La Comisión de Educación recibió a Jaime Medina, viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, a fin de conocer sus acciones para garantizar la educación para niñas, niños y adolescentes (NNA) con espectro autista y necesidades educativas específicas.
Antes de iniciar, la autoridad presentó un panorama general de la situación en el que detalló que el Sistema Nacional de Educación cuenta con 50 676 estudiantes en condición de discapacidad registrados, tanto en unidades de educación especializada, como formal, a nivel nacional.
En este marco, indico que, “desde mayo del 2024, se han realizado 36 talleres para la inclusión educativa, con la participación de la academia, federaciones de discapacidades, representantes de estudiantes en esta condición, CONADIS y Ministerio de Salud, con la finalidad de generar un acuerdo ministerial que permita aplicar la política pública en los territorios”.
“La propuesta del Acuerdo Ministerial de Inclusión Educativa determina procedimientos para implementar pruebas de admisión para el perfil pedagógico específico, así como protocolos de evaluación adaptados a la discapacidad, fortalecimiento de la corresponsabilidad familiar, entre otros”, detalló.
Por último, informó que existen Unidades de Apoyo a la Inclusión implementadas en los 140 distritos educativos, con un total de 575 docentes de apoyo pedagógico, que han brindado atención a 29 487 estudiantes hasta la fecha.
La legisladora Ana María Raffo advirtió que las medidas tomadas no significarán un avance real si no cuentan con un presupuesto adecuado para su ejecución, por lo que solicitó al compareciente remitir a la comisión un cronograma de aplicación del Acuerdo, tanto como su financiamiento estimado.
Por último, la asambleísta Jahiren Noriega recordó que la ministra del ramo, Alegría Crespo, asumió el compromiso de emitir este Acuerdo Ministerial en 30 días, el pasado 18 de septiembre, mismo que ha incumplido.
En otro orden, la comisión conoció la iniciativa de reforma a la LOES, iniciativa de los asambleístas Cristhian Vega y Eduardo Valle.
Los proponentes indicaron que el proyecto promueve la democratización de la elección de autoridades, así como la representatividad estudiantil en los procesos de gobernanza universitaria, la recategorización docente, entre otros temas.
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