La renovación parcial del pleno de la Corte Constitucional (CC) preocupa a sectores de la sociedad civil que demandan transparencia y que se resuelvan casos pendientes antes de que se incorporen tres nuevos jueces.
Una comisión calificadora, integrada por seis personas delegadas de tres funciones del Estado, realiza un concurso de méritos, oposición e impugnación y escrutinio público para la elección de tres jueces de la Corte Constitucional para su segunda renovación parcial, que debería efectuarse en febrero del 2025.
La Constitución determina que las ternas de candidatos para ser jueces constitucionales (así como los miembros de la comisión calificadora) deben provenir de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social.
El proceso se encuentra en la fase de admisibilidad, que corresponde a observar que los nueve candidatos propuestos por estas instituciones cumplan los requisitos para ocupar un cargo público y que no estén incursos en prohibiciones.
Pero el transcurso de este proceso preocupa.
En un primer caso, la Función de Transparencia —que agrupa a nueve dependencias del Estado—, que tiene como presidente al titular de la Contraloría General, Mauricio Torres Maldonado, envió al presidente Daniel Noboa Azín un oficio en el que le detalla una queja que presentó el Colegio de Abogados de Pichincha.
Paúl Córdova, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, pidió a Torres que se analice un posible conflicto de intereses por la participación de Fernando Yávar Umpiérrez en la comisión calificadora, ya que actúa como abogado personal de Daniel Noboa y de miembros de su consejo de ministros, como de Mónica Palencia, ministra del Interior.
En un oficio enviado en octubre pasado, Córdova pidió a la Función de Transparencia y su presidente que se analice un posible conflicto de intereses de Yávar y lo que podría configurar un incumplimiento de disposiciones legales del comisionado.
“Al ser la autoridad que posesionó a los miembros de la comisión calificadora, le requerimos que solicite la excusa de Fernando Yávar por contravenir las inhabilidades e incompatibilidades exigidas” para ser comisionado, le expresó Córdova a Torres.
El 7 de noviembre, el contralor “puso en conocimiento la petición para el trámite que en ejercicio de sus atribuciones y competencias corresponde” al primer mandatario.
La alerta surge porque la Constitución establece que los comisionados, si bien son postulados por las funciones del Estado, deben provenir de “fuera de su seno” para evitar el conflicto de intereses y actuar con absoluta independencia para garantizar la transparencia, responsabilidad y control social en la selección de los jueces de la más alta corte del Ecuador.
La dirigente waorani Omanca hizo un llamado a los jueces para que se emita el dictamen, cuyo proyecto lo elaboró el juez Richard Ortiz porque “ya estaría listo”, dijo.
Silvana Nihua, presidenta de la Organización Waorani de Pastaza, reiteró que su presencia en Quito es para pedir el pronunciamiento de la Corte respecto de la aplicación de la consulta previa antes de la ejecución de proyectos extractivos.
“Nos sentimos amenazados porque el Gobierno alista la explotación petrolera en el bloque 22 de la Amazonía”, apuntó.
La organización no gubernamental Amazon Frontlines explicó que con la renovación parcial de la CC se dejaría sin emitir jurisprudencia obligatoria para garantizar el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre los proyectos públicos en sus territorios.
“Con la renovación parcial de la Corte, este proceso se prolongará dejando en el limbo legal los logros de nuestros pueblos. Exigimos una respuesta de la máxima corte del país sobre un asunto urgente como es garantizar una vida digna para los pueblos indígenas”, dijo Silvana Nihua.
En la víspera, la comisión calificadora pidió a cinco de los nueve candidatos a ser juez constitucional que completen documentación obligatoria de sus hojas de vida. (I)
Diario El Universo
