Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para septiembre de 2024 la población desempleada en Ecuador ascendía al 3,7 % de la Población Económicamente Activa y comparada con el 3,7 % registrado el mismo mes de 2023 no ha existido una reducción, lo que evidencia que el país sigue enfrentando desafíos en materia laboral, seguridad social y altas tasas de informalidad.
Para atender esta realidad ecuatoriana en materia laboral, los candidatos a la Presidencia de la República plantean acciones como establecer incentivos fiscales que prioricen la contratación de mano de obra nacional en las empresas, la inclusión de jóvenes, mujeres y minorías, reducir de forma paulatina la jornada laboral a 32 horas y convertir a las islas Galápagos en destino preferente para nómadas digitales.
EL UNIVERSO recopiló las propuestas sobre empleo que constan en los planes de trabajo que los 16 aspirantes presidenciales presentaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) al inscribirse y que si se incumplen permite a los electores presentar pedidos de revocatoria de mandato a las autoridades electas luego que se cumple su primer año en funciones.
Jimmy Jairala, candidato presidencial de Centro Democrático (lista 1), propone una redefinición de la política pública de empleo para abordar los cambios generados por la transformación digital. Su plan se centra en proteger las nuevas formas de empleo, como el trabajo autónomo y la asociatividad, brindando seguridad jurídica y condiciones laborales dignas a los trabajadores independientes.
También busca reducir la brecha entre el costo de la canasta básica y el salario básico unificado. Entre sus propuestas está crear programas que impulsen la generación de empleos para jóvenes de 18 a 29 años y adultos mayores de 45 a 65 años desplazados del sector formal. Además, busca generar espacios de articulación entre la oferta educativa y las competencias requeridas por el sector productivo, para facilitar la inserción laboral de los jóvenes. Esto incluye incentivos para la reinserción laboral y productiva de personas desempleadas.
A su vez, establecer incentivos fiscales que prioricen la contratación de mano de obra nacional en las empresas, generando así una política de fomento al empleo local y contribuyendo a la dinamización de la economía interna. También busca ajustar los salarios sectoriales según la actividad económica, nivel de instrucción y años de experiencia, para garantizar un estándar de vida adecuado para todos los trabajadores. Estas medidas buscan reducir el desempleo y el subempleo y garantizar la inclusión en el sistema de seguridad social.
Jorge Escala, la carta presidencial de Unidad Popular (lista 2), espera implementar un plan urgente de reactivación económica y generación de empleo a partir de la inversión pública, cooperativas mixtas de producción, alianzas público-comunitarias, justicia tributaria, apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, el sector agrícola y campesino, la juventud y las mujeres jefas de hogar.
Duplicar el plan anual de inversiones para promover la obra pública en el sistema nacional de vialidad pública, lo cual generará fuentes de empleo directas e indirectas.
Impulsarán el primer empleo para la juventud, a través del reconocimiento de pasantía y prácticas preprofesionales como primera experiencia laboral, acceso a la seguridad social y remuneración proporcional con las horas trabajadas. También esperan generar empleo para mujeres jefas de hogar, madres coraje y sobrevivientes de violencia.
Andrea González, candidata del Partido Sociedad Patriótica (PSE), lista 3, tiene entre sus iniciativas la creación de bolsas de empleo juvenil con pasantías pagadas con colaboración de empresas privadas. Las empresas que contraten pasantes pueden recibir incentivos fiscales o ventajas en licitaciones públicas, promoviendo así la participación empresarial en la formación de nuevos profesionales.
Mientras, impulsar un crecimiento económico sostenible que genere empleo de calidad es parte de las propuestas de gobierno de Víctor Araus, candidato de Pueblo Igualdad y Democracia (PID), lista 4. Lo plantea mediante la atracción de inversiones, creando un entorno empresarial atractivo con incentivos fiscales y la simplificación de los procesos burocráticos.
Fomentar las pequeñas y medianas empresas (pymes) con acceso a créditos, programas de capacitación y asesoramiento empresarial; promover redes de apoyo para incentivar el desarrollo del turismo, la agricultura sostenible, la tecnología y las energías renovables.
Para crear empleo, se promueven programas integrales de capacitación y formación profesional para habilidades que se alineen con las demandas actuales del mercado laboral; y, trabajar en iniciativas para nuevas empresas.
La reducción de la informalidad es parte de su programa con medidas para formalizar a los trabajadores y que accedan a derechos laborales y beneficios sociales; también, se simplificarían los procedimientos burocráticos para la formalización de empresas y se ofrecerán incentivos fiscales a las empresas que promuevan la formalidad.
Por la Revolución Ciudadana (lista 5), Luisa González propone controlar a las empresas que utilizan plataformas digitales, para asegurar que respetan los derechos laborales de las personas a las que emplean en régimen asalariado.
Espera crear mecanismos y políticas para integrar a los jóvenes expulsados del mundo educativo y laboral, para lo cual impulsará legislación para reivindicar el derecho al primer empleo joven, estrategias de prácticas y formación dual y exenciones tributarias a las empresas que generen empleos formales para los jóvenes.
Plantea orientar la política laboral hacia la recuperación y mejoramiento de los niveles y la calidad de empleo, poniendo en el centro del modelo el respeto de los derechos laborales, la estabilidad en el trabajo, las condiciones laborales seguras y saludables, los salarios dignos y el tiempo del trabajo compatible con la vida personal, laboral y familiar de hombres y mujeres.
El socialcristiano Henry Kronfle Kozhaya, aspirante del Partido Social Cristiano (PSC), lista 6, apunta a generar empleo implementando políticas que promuevan la inversión privada, a través de la creación de un entorno favorable para los negocios. Esto representará la simplificación de trámites, la reducción de la carga impositiva para las empresas y la implementación de incentivos fiscales.
También dar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mediante el acceso a financiamiento, capacitación empresarial y la promoción de la formalización de empresas; y crear programas de apoyo al emprendimiento.
Dice que se identificarán y fortalecerán sectores clave de la economía, como el turismo, la agricultura, la industria manufacturera y los servicios. Y que promoverá el empleo juvenil, a través de las prácticas laborales, pasantías y programas de capacitación.
Las propuestas sobre empleo del presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección por el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, se centran en la promoción del empleo digno y la inclusión de grupos vulnerables en el mercado laboral. Estas propuestas buscan mejorar las condiciones de acceso a empleos que permitan satisfacer necesidades básicas con condiciones estables y seguras. Se busca implementar políticas que incentiven la formalización laboral y el fortalecimiento de la educación y la formación continua.
Además, Noboa propone promover la inclusión de jóvenes, mujeres y minorías en el mercado laboral mediante políticas e incentivos que fomenten la igualdad de género y la no discriminación por etnia, nacionalidad, edad, identidad de género, orientación sexual, discapacidad ni por cualquier otra distinción o forma de discriminación en el ámbito laboral. También se busca fortalecer y crear nuevos incentivos fiscales y financieros para empresas que contraten jóvenes y promuevan su inclusión en el mercado laboral.
Finalmente, las propuestas de Noboa incluyen la reducción del trabajo infantil mediante inspecciones y sanciones a empleadores, así como la promoción de servicios públicos que protejan a niños, niñas y adolescentes. Además, se busca fortalecer los mecanismos de financiamiento, asesoría, capacitación y facilitación de trámites para iniciar y desarrollar emprendimientos formales para jóvenes y mujeres, garantizando oportunidades de empleo digno y sostenible para todos.
Luis Felipe Tillería, candidato presidencial del partido Avanza (lista 8), propone una reforma laboral para crear un entorno más dinámico y flexible para el mercado laboral, que puede incentivar la inversión en nuevas tecnologías y modelos de negocio. La modernización de las leyes laborales busca una mayor adaptabilidad a los cambios económicos y fomentará la competencia en el sector privado. Se enfocaría en simplificar los procesos de contratación y despido, promover la formación continua y desarrollo profesional de empleados y estimular la creación de nuevas empresas.
Se cree que es crucial que estas reformas protejan los derechos de los trabajadores y garanticen la igualdad de oportunidades, propiciando el trabajo por horas en las que las personas tendrán derecho libremente a decidir su participación laboral en cualquier empresa o actividad legítima que sea de su interés.
Avanza plantea la creación de un Centro Financiero Internacional, para atraer inversiones extranjeras; la creación del Banco del Migrante, para proporcionar servicios financieros especializados para la comunidad migrante; y la implementación del plan Galapagos Conect Work in Heaven, destinado a aprovechar la singularidad de las islas Galápagos como destino preferente para nómadas digitales.
Carlos Rabascall, candidato presidencial de Izquierda Democrática (lista 12), propone un plan para crear empleos formales de calidad en sectores emergentes. Su objetivo es generar 500.000 nuevos empleos formales en sectores de alto crecimiento para 2029, como construcción, tecnología, energías renovables y agroindustria, fomentando el cooperativismo.
Rabascall también busca desarrollar programas nacionales de formación técnica y profesional, capacitando al 80 % de la población laboralmente activa en habilidades tecnológicas y verdes para 2029. Además, propone fomentar el emprendimiento y cooperativismo productivo, incrementando en un 25 % las pymes formalizadas y cooperativas productivas hasta 2029.
Promete promover la formalización laboral, formalizando el 50 % del trabajo informal para 2029, y crear regímenes especiales para sistemas cooperativos de producción, fortaleciendo la seguridad social y la formalización laboral. Estas medidas buscan impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.
El candidato Juan Iván Cueva, del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), lista 16, ofrece en el ámbito del empleo flexibilizar el mercado laboral con reformas que promuevan el empleo formal, protejan los derechos de los trabajadores y adapten las leyes a nuevas formas de empleo, como el trabajo remoto y freelance.
Apoyar a sectores no tradicionales, como tecnologías emergentes, inteligencia artificial, biotecnología, economía digital, turismo sostenible, agroindustria y energías renovables, para reducir la dependencia del petróleo.
En el primer año de gestión, Iván Cueva propone una reforma tributaria progresiva que aumente la recaudación sin afectar a los sectores más vulnerables. También se aspiraría a crear un Fondo Nacional que dé créditos con tasas preferenciales, asesoría técnica y capacitación empresarial a los jóvenes en los primeros cinco años de operación.
Pedro Granja, aspirante del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), lista 17, tiene propuestas sobre empleo conceptuales y no específicas. Por ejemplo, dice que se enfocarán en “la creación de trabajos dignos y sostenibles que respeten los derechos laborales y promuevan la inclusión económica”. Esto lo harán a través de la economía social y solidaria, apoyando a cooperativas, empresas comunitarias y emprendimientos locales que contribuyan al desarrollo económico de las comunidades.
Leonidas Iza Salazar, candidato del movimiento Pachakutik, lista 18, propone elevar la remuneración básica con un acuerdo entre el sector privado, público y los demás sectores económicos para, en un plazo de dos años, hacer que “el salario mínimo sea igual al menos al 80 % del costo de la canasta familiar”.
Reducir de forma paulatina y generalizada la jornada laboral para que en los dos primeros años se reduzca a 35 horas en la semana, luego a 32 horas, y se respetarán los convenios y acuerdos definidos sobre la jubilación y la pensión jubilar. Con esto, se propone que las empresas que hacían sus actividades en 40 horas semanales ahora tendrán que hacerlo en 35. Según PK, al haber más tiempo libre habrá generación de nuevos modelos de negocios.
Se haría un programa para la ‘revinculación laboral’, que consiste en retornar a sus funciones a aquellos que fueron despedidos u obligados a presentar renuncias obligatorias. En especial, a técnicos, expertos, científicos, académicos y profesionales de alto nivel desvinculados del sector público en los últimos diez años.
Iván Saquicela, de Democracia Sí, lista 20, plantea impulsar un plan nacional de empleo juvenil que incluya capacitación técnica y pasantías remuneradas en áreas clave como tecnología, turismo sostenible y agricultura.
Además, asegura que fomentará la capacidad productiva de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con la creación de un fondo de reactivación económica y empleo dirigido a los sectores agrícola, agroindustrial, industrial, de servicios y turismo, priorizando programas especiales de crédito y apoyo productivo a mujeres y jóvenes.
Impulsaremos las alianzas público-privadas y concesiones específicas para impulsar la obra pública en vialidad, generación eléctrica, petróleo y construcción de vivienda. “Parte de la obra pública se construirá con mano de obra extensiva, generando empleo masivo”, reseña.
Francesco Tabacchi, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), lista 21, propone promover la generación de empleo y emprendimiento en zonas de alta vulnerabilidad, creando incentivos económicos y programas de capacitación técnica que permitan a los jóvenes y a las comunidades en riesgo encontrar alternativas económicas sostenibles.
Afirma que realizará esto con la simplificación de trámites para reducir los tiempos para la creación de negocios formales. También establece la contratación por horas y generar incentivos para el empleo rural. Asimismo, afirma que impulsará el desarrollo económico con perspectiva de género para priorizar la inclusión de las mujeres en el mercado laboral formal. Y habla sobre zonas francas que sirvan de incubadora para el desarrollo de negocios tecnológicos con orientación de exportación.
En cuanto a Jan Topic, del movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA), lista 23, denominó ‘Empleo y prosperidad’ al apartado de su plan el que se enfoca en cuatro sectores: agropesquero, ecoturismo, industria fintech y la energía sostenible.
Entre otras cosas propone invertir $ 2.000 millones en sistemas de riego, mejorando la productividad en provincias como Manabí y Los Ríos; y la creación de un fondo de crédito de $ 1.000 millones para pequeños y medianos productores.
Además, la implementación de incentivos tributarios, acceso a crédito y una campaña de marketing internacional para reposicionar a Ecuador en el mapa turístico; y la inversión en la modernización de accesos a parques nacionales y reservas naturales, y en la construcción de alojamientos sostenibles.
Finalmente, Henry Cucalón, candidato presidencial del movimiento Construye (lista 25), tiene como prioridad crear un entorno económico dinámico que fomente la generación de empleo de calidad, impulsando el emprendimiento, la inversión privada y la diversificación económica. Dice que impulsará un crecimiento transformador en la economía y el empleo, con decisiones económicas orientadas a generar un cambio positivo profundo en el mercado nacional de bienes y servicios.
Se buscará priorizar estrategias que maximicen la inversión directa, fomenten la innovación y aseguren la creación sostenida de empleos de calidad. El objetivo es no solo estimular la actividad económica, sino también mejorar el bienestar de la población, fortaleciendo la competitividad del país y garantizando oportunidades laborales inclusivas y sostenibles para todos los ciudadanos.
Se cree necesario impulsar la formalización de la economía ecuatoriana a través de una reforma integral que incluya la simplificación de trámites, incentivos fiscales y acceso a financiamiento, con el fin de incorporar al sector formal a trabajadores y empresas, fortaleciendo la productividad, la recaudación fiscal y la seguridad social, para garantizar un desarrollo económico inclusivo y sostenible. (I)