A pesar de la militarización del sistema carcelario en Ecuador y, particularmente, en la Penitenciaría del Litoral, donde recientemente ocurrió una masacre de 17 privados de libertad, se ha evidenciado que persiste la gobernanza de las organizaciones criminales dentro de los pabellones.
Esa es la lectura del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), instancia según la cual muchos reclusos se mantienen en condición de rehenes de las bandas.
“Y eso no es controlar las prisiones. No existen las mínimas condiciones de categorización por delito cometido, tanto acusados como sentenciados se encuentran en los pabellones forzosamente perteneciendo a organizaciones criminales que controlan el interior de esos recintos. Las Fuerzas Armadas se encuentran controlando los exteriores, los patios, pero al interior de cada pabellón las organizaciones criminales siguen gobernando y controlando el crimen en exteriores”, expresó Billy Navarrete, secretario Ejecutivo del CDH.
Y de aquello, según las cifras del Comité, da cuenta el asesinato de 72 privados de libertad entre el 9 de enero y 12 de noviembre del año en curso en el sistema carcelario del país. De esa cifra, 38 casos corresponden a la Penitenciaría del Litoral en el marco de la militarización de las cárceles que se dispuso desde inicios de este 2024, pero esa estadística subiría a 40 considerando los dos muertos más de la reciente masacre, que fueron confirmados el miércoles 13.
Desde el 2019 hasta el 2023 el CDH registró 680 personas asesinadas en contextos de violencia dentro del sistema carcelario del país. El 50 % de esas muertes se dieron en la Penitenciaría.
“Estas cifras se suman a restricción de alimentos y restricción de atención médica que incluso han sido judicializadas y que van a desmontar aquella afirmación del Gobierno nacional de que tiene el control en las cárceles. Eso no existe, eso es falso”, manifestó Navarrete.
Sobre la situación carcelaria de Ecuador incluso hay observaciones en las que se expone preocupación desde instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En un informe de agosto de este año, el Comité contra la Tortura se señala: “Al Comité, en particular, le preocupan los informes recibidos en los que se describen situaciones de autogobierno y extorsión en las cárceles, falta de personal penitenciario y de seguridad, corrupción, ingreso de armas de fuego y estupefacientes, así como frecuentes motines y otros hechos violentos, entre ellos, la muerte de más de 680 personas entre 2018 y 2023″.
Asimismo, se expone la preocupación de que las medidas de carácter militar para responder a la crisis carcelaria han seguido adoptándose “sin que se haya promovido un plan integral para abordar las causas sistémicas de dicha crisis con un enfoque de derechos humanos. Por otro lado, preocupan al Comité las informaciones que indican retrasos importantes en la identificación de personas fallecidas en custodia, la falta de información proporcionada a los familiares sobre el paradero y las condiciones de las personas privadas de libertad, así como la ausencia de información completa sobre las investigaciones abiertas al respecto”.
Cerca de las 03:00 del martes 12 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral ocurrió una nueva masacre, producto de enfrentamientos en el pabellón 3. La riña fue fuerte, con un resultado inicial de 14 reos heridos y 15 muertos, pero el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) actualizó las cifras este miércoles.
Hasta ahora se contabilizan 17 muertos y 15 heridos por estos incidentes de los cuales extraoficialmente se conoce que los presos de las alas 1 y 4 se metieron al ala 3 para atacar a los internos de ese espacio.
Como parte de las primeras indagaciones de estos incidentes, la Fiscalía General del Estado atribuye que el ataque habría sido originado por integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Duendes.
Por eso, a nueve privados de libertad se les dictó prisión preventiva y se los investiga por el asesinato de los reos. Son procesados por el artículo 140, numerales 2,4, 5 y 6 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que podrían enfrentar una pena de 26 a 30 años de cárcel.
De acuerdo con la Fiscalía, un total de cuarenta reclusos de las alas 1 y 4, que serían miembros de Los Duendes, se tomaron el ala 3 del pabellón 3. Ellos habrían atacado a 32 privados de libertad con pistolas, cuchillos y explosivos.
De hecho, durante un operativo posterior al ataque, los uniformados decomisaron tres armas de fuego (calibre 9 milímetros), 52 vainas percutidas y un explosivo (granada de mano).
El martes, luego de estos disturbios, personal del Bloque de Seguridad, conformado por militares y policías, se desplegó a la Penitenciaría para retomar el control del reclusorio.
Pero la noche de este miércoles se produjo una nueva alerta. Según el SNAI, entidad que maneja las cárceles, el “evento” se reportó a las 18:30, pero tras la “inmediata” intervención policial y militar se informó que no hubo víctimas y que el Bloque de Seguridad retomó el control del reclusorio. (I)
Fuente: El Universo
