«Pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente – candidato entre en su campaña electoral. Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Daniel Noboa y sus ministros han preparado la ruptura del orden constitucional y un evidente golpe de Estado para el 6 de enero de 2025 y tomarse la sucesión presidencial y asegurar la reelección», expresó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, en respuesta a la suspensión de sus funciones por 150 días que le aplicó el Ministerio de Trabajo.
Pasadas las 20:30 de este 10 de noviembre de 2024, a través de un mensaje en sus redes sociales, desde Ankara (Turquía), la vicepresidenta de la República, Verónica Abad se pronunció sobre la sanción que le aplicó el Ministerio de Trabajo el viernes pasado.
La segunda mandataria tildó de una «grosera violación a la Constitución y a las leyes este sumario administrativo que la aplicó una funcionaria subalterna, que se ha apropiado de las funciones naturales de la Asamblea Nacional».
Dijo que la pretensión es inhabilitarla para reemplazar a Daniel Noboa cuando este último deba solicitar licencia para hacer campaña electoral para los comicios generales del 9 de febrero de 2025 para los que es candidato a la Presidencia por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).
Verónica Abad denunció — desde el hotel en el que se hospeda en Ankara — que la han amedrentado empujándola a que renuncie al cargo, «incluso encarcelando a mi hijo, han destrozado mi honra, mi dignidad y mi familia», aseveró.
No anticipó cuáles serán las acciones que tomará frente a este sumario administrativo, pero pidió a la Asamblea Nacional que fiscalice a las autoridades del Ministerio de Trabajo, de la Cancillería, de la Presidencia de la República.
Lo mismo pidió a la Contraloría General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General le solicitó investigar un delito de arrogación de funciones; así también, anticipó que acudirá a instancias internacionales para ejercer su defensa por la «misoginia» de la que ha sido objeto.
El 8 de noviembre de 2024, Verónica Abad fue sujeto de una sanción administrativa que terminó con una suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días, en su condición de vicepresidenta de la República al haberse configurado la falta grave establecida en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Esto es: «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos».
La sanción procedió luego que a mediados de septiembre, el Ministerio de Trabajoabrió un sumario administrativo en su contra al concluir que no llegó a Ankara (Turquía) antes del 1 de septiembre, como había sido la disposición de la administración de Daniel Noboa.
Desde diciembre pasado, Verónica Abad cumple funciones de embajadora por la paz en Israel, en medio de una enemistad que mantiene con el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.
En el contexto de la escalada de confrontaciones en países del Medio Oriente, Noboa ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, por decreto ejecutivo del 8 de agosto de 2024, que sea trasladada de forma temporal a Ankara para que continúe cumpliendo su función.
Según el viceministro de Relaciones Exteriores, Jaime Augusto Barberis Martínez, él había requerido a la Vicepresidenta que le informe cuándo iba a viajar a Turquía, lo que debía ser antes del 1 de septiembre de 2024.
Sin embargo, Verónica Abad llegó a ese país el 9 de septiembre.
El 7 de noviembre se realizó una audiencia virtual de carácter privado, en la que se sustanció este sumario encauzado por la servidora Ruth Stefanía Espinoza Aviles, que es directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio de Trabajo, quien aplicó la sanción de suspensión por 150 días.
Después de la diligencia, en la que actuó como legitimada activa la Presidencia de la República, Ruth Espinoza determinó que quedó probado que «María Verónica Abad Rojas, incumplió la disposición de presentarse hasta antes del día 1 de septiembre del 2024, en la ciudad de Ankara-Turkiye, según lo dispuesto por el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Ecuador, en el memorando No. MREMH-VRE 2024-1128-M de 27 de agosto de 2024».
Se argumentó que Abad no presentó prueba documental que justifique por qué no se trasladó a Ankara en la fecha dispuesta, esto es, 1 de septiembre de 2024, constando documentalmente, que recién lo efectuó el 9 de septiembre de 2024.
«Del análisis realizado, se determina que la legitimada pasiva-sumariada, abandonó injustificadamente su lugar de trabajo por cinco días, esto es, desde el día 2 de septiembre hasta el día 6 de septiembre del 2024».
La sanción goza de proporcionalidad entre la infracción y la sanción, según Espinoza.
Además de esta sanción, Abad enfrenta dos denuncias por presunta violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) interpuestas por la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero y una funcionaria Diana Jácome, esta última candidata a asambleísta por el movimiento de gobierno, ADN.
Abad también denunció por violencia política de género a Daniel Noboa, la canciller y el exviceministro de Gobierno, Esteban Torres, además de Jácome.
Otra denuncia con la que se busca su destitución la puso un vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Guarderas Cisneros, en el TCE en la que la acusa de haber hecho campaña anticipada cuando ella fue candidata a alcaldesa de Cuenca en las elecciones seccionales de 2023.
La denuncia de Guarderas se da simultáneamente a la participación de Daniel Noboa en los comicios generales de febrero del 2025, en los que busca llegar a la Presidencia y deberá encargar el mandato a quien ocupe la Vicepresidencia. (I)
