Con 77 votos a favor, la Asamblea Nacional dispuso a la coordinación jurídica presentar de forma inmediata de una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto ley de la ley orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, y a su vez solicitar la suspensión de los efectos de dicho decreto.
La legislatura de esa forma rechazó la decisión de la Presidencia de la República respecto a la promulgación vía decreto de la ley denominada “antipillos”, porque a criterio de los asambleístas incumplió lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución, ya que dentro del plazo de 30 días el pleno de la Asamblea se pronunció con la negativa y el archivo del referido proyecto.
La moción presentada por el asambleísta Christian Vega de la bancada Revolución Ciudadana (RC), además exhorta a la Corte Constitucional para que de tratamiento prioritario e inmediato a la demanda de inconstitucionalidad que presentará la Asamblea Nacional, y con ello exista un pronunciamiento formal respecto al decreto ley promulgado por la Presidencia de la República.
Texto de la resolución
- Artículo 1.- RECHAZAR la decisión de la Presidencia de la República respecto a la promulgación del Decreto Ley de la Ley Orgánica para la mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, al incumplir lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador, ya que, dentro del plazo de 30 días el Pleno de la Asamblea Nacional expresamente se pronunció con la negativa y archivo del referido proyecto de ley.
- Artículo 2.- RATIFICAR la inexistencia jurídica del Decreto Ley de la Ley Orgánica para la mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, por cuanto, dentro del plazo de 30 días el Pleno de la Asamblea Nacional expresamente se pronunció con la negativa y archivo.
- Artículo 3.- DISPONER a la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional la inmediata presentación de la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto ley de la Ley Orgánica para la mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, y a su vez solicitar la suspensión de los efectos de dicho decreto ley, a fin de que los ecuatorianos no paguen más impuestos que afectan directamente a una economía que ya se encuentra debilitada por las múltiples crisis que vive el Ecuador.
- Artículo 4.- EXHORTAR a la Corte Constitucional del Ecuador para que, de tratamiento prioritario e inmediato a la demanda de inconstitucionalidad que presentará la Asamblea Nacional, y con ello exista un pronunciamiento formal respecto al decreto ley promulgado por la Presidencia de la República.
- Artículo 5.- RECORDAR a los funcionarios públicos que quién ejecute y pretenda hacer cumplir una norma no vigente será civil, administrativa y penalmente responsable por sus actuaciones.
- Artículo 6.- RATIFICAR la posición de la Asamblea Nacional en defensa de los ecuatorianos respecto la implementación de nuevos impuestos mediante el decreto ley, sin tomar en cuenta que la ciudadanía ecuatoriana ya vive actualmente una crisis económica agudizada por la crisis energética, con grandes pérdidas económicas. El decreto ley promulgado busca imponer nuevas cargas tributarias a los ecuatorianos sin justificación alguna, mismo que el Pleno de la Asamblea Nacional lo negó y archivó contundentemente, ratificando el compromiso de la función legislativa con los ecuatorianos a fin de precautelar sus derechos.
- Artículo 7.- NOTIFICAR a través de la Secretaria General con el contenido de la presente resolución a la Corte Constitucional del Ecuador, Registro Oficial del Ecuador, Servicio de Rentas Internas y al Presidente de la República, Daniel Noboa Azin. (I)
Fuente: El Universo
