
- Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, archivado.
- Mónica Palencia, ministra del Interior, archivado.
- Andrea Barreno, exministra de Energía en el gobierno de Daniel Noboa, censurada.
- Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, censurado.
Si bien no están en la lista, la Comisión de Fiscalización archivó, a medio año, tres juicios políticos contra tres funcionarios del gobierno de Lasso: Sebastián Corral, exsecretario de Administración; Andrea Montalvo, extitular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt); y Pablo Arosemena, exministro de Economía. Esto ocurrió por el retiro de firmas de los interpelantes, que buscaban acelerar el procesamiento de otros dos en contra de las ministras de Relaciones Exteriores y del Interior del gobierno de Daniel Noboa, Gabriela Sommerfeld y Mónica Palencia.
En las últimas semanas del año se anunciaron otros procesos en contra de ministros de Noboa.
Adrián Castro, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), considera que en la Comisión de Fiscalización, presidida por una correísta, hay una clara intención de golpear al régimen. Pero la falta de argumentos hizo que varios procesos se “cayeran” o terminaran archivándose, expresa.
Castro sostiene que el correísmo abrió en dicha mesa espacios de fiscalización sobre la crisis energética y el contrato de concesión de la terminal portuaria de Manta, en Manabí; e investigó casos como Metástasis, León de Troya y La Madrina, en los que tenía un particular interés político.
Y además buscó proteger a personajes como Wilman Terán, alias Diablo, expresidente de la Judicatura y procesado en los casos Metástasis, Pantalla e Independencia Judicial.
“La justicia condenó a Terán, mientras que la Asamblea lo cobijó de impunidad, cuando precisamente es la Función Judicial la que no cumple cabalmente con su deber, pues todo esfuerzo que haga el Gobierno a través de fuerza pública para frenar al narcotráfico y delincuencia organizada se desvanece en la justicia”, indica.
La presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, comenta que algunos de los juicios políticos que se han procesado vinieron acompañados de acciones de protección y medidas cautelares, y con intimidaciones judiciales en su contra.
Esto ya ocurrió en el proceso de Mónica Palencia y en el de la fiscal Salazar, dice Aguirre.
Agrega que ahora en el del exconsejero Juan Esteban Guarderas, se presentaron dos acciones de protección en las que pedía la suspensión del proceso, que no se concretó.
Según la legisladora, con ese tipo de actuaciones tratan de mermar la atribución fiscalizadora de la Asamblea.
En el marco de la fiscalización, la Asamblea Nacional también ha creado comisiones especiales para investigar casos de corrupción o malas prácticas en la administración pública.
Estas comisiones tienen el poder de convocar a funcionarios y testigos, y recopilar pruebas sobre posibles irregularidades en la gestión gubernamental. De ahí que varios legisladores han aprovechado estos espacios para lanzar acusaciones. (I)
Fuente: El Universo
