Han pasado 178 días desde que los activistas políticos Pamela Troya y Santiago Becdach denunciaron, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a Yadira Saltos, Augusto Verduga, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), por presunta infracción electoral con causal de destitución.
El 3 de septiembre de 2024, Muñoz sancionó a Saltos y Verduga (principales), con el pago de una multa de setenta salarios básicos unificados, la destitución del cargo y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
A Párraga y Franco Loor (suplentes) les sanciónó con el pago de setenta salarios básicos unificados, la exclusión del listado de dignidades como consejeros y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
Troya y Becdach denunciaron a los vocales del Cpccs cercanos al correísmo e identificados con la ‘Liga Azul’ el 24 de junio de 2024, porque desde la promoción electoral como candidatos a consejeros en la elección de febrero de 2023 fueron promovidos por el movimiento Revolución Ciudadana, afirmaron los denunciantes.
Señalaron que los ahora vocales del Cpccs incurrieron en una infracción electoral grave por no cumplir con la normativa vigente.
Agregaron que por estas mismas consideraciones, el TCE ya sentenció a Alembert Vera, expresidente del Cpccs, por infracción electoral el 8 de mayo de 2024, y fue sancionado con la pérdida de los derechos políticos por cuatro años. “Esta denuncia se sustenta en dicha jurisprudencia, esperando que el TCE actúe en derecho, destituyendo a los denunciados”, agregaron Troya y Becdach.
¿Por qué se empantana el caso de la ‘Liga Azul’ en el TCE?
La resolución del caso de los cuatro vocales del Cpccs se ha empantanado en el TCE porque las defensas de los denunciados presentaron un recurso de apelación a la sentencia de primera instancia de Fernando Muñoz. Luego se produjo una excusa de los jueces Ángel Torres y Guillermo Ortega. También porque el periodo electoral para los comicios de febrero de 2025 llevó a los jueces a cumplir plazos para resolver recursos de apelación a candidaturas.
La abogada electoral Mónica Jaramillo explica que, de acuerdo con el calendario electoral, el TCE tiene hasta el 21 de diciembre de 2024 como fecha límite para resolver los recursos subjetivos contenciosos que devengan de procesos electorales para los comicios de 2025.
A Jaramillo le llama la atención que aunque en el TCE existen otras causas que no tienen que ver con procesos electorales, el Tribunal haya dado “toda la agilidad en casos como la denuncia interpuesta en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en la que de forma prolija se emitió la sentencia a pesar de ser un tema que no deviene de un proceso electoral”, dijo.
Mónica Jaramillo pide al TCE conocer las causas en orden de prelación.
En todo caso, informó que el 13 de diciembre se realizó un sorteo y recayó en la Secretaría General del TCE la responsabilidad de certificar que jueces principales y suplentes formarán parte del Pleno para resolver la excusa presentada por Guillermo Ortega.
La abogada consideró que estas acciones deben realizarse de forma inmediata y con la diligencia que exige el proceso, con el objetivo de fijar día y hora para la emisión de la resolución de la excusa.
De acuerdo con el procedimiento, posterior a ello, debería darse una sesión del Pleno para conocer la apelación a la sentencia de primera instancia planteada por los abogados de los vocales del Cpccs sancionados, tras la resolución del juez Fernando Muñoz. (SC)
Diario La Hora