La último episodio de la crisis carcelaria —previo a la matanza de la Penitenciaría del Litoral el martes 12 de noviembre— ocurrió en enero de 2024. El presidente Daniel Noboa tenía un poco más de un mes en el cargo y en las prisiones empezaron los motines.
Decenas de guías penitenciario fueron retenidos, días después de que se confirmara la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, de la Cárcel Regional del Guayas.
Simultáneamente, en las calles aumentaron los asesinatos y TC Televisión fue objeto de un atentado. Noboa declaró un conflicto armado interno y dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) a las calles.
Pero, sobre todo, los militares debían actuar en las cárceles, a las que se denominaron como el centro de operaciones del narcoterrorismo. Los uniformados ingresaron con armas largas a las prisiones y doblegaron a los reos.
Imágenes de los presos semidesnudos y desarmados, al estilo del régimen de Nayib Bukele en El Salvador, coparon las redes sociales del Gobierno. La supuesta toma de control de las cárceles fueron, durante meses, el principal logro de la administración de Noboa.
Imágenes del operativo de intervención policial y militar en la Cárcel de Bahía de Caráquez, el 2 de marzo de 2024.X / @FFAAECUADOR
Sin embargo, esto fue cambiando poco a poco. La prioridad que el Gobierno de Noboa le imprimió a las cárceles diminuyó y así lo muestran sus propias actuaciones. El último ejemplo, por ejemplo, fue el anuncio del Primer Mandatario de retirar a los presos de los grupos de atención prioritaria, mediante una reforma parcial a la Constitución.
La ‘batalla’ por la comida de los presos desata una nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral
Nuevas cárceles sin repotenciar las existentes
Repotenciar las cárceles, mejorar sus sistemas de seguridad, fortalecer al Cuerpo de Agentes Penitenciarios fueron algunas de las ofertas iniciales del Gobierno de Noboa. Pero, para esto se requiere inversión, la cual no ha llegado.
Entre enero y octubre de 2024, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ha gastado USD 53,9 millones, en la firma de 84 contratos.
Sin embargo, el 97% de ese dinero se concentra en un solo contrato: la construcción de la nueva cárcel en Santa Elena, que debe inaugurarse en mayo de 2025 y que es una de las obras emblemáticas del Régimen de Noboa.
Las otras 83 compras suman USD 1,7 millones y se trata de pequeñas compras de temas administrativos como impresoras, tintas, grapas, clips, llantas, entre otras. La única inversión es de USD 660.056 para uniformes de los agentes.
Y, aparentemente, esto continuará así. En el sistema presupuestario del Ministerio de Finanzas se reporta que ya están disponibles USD 25 millones para la construcción de la segunda cárcel, “al estilo Bukele”, que se hará en Archidona, provincia de Napo. Aunque todavía no se ha hecho público el proceso precontractual.
Otro capítulo de la crisis
Luego de 10 meses de relativa calma en las cárceles del país, el 12 de noviembre de 2024, una nueva disputa en el pabellón 3 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, dejó 17 personas asesinadas y varias heridas.
Según información a la que accedió PRIMICIAS, estos crímenes sucedieron en el contexto de una pugna entre los grupos criminales por manejar la alimentación dentro del penal. Incluso, cobrando extorsiones a los presos para que puedan comer.
Justamente, el servicio de alimentación en las cárceles fue uno de los temas en los que Noboa puso prioridad. Dejó de lado una relación contractual con Lafattoria, empresa que estableció un monopolio de más de una década en este rubro.
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De inmediato, se anunció que se abriría un nuevo proceso de contratación. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce si la adjudicación se concretó y qué empresa está detrás de la comida penitenciaria. Extraoficialmente, se supo que este contrato es reservado.
Además, esta nueva demostración de violencia ocurre en medio de la llamada militarización. Las FF.AA. mantienen el control interno de la Penitenciaría del Litoral y otros centros conflictivos, como la Cárcel de Cotopaxi.
Incluso, en septiembre, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas adjudicó a Santa Bárbara, una empresa pública, un contrato por USD 3,2 millones. El objetivo era la implementación de un campamento móvil en los exterior del complejo carcelario del Guayas para albergar a los soldados a cargo de la seguridad.
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