Comisión analiza propuesta sobre expulsión del territorio ecuatoriano a personas que cometieron delitos graves

En el marco del análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió al viceministro de Relaciones Exteriores (e), Saúl Pacurucu, quien estuvo acompañado de Jaime Bejarano, analista de la subsecretaría de la Comunidad Ecuatoriana Migrante y Nathaly Ramírez, analista de la subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares.

La reforma se refiere a la expulsión del territorio ecuatoriano a personas que cometieron delitos graves, modificación propuesta al artículo 147 de la ley.

Durante su intervención, el viceministro expresó que la Cancillería está de acuerdo con el objetivo general de la reforma que busca garantizar mayor seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, señaló que, tras un análisis detallado de la propuesta, se identificó que la misma limita el alcance de las personas que pueden ser expulsadas, dado que solo hace referencia a una lista específica, lo cual podría restringir la aplicación de la reforma.

Así mismo, Pacurucu destacó que la propuesta de reforma no se ajusta al artículo 61 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de hasta 10 años, mientras que la reforma se refiere a una pena de 15 años.

En este sentido, subrayó la importancia de que, si el objetivo principal es mejorar la seguridad ciudadana, la reforma debe considerar la participación de otros ministerios, como el Ministerio del Interior, responsable de la seguridad migratoria. Además, sugirió que se analicen otras normativas y artículos relacionados con el tema, en coordinación con los organismos competentes, para garantizar la efectividad y coherencia de la reforma.

Por último, el presidente de la Comisión, Jonathan Parra informó que se convocará oportunamente a un penalista para abordar más a fondo los aspectos legales de la reforma propuesta por el asambleísta Camilo Salinas, ya que advirtió que la reforma no modifica el COIP, lo que podría generar un problema de inseguridad jurídica y destacó la necesidad de un análisis exhaustivo para encontrar la mejor solución.

MEV

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