Hasta el miércoles 11 de diciembre se podrá impugnar a los nueve candidatos a ser jueces de la Corte Constitucional (CC) por las causales de falta de probidad, ética, incumplimiento de requisitos para ocupar un cargo público. Y, por el momento, solo se ha presentado un escrito en contra de la postulante Angélica Porras Velasco.
La Comisión Calificadora para elegir a tres jueces del máximo órgano de control constitucional de Ecuador, que se enfrenta a su segunda renovación parcial, cerrará la etapa de impugnaciones a los nueve candidatos este 11 de diciembre, antes de pasar a la calificación de méritos y la prueba escrita y oral.
La abogada Mónica Jaramillo, del Observatorio de Control Ciudadano, objetó la postulación de Angélica Porras, quien fue propuesta para ocupar esta Judicatura por la Asamblea Nacional de una moción propuesta por Pierina Correa, hermana del expresidente de la República Rafael Correa, sentenciado por hechos de corrupción, aunque vive en Bélgica desde el 2017.
Se la observa porque mantendría vínculos políticos con el “correísmo”, en referencia al movimiento Revolución Ciudadana (RC); porque ha ejercido la defensa de personas “controversiales”, como el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado por un delito sexual.
También por tener “opiniones que reflejan parcialidad política”; posible conflicto de intereses; falta de independencia judicial; adicionalmente, menciona la denuncia por violencia política de género que enfrenta en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la que fue sentenciada en primera instancia y en la que se menciona “discriminación racial” por expresiones en contra de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar Méndez.
Al cierre del plazo, los miembros de la Comisión analizarán si admiten o no esta objeción.
Mientras tanto, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad el instructivo que servirá para aplicar el examen escrito y oral.
El primer paso será solicitar a las facultades de jurisprudencia que deleguen un profesor de derecho constitucional cada una, quienes harán las preguntas y los casos prácticos.
Aunque no se define cuántos docentes participarán, a cada uno se le pedirá que haga un mínimo de 30 y un máximo de 40 preguntas o casos prácticos sobre los temas o materias que se les asigne.
Tendrán un término de cinco días para hacerlas y las enviarán a un correo electrónico que creó la Comisión en formato PDF; y se les hará firmar un protocolo de confidencialidad para que mantengan sigilo de los documentos.
Los temas que se tratarán son los siguientes: la Constitución; la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; garantías jurisdiccionales; reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional; precedentes jurisprudenciales y sentencias de la Corte; sistemas de protección de derechos humanos.
Los comisionados advierten que los cuestionarios no deben inducir al error o confusión, porque se corregirán o eliminarán del banco de preguntas definitivo.
En el caso de que los catedráticos no envíen las preguntas y casos prácticos, la Comisión los hará.
El banco de preguntas y casos prácticos sin las respuestas se pondrá en conocimiento de los candidatos “directamente a su correo electrónico” con cinco días de anticipación a la fecha que se fije para el examen práctico.
Paralelamente, la secretaria de la Comisión, funcionaria de la Asamblea Nacional y su delegada ante instancia, Laura Flores, creará un archivo digital del banco de preguntas y casos prácticos con las respuestas. Estas se mantendrían en reserva “hasta el momento de la calificación del examen escrito de los candidatos”.
Según el instructivo, ese archivo digital día se pondrá “en conocimiento de los comisionados para que pueda servir de guía para evaluar las contestaciones de los candidatos”.
De cada banco de preguntas o casos prácticos se asignará a cada postulante siete temas y cada uno será calificado hasta con cinco puntos. El examen escrito durará hasta cuatro horas.
El reglamento que guía este concurso de méritos y oposición establece que por los méritos se puntuará hasta 30 puntos; el examen escrito 35 puntos; y el práctico 35 puntos, los que en su conjunto suman 100.
En el caso de que los concursantes se sientan afectados por su calificación, podrán plantear recursos de revisión que se resolverán por los comisionados por votación de mayoría o, de lo contrario, el presidente aplicará el voto dirimente.
Esta instancia la integran seis personas delegadas de tres funciones del Estado: Juan Izquierdo, presidente y delegado de la Función de Transparencia junto con Danilo Sylva; los delegados del presidente de la República, Daniel Noboa, César Drouet y Fernando Yávar, este último abogado personal del mandatario; Sonia García y Laura Flores, enviadas por la Asamblea Nacional.
Flores es secretaria de la Comisión y funcionaria del Legislativo.
La Comisión Calificadora prevé tener electos a tres nuevos jueces entre febrero y abril.
Fuente: El Universo
ra