Contraloría ejecuta siete acciones de control a decisiones del CNE entre 2019 y 2024

En un documento de la Contraloría General del Estado (CGE) se detalla la realización de alrededor de 15 exámenes especiales de auditoría (la mayoría a partir de 2018) al Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint. Actualmente se ejecutan siete acciones de control a decisiones tomadas por el organismo de control electoral y sus delegaciones provinciales entre 2019 y 2024.

 

En un documento remitido por la Contraloría el 14 de noviembre de 2024, en respuesta a un pedido realizado por presidente del Frente Nacional por un nuevo IESS, Henry Llanes,para que realice un examen especial a la gestión y manejo de recursos públicos del CNE, desde el 20 de noviembre 2018 hasta el 20 de noviembre 2024, se detalla la ejecución de varias acciones de control:

 

  1. A las operaciones administrativas y financieras entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2024 de la delegación electoral de Zamora Chinchipe.
  2. A los subsistemas de clasificación de puestos, reclutamiento y selección de personal, formación, capacitación y gastos en personal, en el periodo del 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2023 en la delegación de Manabí.
  3. A las operaciones administrativas y financieras entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2024 a la delegación electoral de Carchi.
  4. Al proceso de entrega del Fondo Partidario Permanente al partido Avanza y al Movimiento Alianza PAIS, en el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023.
  5. Acción de control a la solicitud, autorización, registro, pago y liquidación de viáticos y pasajes al interior y exterior, así como a los viáticos por gastos de residencia entre el 18 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
  6. A las operaciones administrativas financieras y al control y verificación de la constancia de presentación de la declaración patrimonial jurada, como requisito previo a la entrega de credenciales y posesión de los servidores públicos de elección popular, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2024, de la delegación de Morona Santiago.
  7. Examen especial a la presentación del informe de rendición de cuentas de 2021, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, de la delegación electoral de Carchi.

Adicionalmente, a solicitud de Llanes, la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central de la Contraloría, efectuará un examen especial a las declaraciones patrimoniales presentadas por los consejeros del CNE. Llanes anticipó que también solicitará a la Contraloría el inicio de dos exámenes sobre el presunto incumplimiento del CNE relacionadas con las reformas a la Ley de Seguridad Social.

Llanes se refiere a que, entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, el CNE debía, mediante la conformación de colegios electorales, elegir al representante de los afiliados y jubilados y los representantes de los empleadores. “Esto no lo hizo, a pesar de que la Asamblea Nacional le señaló plazos e incluyó cuatro transitorias a las reformas a la Ley de la Seguridad Social para que emita un reglamento de organización del proceso. Además, un reglamento para establecer requisitos, plazos y para la convocatoria”.

 

La administración de Atamaint también debía organizar comicios para que más de 3 millones de afiliados y pensionistas puedan elegir a su representante ante el Consejo Directivo del IESS y, adicionalmente, unos 490.700 empleadores (del sector público y privado) elijan a su delegado en el sector. Estas disposiciones están dentro de la nueva Ley de Reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), que aprobó la Asamblea Nacional y fue publicada en el Registro Oficial el 22 de julio de 2024. Antes de que se aprobara la reforma, los delegados del IESS se designaban por colegios electorales, representados por delegados del Ejecutivo, empleadores y afiliados, explicó Llanes.

 

Los pedidos de Llanes se producen a pocos días de que concluya un periodo constitucional de seis años para el que fueron electos los vocales del CNE, quienes anunciaron que continuarán en sus cargos hasta que sean legalmente reemplazados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Pese a ello, en las últimas horas trascendió que los vocales suplentes, Cristina Kronfle, Mónica Noriega, José Merino y Andrés León, acudirán  al CNE el 20 de noviembre para asumir los cargos de consejeros principales.

“Si los vocales suplentes no asumen los cargos pueden ser objeto de acciones legales, incluso pueden ser glosados y la señora Atamaint y los consejeros actuales debe irse a su casa, porque el artículo 218 de la Constitución y el 24 del Código de la Democracia no establecen prórroga, y si no quieren ser objeto de acciones penales por usurpación de funciones”, dijo Llanes. (SC)

Diario La Hora

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