En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se sigue dilatando el trámite para resolver, en última instancia, una denuncia presentada el 24 de junio de 2024 en contra de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) cercanos al correísmo por una presunta infracción electoral “muy grave”.
Detalló que el Pleno del TCE debía resolver una excusa que fue presentada el 23 de septiembre por el juez Guillermo Ortega para conocer y resolver un recurso de apelación que interpuso la defensa de los vocales a una resolución, dictada por el juez Fernando Muñoz, con la que sancionó a los consejeros con destitución y pérdida de derechos políticos.
La decisión de Guillermo Ortega de apartarse del caso debía ser conocida y resuelta en una sesión del Pleno del TCE, pero del cual, el juez Ángel Torres también se excusó de participar.
Después de las demoras en el trámite, el Pleno del TCE sesionó este 19 de noviembre 2024, y aceptó la excusa de Torres, quien quedó apartado del conocimiento de la causa de la ‘Liga Azul’.
Tras esta decisión, el TCE deberá volver a instalarse en una nueva plenaria (que aún no hay fecha) para avocar conocimiento y evacuar la primera excusa incorporada por Guillermo Ortega el 23 de septiembre, explicó la abogada Mónica Jaramillo, otra de las denunciantes de los vocales del Cpccs.
Jaramillo pidió al TCE celeridad en el proceso. Ella calcula que hasta fines de diciembre podría quedar conformado el Pleno definitivo (con conjueces que reemplacen a los jueces que se excusaron) para resolver, en segunda y definitiva instancia, el fallo de Fernando Muñoz.
“Esperamos que se ratifique la sentencia de primera instancia”, afirmó Jaramillo, quien pidió que la causa no sea vista como un termómetro político por el proceso electoral de 2025.
Santiago Becdach opinó que se estarían utilizando “argucias” para dilatar una resolución.
“A mí me parece que esta es una estrategia para hacer el juego a la agenda de impunidad del correísmo, porque los consejeros de la Liga Azul siguen sentados y pegados con chicle en sus puestos, pese a que hay una sentencia de primera instancia del juez Muñoz que sancionó a los vocales”, dijo.
A Becdach le llama la atención que el Pleno del TCE se convoque para conocer primero la excusa del juez Ángel Torres y posteriormente se deba convocar a otra plenaria para resolver la excusa de Ortega. (SC)
La primera decisión contra la Liga Azul
El 3 de septiembre de 2024, Fernando Muñoz sancionó, con una resolución de primera instancia, a Augusto Verduga, Yadira Saltos, Vielka Párraga, por haber incurrido en una infracción electoral muy grave.
A Verduga y Saltos les sancionó con el pago de una multa de setenta salarios básicos unificados, la destitución del cargo como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y la suspensión de sus derechos políticos por 4 años.
A Párraga y Franco Loor les impuso la sanción con el pago de setenta salarios básicos unificados, la exclusión del listado de dignidades como consejeros y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
Pamela Troya y Santiago Becdach, excandidatos al Cpccs, denunciaron a los vocales del organismo en el TCE por una infracción de promoción electoral (para la elección de los consejeros en febrero de 2023), al ser impulsada por el movimiento Revolución Ciudadana.
Señalaron que los ahora vocales del Cpccs, incurrieron en una infracción electoral grave por no cumplir con la normativa vigente
Troya y Becdach se refieren a que la Ley Orgánica del Cpccs dispone que los candidatos a ocupar una vocalía en el Consejo Ciudadano no pueden pertenecer, ni ser auspiciados o promovidos por organizaciones políticas.
Diario La Hora
