La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) Elena Nájera solicitó la renuncia a Diana Atamaint del cargo de presidenta del organismo que lleva adelante el proceso electoral previsto para el 9 de febrero de 2024.
La razón que llevó a Nájera a pedir este sábado, 14 de diciembre, la renuncia a Atamaint, según una carta difundida en sus redes sociales, es porque la presidenta del CNE no garantiza de ninguna manera la transparencia de las elecciones generales de 2025.
La consejera cuestionó a Diana Atamaint por llamar a violar la ley en las próximas elecciones, lo cual constituye un incumplimiento de funciones, y para respaldar su acusación citó las expresiones realizadas sobre la obligación que tienen los candidatos que aspiran a la reelección.
Se refiere a lo señalado por Atamaint cuando aseguró que “de abrirse paso a que el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, no se acoja a la licencia sin sueldo para participar en la campaña electoral en la que busca ser electo para el periodo 2025-2029 como presidente, también lo harían los candidatos a la Asamblea Nacional”.
Lo dicho por la presidenta del CNE, según la consejera Elena Nájera, es inaceptable y paradójico, ya que la máxima representante del Estado en la Función Electoral intenta abrir espacio a la ilegalidad colectiva de todos los candidatos que, estando en funciones tanto en la Presidencia de la República como en la Asamblea Nacional, aspiran a permanecer en sus cargos durante este proceso electoral.
“Señora presidenta, usted está en su puesto no para complacer ni para quedar bien con un candidato en particular o con un sector de los candidatos, sino para cumplir y hacer cumplir la ley”, refutó Nájera, quien reiteró el pedido hecho el 10 de diciembre pasado, instando a que renuncie al cargo y que se exima de dar declaraciones que deliberadamente pretenden confundir a la opinión pública.
La consejera Nájera sostuvo que resulta inaudito e inadmisible escuchar que la máxima autoridad electoral llame a incumplir el principio esencial del Estado de derecho, como el de la seguridad jurídica, que se fundamenta en el respeto a la Constitución de la República y a la existencia de normas jurídicas, previas, claras y públicas. (I)