Como autores directos del delito de oferta de tráfico de influencias es como ubicó, la tarde de este jueves, en su dictamen acusatorio, el fiscal Leonardo Alarcón a Francisco Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P., hijo y asesor, respectivamente, de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
El dictamen de Alarcón se dio un día después de que la jueza anticorrupción Karol Zambrano decidió declarar la validez procesal de todo lo actuado hasta el momento dentro del caso denominado Nene.
En la audiencia pública, que se instaló la tarde de este 14 de noviembre de 2024, empezó a evacuarse la etapa preparatoria de juicio, en la que no solo se escuchará el dictamen fiscal, sino en qué consiste la acusación y cuáles son los elementos de prueba que mantiene la Fiscalía para pedir que ambos procesados sean llamados a juicio.
La jueza Zambrano, en la primera jornada de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Nene, decidió rechazar el vicio de nulidad expuesto por la defensa del exasesor de Abad, ante una supuesta violación de trámite por una presunta falta de notificación que no le permitió conocer a Daniel Lenín R. P. que se venía dando una investigación en la que era uno de los dos sospechosos.
El proceso penal del caso Nene arrancó el 22 de marzo pasado con la detención del abogado de 28 años Francisco Sebastián B. A., bajo cargos del delito de oferta de tráfico de influencias.
El fiscal Alarcón señaló en su acusación que la investigación giró en torno a la denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía General por Romel P., quien aseguraba que temía por su seguridad, pues luego de trabajar en una institución pública, la Vicepresidencia de la República, observó irregularidades.
El denunciante explicó que lo contactaron los dos hoy procesados para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio le pedían que del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, la víctima debía entregarles una buena parte de ese mensual.
Primero se le exigían $ 2.000 mensuales y luego de una “negociación” la cifra quedó en $ 1.500.
Romel P., quien actúa en la audiencia preparatoria de juicio en calidad de víctima, refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600, que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., al denunciante, lo habrían desvinculado del cargo en la Vicepresidencia.
En la sala de audiencias del Complejo Judicial Norte, en Quito, no se presentó ninguno de los dos acusados, únicamente participaron sus abogados defensores.
Para fundamentar su acusación, la Fiscalía inició la presentación de los elementos de convicción que mantiene para pedir que ambos sean llamados a juicio por el delito de oferta de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Alarcón anunció que la prueba que presentaría se ajusta a los dos procesados.
Oswaldo Trujillo, defensa del hijo de la vicepresidenta Abad, afirma que la Fiscalía General no tiene elementos de prueba que revelen la existencia material del delito de oferta de tráfico de influencias. Cree que indebidamente se le imputaron cargos a su cliente y que las acusaciones, más bien, tienen que ver con el ambiente político que existe en contra de su madre, Verónica Abad.
El abogado dijo estar claro en que la política no debería interferir en la administración de justicia, pero aun así casi está seguro de que existirá algún tipo de intervención.
“Ya hemos sido testigos, todo el país entero, de que se está secuestrando prácticamente la democracia y se está violando la Constitución para cometer atrocidades de beneficio propio. (…) Realmente no estoy seguro de que no llamarán a juicio al representado, porque aquí en Ecuador es el país de las sorpresas”, anotó Trujillo en esta jornada.
Fuente: El Universo
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