El mandatario Daniel Noboa, en dos ocasiones, ha decretado modificaciones al Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. Pero la reforma sobre los medios de comunicación con capital extranjero a encendido todas las alarmas.
El Presidente decretó otro cambio el 19 de noviembre, en el Decreto 461, en donde determina que “podrán ser accionistas o socios de medios de comunicación nacionales y participar en proceso público competitivo y equitativo de frecuencias, las compañías o ciudadanos extranjeros de países que hayan suscrito acuerdos comerciales con el Ecuador”.
Este texto es peligroso a criterio del periodista Emilio Palacio. En su columna en este Diario, explicó que Ecuador mantiene acuerdos comerciales con Rusia, Cuba e Irán, por lo que no descarta que en Ecuador podría instalarse una sucursal de RT (el canal ruso) o de Telesur (el canal cubano-venezolano). “Llegarán con la consigna de promover en el Ecuador la elección de un presidente amigo”, sospecha.
A mediados de diciembre, sería la convocatoria para el proceso de adjudicación. Sin embargo, hay organizaciones que dudan del proceso y proyectan fallas por falta de transparencia.
Este Diario buscó el pronunciamiento de la Secretaría de Comunicación para conocer si existirán más cambios al Reglamento. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
César Ricaurte, director de Fundamedios, manifiesta preocupación ante la última reforma. “En lugar de liberalizar el mercado de los medios de comunicación, lo que crea en realidad es una distorsión porque está vigente la imposibilidad de que empresarios nacionales puedan invertir en medios de comunicación”, resalta.
Se refiere a una disposición contenida en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Aquí se determina que no podrán ser titulares, ni directa ni indirectamente, de acciones o participaciones de empresas, compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad comunicacional los accionistas de una empresa privada de comunicación de carácter nacional, que posean el 6% o más del paquete accionario con derecho a voto, entre otras especificaciones.
Es decir, Noboa con la reforma abre las posibilidades de inversionistas extranjeros y al mismo tiempo se mantiene la prohibición para que empresarios nacionales no inviertan en los medios, cuestiona. Pero este tipo de disposiciones que tienen nombre y apellido no es nuevo, según de Ricaurte.
Actualmente, “no hemos podido detectar si es que hay (algún) nombre y apellido detrás de esta reforma al Reglamento. Pero sí nos llama poderosamente la atención”, señala al recordar que el concurso se dará durante el desarrollo del proceso electoral.
Nicolás Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) Pichincha, coincide. Destaca que un reglamento no puede estar por encima de una ley ni de la Constitución. En el artículo 312 se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.
Falta de equilibrio e información sobre el concurso de frecuencias y acciones
Ricaurte dice que hace falta que el Gobierno dé a conocer el alcance del concurso. Vega también exige que la Arcotel informe sobre el catastro de frecuencias de radio y televisión que hay disponibles para ser adjudicadas.
Además, Vega pide que haya equilibrio en las reglas del juego tanto para inversionistas nacionales como extranjeros. “Falta conocer cuál es la reglamentación para el concurso. No puede haber sesgo en cómo se entregan esas frecuencias”.
Fundamedios aboga para que el Gobierno derogue la prohibición de que empresarios ecuatorianos inviertan en medios del país. También hará una veeduría al proceso de adjudicación para observar si se hallan irregularidades y por el impacto que podría tener en la libertad de expresión. AER no descarta interponer una acción de inconstitucionalidad si la reforma resulta contraria a la ley. Noboa debe decir “qué está buscando con esta apertura”, apunta Vega.
Francisco Rocha, analista político, considera que una posible contraposición entre Reglamento y Ley no es malo: “Lo malo es que a los ecuatorianos no les den el mismo tratamiento que a los extranjeros. Se ha dicho que es para beneficiar a alguien que ya está aquí, que tiene medios de comunicación”. Lo que se tiene que hacer es regular que todas las compañías tengan una oficina que los represente en Ecuador, con responsabilidades tributarias, recomienda.
Rocha estima que la inversión extranjera sería conveniente para los medios de comunicación de Ecuador porque tienen problemas. En los últimos 20 años se ha dado un movimiento sostenido para debilitarlos, añade.
Diario La Hora
