La sequía que azota a gran parte de Ecuador, y en especial a la provincia de Cotopaxi, ha encendido alertas entre los sectores indígenas, campesinos y las autoridades de ese territorio.
La Escuela de Aviación del aeropuerto de Latacunga anunció la suspensión de sus actividades hasta el 15 de diciembre de 2024.
Así lo informó el gobernador Nelson Sánchez mediante un comunicado, destacando que la medida busca atender las inquietudes de la población y realizar un análisis exhaustivo sobre las operaciones aéreas.
Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, mencionó que la supuesta intervención de las avionetas para que no llueva deberá ser investigada, y que es la Fiscalía quien debe realizar este trabajo.
“Para nosotros es fundamental saber qué mismo hacen las avionetas. Ya se ha posesionado en la gente la idea de que son las avionetas las que no permiten llover», dijo Lourdes Tibán.
La Dirección de Aviación Civil del Ecuador debería suspender temporalmente el vuelo de las avionetas para ver qué sucede, mínimo un año calendario. Si durante ese tiempo las lluvias regresan, entonces podemos sacar conclusiones. Pero si se suspenden las avionetas y no llueve, la gente tiene que entender que debemos dar otro paso, haciendo mingas, retirando plásticos de los ecosistemas y sembrando árboles para ayudar a la naturaleza”, agregó la prefecta.
Tibán también señaló que ya se habían retirado cañones antigranizo desde 2009 en varias haciendas brocoleras.
Sin embargo, cuestionó si todavía existen más cañones que alteren el rumbo de las lluvias, por lo que se ha presentado una denuncia en Fiscalía para investigar tanto los cañones como las avionetas y determinar si realmente interfieren en las precipitaciones.
Vigilia por el agua
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que lideró una multitudinaria marcha el pasado 15 de noviembre, también sostiene que las avionetas deben dejar de volar durante un año, denunciando que estas actividades podrían estar alterando el ciclo hídrico de la provincia.
Mientras la vigilia de los agricultores continuará el próximo lunes 25 de noviembre en las brocoleras de Pujilí.
Allí, organizaciones de segundo grado del MICC tomaron, la semana anterior, las haciendas en protesta por la presunta utilización de cañones antigranizo.
Por su parte, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), recordó que entre 2009 y 2012 ya se habían denunciado casos de cañones antigranizo utilizados por empresas agrícolas para evitar lluvias.
Según Iza, estos dispositivos tienen efectos devastadores en las zonas rurales que dependen de las precipitaciones para la agricultura y ganadería.
Pedido de equidad
La protesta también se centra en la inequidad en el acceso al agua. José Tocumbe, presidente encargado del MICC, denunció que las empresas brocoleras acaparan los recursos hídricos, mientras que los campesinos enfrentan graves limitaciones para regar sus cultivos.
Cuatro haciendas brocoleras en Pujilí permanecen bajo control de los manifestantes, quienes acusan a estas empresas de continuar utilizando tecnología para manipular las lluvias.
Los comuneros recuerdan que, en 2012, se decomisaron cañones antigranizo en Galpón, Salcedo, los cuales aún se encuentran bajo custodia comunitaria.
En medio del conflicto, representantes de organizaciones campesinas han solicitado que se declare la emergencia provincial por la sequía.
Víctor Tercero, de la Federación de Comunidades y Organizaciones de Salcedo, reiteró que esta medida es urgente para garantizar recursos y atención a los sectores más afectados, especialmente el ganadero.
“La sequía no es solo un problema climático; es un reflejo de la falta de políticas que prioricen las necesidades del campo”, sostuvo.
Mientras esperan los resultados de las investigaciones, la incertidumbre persiste y las tensiones aumentan en los cantones de Cotopaxi por el fuerte estiaje.
Fuente: Primicias
