Las bancadas en la Asamblea Nacional presionan al Gobierno de Daniel Noboa para que informe sobre el uso del software Pegasus como supuesta herramienta de espionaje a periodistas, opositores políticos y activistas en Ecuador.
Para Construye, que pidió que se abra el debate, se trata de una situación de “extrema gravedad”, relacionada con el uso potencial e ilícito del software; un programa diseñado por la empresa israelí NSO Group, cuya función principal es la vigilancia de teléfonos móviles, y pidió que se solicite la comparecencia de la canciller, Gabriela Sommerfeld; y del director del Centro de Inteligencia Estratégica, Mishele Sensi Contugi, para que informen lo siguiente:
1 ¿Ha tenido algún tipo de intervención directa o indirecta en las conversaciones, negociaciones o acuerdos relacionados con la adquisición y utilización del programa Pegasus por parte del Gobierno Nacional o alguna de sus instituciones, de cualquier institución adscrita al mismo o con la intervención de cualquier empresa pública o privada? De ser así, ¿quiénes más participaron en dichos procesos?
2 ¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento, los montos, las fechas y las modalidades de pago asociadas con la compra, alquiler para la adquisición y utilización del programa Pegasus?
3 “Más allá de que la ignorancia de la ley, no excusa a persona alguna”, ¿sabe usted que el uso del programa para espiar o perseguir a periodistas, opositores políticos u otros ciudadanos vulnera derechos protegidos por la Constitución y constituye una serie de delitos penados por el COIP?
Además, solicita que se oficie al embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid, para que informe sobre la intervención de su Gobierno en este caso, en caso de que exista alguna participación directa o indirecta en la utilización del software dentro del territorio ecuatoriano, lo que afectaría gravemente el orden jurídico nacional.
¿Qué es el programa Pegasus?
De acuerdo con información proveniente de la BBC de Londres, Pegasus es un software de espionaje sofisticado que se vende exclusivamente a gobiernos para monitorear actividades de organizaciones criminales y terroristas, señala el PSC en un comunicado.
No obstante, diversas fuentes y reportes han señalado que, presuntamente, el Gobierno de Ecuador podría estar utilizando este programa de manera ilícita para espiar a periodistas, opositores políticos, activistas y otras personas naturales o jurídicas.
Ese uso indebido, de confirmarse, constituiría una grave violación a los derechos fundamentales y a las garantías establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), agrega el PSC.
También, a criterio de esa bancada legislativa, la presunta intervención de las autoridades nacionales en la compra, arrendamiento o utilización del software para fines de persecución política o control social, vulneraría derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el debido proceso. Dichos hechos, en caso de ser ciertos, podrían constituir delitos de espionaje, abuso de poder, violación a la privacidad y violación de derechos humanos, entre otros.
El PSC cree que la Asamblea tiene el deber de garantizar, a través de sus competencias, la transparencia, protección de derechos humanos y el respeto al ordenamiento jurídico y asumir un rol fiscalizador activo en el esclarecimiento de estos hechos y convoque a comparecer a las autoridades responsables.
Correísmo: Se debería priorizar un sistema para el combate a la delincuencia
El correísmo ratificó la necesidad de solicitar información a las instituciones del Estado y se haga un análisis como parte de la tarea fiscalizadora. “De haberse adquirido este software involucra recursos públicos que estarían siendo mal utilizados para generar persecución a actores políticos contrarios al Gobierno o a quienes fiscalizamos al Gobierno”, dijo Blasco Luna (RC), tras sostener que se debería priorizar un sistema para el combate a la delincuencia.
Pedro Velasco (Independiente) señaló que el tema debe ser investigado con objetividad, pero espera que, por el bien del país, el análisis se realice sobre bases reales y no implique proyección política porque muchos sectores, en víspera de elecciones, “buscan posicionar ciertas ideas sin que hayan sido demostradas por lo que habrá que ver las evidencias”, dijo, tras sostener que la comisiones que se crean en la Asamblea para analizar ciertos temas tiene una “fuerte carga política”. (SC)
ADN: Son acciones que se impulsan en medio de la campaña electoral
Al oficialismo en la Asamblea no le inquieta las posiciones asumidas por las bancadas detractoras, y considera que son acciones impulsadas en medio de la efervescencia electoral, por la cercanía de la campaña para los comicios generales de febrero de 2025.
Nathaly Farinango, de las filas de Acción Democrática Nacional (ADN), indicó que todo proceso de fiscalización que se desarrolle dentro del ámbito de las competencias del Legislativo será apoyado. “Hay que ver a qué le temen; creo que los requerimientos de información siempre tienen doble sentido, el Gobierno ha dado muestras de que no le interesa perseguir a nadie, y se ha vivido un ambiente democrático desde que se han enviado los proyectos urgentes”.
Consideró que, si estos sectores políticos tienen pruebas del presunto espionaje, deberían ser denunciados en la Fiscalía. Atribuyó estos hechos a la cercanía de la campaña y porque el presidente de la República, Daniel Noboa, es al momento el candidato con mayores opciones de triunfo, y buscan desprestigiar su imagen.
Blasco Luna refutó a Farinango. “Qué podemos esperar del Gobierno que vive en su burbuja del 2% que representa a la oligarquía; si hay transparencia no se debe tener miedo a la fiscalización”, subrayó y pidió que se presente la documentación de que no se ha hecho acciones de espionaje y persecución.
Diario La Hora