El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó el primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte, propuesta normativa de la asambleísta Viviana Veloz, el cual busca regular el permiso de operación de maquinaria de construcción y de tractores agrícolas.
El informe analizado por la Comisión de Gobiernos Autónomos detalla que reformar los artículos 86, 94 y 96 de la ley vigente tendrá un impacto en la eficiencia y protección de los derechos de los operarios y, a su vez, de los sectores productivos clave del país, como la agricultura y la construcción.
La asambleísta Victoria Desintonio, presidenta de la mesa legislativa y ponente del informe, manifestó que “la maquinaria diseñada para operar no puede ser regulada como si fuera un transporte terrestre, por lo que las licencias especiales para el sector deben otorgarse sin el requisito previo de la obtención de la licencia tipo C”.
“Este requisito puede ser innecesario, por lo que es necesario establecer una categoría especial de licencias tipo G para el manejo de vehículos destinados al proceso agrícola y de la construcción”, señala el documento.
Sobre la propuesta de eliminar la obligatoriedad de registro de esta maquinaria en el Registro Nacional de Transporte, la legisladora puntualizó que, “no tiene la misma funcionalidad que la de vehículos de transporte terrestre y están diseñados para operaciones en espacios limitados como campos agrícolas o sitios de construcción, no para transitar en vías públicas de forma regular”.
Durante el debate participaron cinco asambleístas, entre ellos Gabriel Bedón, quien solicitó reconsiderar la obtención de la licencia tipo C, al menos dos años antes de obtener la licencia de operador de equipos camineros, para asegurar la mejor técnica de conducción de las y los operarios.
De su lado, Mariana Yumbay sugirió que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todas las reformas a la Ley de Transporte sean tratadas de forma unificada, a fin evitar la dispersión normativa.
Una vez concluido el análisis, Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea, quien dirigió la sesión, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Gobiernos Autónomos para el estudio y elaboración del informe para segundo debate.
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