Pese a la existencia de la disposición constitucional que permite la participación complementaria de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y que la Corte Constitucional (CC) pidió tomar otras acciones en contra de la inseguridad, el gobierno de Daniel Noboa insistió en renovar un estado de excepción alegando grave conmoción interna.
Este 2 de diciembre de 2024, el mandatario Daniel Noboa Azín suscribió el Decreto Ejecutivo 469 con el que renovó el estado de excepción por 30 días en seis provincias y dos cantones por grave conmoción interna.
En este tiempo están suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio, que se refiere exclusivamente realizar allanamientos; el derecho a la inviolabilidad de correspondencia; y, del derecho a la libertad de tránsito, desde las 22:00 hasta las 05:00 en Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Orellana y Santa Elena; y los cantones de Quito en Pichincha y Camilo Ponce Enríquez en Azuay.
La medida se desprende de un primer decreto, el 410 emitido el 3 de octubre pasado, y que fue observado por los jueces de la Corte Constitucional, en cuyo dictamen le pidieron que use esta política cuando la situación lo requiera; mientras tanto, que tome las medidas previstas en el régimen ordinario para combatir la violencia.
Lo exhortó a enfrentar la “grave situación de inseguridad con visión institucional de largo plazo, con soluciones estructurales de carácter legislativo y de política pública sostenida en el tiempo”.
No obstante, Noboa se inclinó por esta renovación que, al culminar el 2024, serán 90 días de estado de excepción.
La catedrática especializada en seguridad ciudadana, Michelle Maffei, cree que el Gobierno está encasillado en que la forma de combatir el crimen organizado es militarizando el país. Pero, “lo peor que se puede hacer en este tipo de problemas sociales es aplicar solo estrategias militares”.
A su criterio, mantener durante los últimos once meses la militarización en el país ha sido “una medida parche: contuvieron la violencia por un tiempo, pero lo que hace el crimen organizado es que, si tengo más policías en la calle, tengo que innovar y adaptarme a las nuevas formas para seguir ‘con mi emprendimiento’. El crimen organizado se está adaptando a este ambiente que está más coercitivo, y no descartaría que se pudieron adaptar a las nuevas dinámicas”, explicó la docente.
Para Maffei, el Estado ecuatoriano “está generalizando el crimen organizado y no lo ve como un problema simétrico, sino como un problema tradicional con una respuesta tradicional, que es la hipermilitarización”.
Ejemplifica que esta medida llegó a su tope, porque hay un poco más de tranquilidad en las cárceles; porque ha bajado la curva de homicidios un 18 %, “que es una cifra paupérrima”, y, lo lamentable, añadió, es que “las únicas instituciones que están haciendo algo, bien o mal, son la Policía y las Fuerzas Armadas”, en tanto, no hay políticas robustas.
Por su lado, el Gobierno a través de su bloque de seguridad, conformado por la Policía y Fuerzas Armadas, informó este martes, 3 de diciembre, que durante los estados de excepción se produjeron 305.000 operativos para contener al crimen organizado.
Datos oficiales refieren que con su intervención se han reducido los homicidios intencionales en un 17 %, que equivalen a 6.226; esto, a diferencia de que en el 2023 se registraron 7.499 homicidios intencionales.
Sin embargo, la CC hizo un llamado al régimen en su último dictamen de constitucionalidad del estado de excepción dictado en octubre pasado para que detenga esta acción y le recordó que hasta el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) observó al Estado en el informe Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Ecuador.
“El Comité expresa su profunda preocupación por la frecuencia con que el Estado parte ha declarado estados de excepción y suspendido algunos de los derechos consagrados en el Pacto (de derechos humanos), así como la aparente normalización de los estados de excepción a nivel nacional y local, teniendo en cuenta que las suspensiones solo deben ocurrir en situaciones verdaderamente excepcionales”, cita el informe internacional.
En esa línea, la CC recalcó a Noboa “una vez más, que revea su política en cuanto a la emisión de estados de excepción. Debe procurar encontrar soluciones empleando todas las herramientas con las que cuenta en el régimen ordinario”.
Pero además de estas observaciones, el Palacio de Gobierno puede apelar al artículo 158 de la Constitución que se reformó mediante un referéndum en abril pasado y para el que no requiere usar el estado de excepción.
El expresidente Guillermo Lasso Mendoza impulsó esta reforma que se aprobó el 21 de abril y que permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Policía Nacional en la seguridad interna.
El constitucionalista André Benavides consideró que Noboa no la usa porque ese es el “camino más difícil” porque requiere de informes de varias de las instituciones que son parte del frente de seguridad.
Por ejemplo, el presidente requiere que haya una solicitud previa del comandante de la Policía Nacional para convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública y hacer un informe motivado que establezca la pertinencia y casos por los que se requiere de las Fuerzas Armadas.
De su parte, Ismael Quintana, constitucionalista, recordó que la Corte Constitucional le ha dicho a los últimos tres gobiernos (Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa) que el uso de los estados de excepción para combatir la delincuencia y el crimen organizado, no debe ser usada y que requieren de políticas a largo plazo.
Según Quintana, el Gobierno tiene a su mano la ley orgánica de uso progresivo de la fuerza que permite el empleo gradual de la fuerza sin necesidad de un estado de excepción y, además, está la reforma constitucional que “no se para qué la aprobamos”.
En todo caso, el constitucionalista no descarta que se usen los estados de excepción para poder acogerse al artículo 140 de la carta magna que le permite al Ejecutivo enviar proyectos de ley económica de carácter urgente a la Asamblea Nacional. (I)
Diario El Universo