El correísmo está bajo la lupa del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), pues acumula denuncias por campaña anticipada de asambleístas en funciones, candidatos a futuros legisladores e indagaciones por infracciones por proselitismo, incurridas por vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El TCE ya admitió a trámite las denuncias en contra de Cabezas, Cuero y Berrezueta. Sobre el último, se conoció que la audiencia de alegatos se fijó para el 9 de enero de 2025.
Hasta el cierre de esta edición no trascendía el trámite en el TCE respecto de los casos de Ana Cecilia Herrera y Victoria Desintonio.
En una intervención este 26 de noviembre de 2024, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, afirmó que la denuncias en contra los legisladores se han presentado en un “Tribunal que está actuando como una oficina o una sede del Palacio de Carondelet”.
En el TCE se acercaría una resolución en el caso de la ‘Liga Azul’
La causa denominada ‘Liga Azul’, en la que son mencionados los vocales del Cpccs: Augusto Verduga, Yadira Saltos (principales), Vielka Párraga, y Eduardo Franco Loor (suplentes), sancionados el 3 de septiembre en primera instancia por infracción electoral “muy grave”, se podría dar una resolución.
El juez sustanciador de la causa en el TCE, Joaquín Viteri, dispuso la reanudación de los plazos procesales y convocó a los jueces que integran el Pleno del tribunal para resolver la excusa que fue presentada en septiembre por Guillermo Ortega para evitar conocer el caso.
Una vez que se instale la sesión (que aún no tiene fecha), los jueces también podrían pronunciarse sobre si ratifican o no la sentencia de primera instancia dictada por el juez Fernando Muñoz, quien sancionó a los cuatro vocales del Cpccs con destitución y pérdida de derechos políticos. (SC)
‘Es imperativo que el Cpccs se mantenga libre de intereses políticos’
La demora en el trámite llevó a la abogada Mónica Jaramillo a instar al juez Viteri a convocar a los jueces que conforman el Pleno del TCE para conocer la excusa presentada por Guillermo Ortega.
Para la profesional del Derecho, es “esencial” garantizar el cumplimiento de los plazos previstos en el Reglamento de Trámites del Tribunal, ya que cualquier retraso adicional podría menoscabar el derecho a una tutela judicial efectiva.
“Esto es particularmente relevante en una causa de alta sensibilidad, donde la transparencia, equidad y respeto al orden jurídico son imprescindibles para preservar la confianza ciudadana en la institución”, dijo Jaramillo en un escrito enviado a Joaquín Viteri.
Además, señaló que los “sentenciados” que actualmente ejercen como consejeros principales y suplentes del Cpccs asumieron dichos cargos en contravención a la normativa electoral.
“Su participación en actos proselitistas junto al prófugo de la justicia, exmandatario y líder político de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, compromete la independencia institucional del Cpccs”, afirmó.
Agregó que controlar y sancionar estas irregularidades recae en la responsabilidad del TCE, institución cuya actuación en esta causa es observada con detenimiento por la ciudadanía.
Por ello, consideró que es imperativo que el Cpccs, por la naturaleza de sus funciones, se mantenga libre de influencias o intereses políticos que pongan en riesgo el sistema democrático y republicano.
“La falta de una resolución oportuna en esta causa podría interpretarse como una omisión que ampara a quienes accedieron ilegítimamente a sus cargos, mediante prácticas que afectan la transparencia electoral y el derecho de los ciudadanos a procesos libres y justos”, subrayó Jaramillo.
La abogada reiteró el llamado a fortalecer la independencia de las funciones del Estado, evitando cualquier percepción de interferencia entre ellas, particularmente en el ámbito electoral, señaló, y opinó que, resolver con celeridad y objetividad esta causa será una contribución al fortalecimiento del sistema democrático y a la restauración de la confianza ciudadana en las instituciones.
Diario La Hora
