La propuesta del presidente de la República, Daniel Noboa, de remover a las personas privadas de la libertad (PPL) de la categoría de grupos de atención prioritaria fue abordada por varios legisladores que anticipan sus posiciones a favor y en contra.
El proyecto del presidente Daniel Noboa propone aplicar una reforma parcial a los artículos 35 y 51 de la Constitución, donde se incluye la lista de los grupos considerados de atención prioritaria para el Estado; entre ellos constan las PPL.
El documento pasó a conocimiento de la Corte Constitucional y se sorteó al juez Jhoel Escudero Soliz, quien tendrá un plazo de 20 días para preparar un proyecto de dictamen, contados a partir de que conozca la propuesta.
En la Asamblea Nacional ya existen las primeras posiciones de los legisladores. El sector correísta considera que el planteamiento del Gobierno es una regresión de derechos, en tanto que el oficialismo afirma que es oportuna y necesaria la reforma, porque los grupos de atención prioritaria no son los integrantes o líderes de grupos de delincuencia organizada.
El movimiento Construye mira con buenos ojos el planteamiento del Ejecutivo, en tanto que los socialcristianos consideran que hay otras prioridades que atender, como reactivar la economía.
La legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana Jhajaira Urresta, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos del Parlamento, lamentó que el presidente Daniel Noboa presente una propuesta que afecta derechos, tomando en cuenta que el Ecuador es parte adherente de los derechos humanos internacionales que dictaminan que todo privado de libertad debe tener un proceso en donde tales derechos no sean vulnerados.
La aprobación de esta reforma parcial a la Constitución para el Ecuador implicará una serie de acciones internacionales en defensa de los derechos humanos, advierte la legisladora correísta, porque a su criterio en las cárceles no solo están personas asesinas, sino también personas que deben pensiones alimenticias, niños acusados de hurto o personas adultas con cargos y figuras menores en lo penal, las cuales serían las afectadas.
Urresta consideró que el Ejecutivo, antes de esta reforma parcial a la Constitución, debería hacer un censo carcelario para lograr una separación de cárceles y volver a un sistema de mínima, mediana y máxima seguridad, y también debería haber un registro único de PPL para determinar cuántos existen por pabellón, cuáles son los delitos y las edades, para con ello poder identificar cuáles son los grupos de atención prioritaria y no juzgar a toda la población carcelaria de pertenecer al crimen organizado.
Jorge Acaiturri-Villa, de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), personalmente considera que hay grupos que el día de hoy están esperando que los recursos se inviertan en su desarrollo; eso tampoco significa que se pueda abandonar a las personas privadas de la libertad, porque muchos son consumidores y tienen que tener programas de desintoxicación; muchos tienen problemas psicológicos y deben tener programas de acompañamiento.
Dijo que pueden hacer cualquier cambio constitucional y puede sonar bonito; pero, si no tienen plata, ¿qué van a hacer? Por lo tanto, es prioritario reactivar la economía a través de la reestructuración de la deuda.
Paúl Buestán, del movimiento Construye, recordó que su organización política ha denunciado un abuso constante de la ley por parte de quienes se encuentran bajo privación de libertad y se hacen someter a beneficios legales, y con ello se ha permitido que muchos estén prófugos.
Reiteró que hay un abuso de la ley por parte de quienes han fallado al Estado y a la sociedad, que busca vivir en un ambiente pacífico. Por ello, deben responder ante la justicia y no ser considerados como grupo de atención prioritaria.
Cuando una persona falla al Estado, a la ley y a la convivencia social, no se genera un espacio de beneficios legales para las PPL, pues el sistema penal ecuatoriano establece una sanción para que no cometen delitos; por lo tanto, la vulneración de derechos no es de la minoría que comete delitos, sino de la mayoría de ciudadanos que quieren vivir en paz.
En todo caso, dijo que la bancada Construye estudiará el proyecto de reforma parcial a la Constitución para dar a conocer la postura de los legisladores de esta tienda política.
Adrián Castro, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), recordó que desde el 2008, cuando se cambió la Constitución en el país, se incorporó a las PPL dentro de los grupos vulnerables, donde constan niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, quienes realmente se merecen un trato justo por parte del Estado.
Esta incorporación de las PPL dentro de la lista de los grupos de atención prioritaria, afirmó Castro, ha permitido que hoy en día los delincuentes, criminales y violadores tengan más derechos que las personas que hacen las cosas correctas en el país y que realmente necesitan una protección.
Castro explicó que la reforma planteada por el presidente Daniel Noboa tiene la sana intención de que el control realizado en las cárceles durante los últimos tiempos se mantenga, y que las personas que se merecen un trato especial y digno, como las personas adultas mayores, niños, adolescentes y personas con discapacidad, tengan efectivamente la protección estatal, y no “aquellos que nos están matando”.
Lo que han recibido las PPL, al permanecer dentro de la categoría de grupos de atención prioritaria, son privilegios y tratos especiales mucho más arriba que un ciudadano común y corriente que respeta las leyes, retiró.
El asambleísta de Gobierno explicó que esta reforma planteada por el Ejecutivo no implica una violación de derechos humanos y tampoco es una restricción de derechos; pero, en todo caso, la Corte Constitucional tiene que resolver y, mientras eso no ocurra, el mensaje al país es que se pretende cambiar para que los ciudadanos que respetan la ley sean objeto de protección del Estado y no aquellos que asesinan, violan, extorsionan o secuestran.
Fuente: El Universo
ra
