Trece días después de la desaparición de cuatro menores de edad, la Fiscalía General del Estado anunció el sábado, 21 de diciembre, que el caso se traslada a Quito.
Las investigaciones estarán a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, indicó la entidad.
El 8 de diciembre, según familiares, los menores salieron junto con otros ocho o nueve chicos a jugar pelota.
Cerca de las 20:00 acudieron en grupo hasta una panadería cerca de un centro comercial del sur de la ciudad. En ese sitio se habría desarrollado un operativo militar y cuatro menores, dicen familiares, habrían sido abordados por uniformados.
De los once niños, cuatro no pudieron correr y son los que están desaparecidos, dicen familiares.
El argumento para el traslado del caso es que de acuerdo con la resolución 063 del año 2023, emitida por la Fiscal General, Diana Salazar, se establece la creación de una Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Según la entidad, esa unidad se encarga específicamente de investigar infracciones presumiblemente cometidas por agentes estatales que involucren hechos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos conexos que puedan ser tipificados inicialmente de manera distinta. En este contexto, cuando un caso inicia como secuestro, pero durante el desarrollo de la investigación emergen indicios claros que señalan la posible participación de agentes del Estado, el caso debe ser retipificado y trasladado al conocimiento de esta unidad especializada nacional, acotó en un comunicado.
La coordinación de esa unidad está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, que forma parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado. La sede principal de esta unidad nacional se encuentra en Quito. Además, se contemplan sedes regionales en Guayas y Azuay, donde fiscales designados pueden llevar a cabo diligencias técnicas en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, la gestión general y la coordinación de las investigaciones permanecen centralizadas en la unidad nacional, ubicada en Quito.
En el caso de que una desaparición sea inicialmente catalogada como secuestro, pero posteriormente surjan elementos que sugieran la intervención de agentes estatales en el hecho, el delito será reconfigurado bajo el marco de los delitos investigados por esta unidad especializada. Esta retipificación permite un abordaje más preciso y acorde con los estándares de derechos humanos que exige el marco normativo ecuatoriano e internacional, explicó la Fiscalía.
La resolución 063 también establece una distribución territorial para la atención de casos, asignando jurisdicciones específicas a cada sede. Por ejemplo, la sede en Quito tiene competencia sobre las provincias de la Sierra norte y centro, mientras que las sedes en Cuenca y Guayaquil cubren la región sur y la Costa respectivamente.
Por tanto, la remisión de un caso como el descrito a esa unidad no solo responde a una obligación normativa, sino también a la necesidad de garantizar una investigación imparcial y técnica, que se enfoque en la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares de justicia en casos de alto impacto donde se presume el involucramiento de agentes estatales, justificó la Fiscalía General.
Fuente: El Universo
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