La Mesa Argentina de Carbono presentó en el Parlamento del país suramericano un proyecto de ley para impulsar, a través de un marco normativo, los mercados de carbono.
El proyecto de ley de “presupuestos mínimos para la implementación de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero” busca establecer un marco integral y transparente para una adecuada gestión de los créditos de carbono que se generen en Argentina.
La iniciativa es impulsada por la Mesa Argentina de Carbono, conformada por empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono del país suramericano.
Esta plataforma reúne a los actores no gubernamentales de los mercados de carbono, lo que incluye a los actores de la oferta, la demanda, la certificación y la provisión de servicios asociados a proyectos de carbono.
Según indicó la Mesa de Carbono en un comunicado, Argentina ha participado desde 2005 tanto en los mercados regulados como en los mercados voluntarios con la comercialización de créditos de carbono generados por 45 proyectos de captura y reducción de emisiones certificados.
“La creación de un entorno legal y transparente y la seguridad jurídica que éste otorga, tanto para el titular y el desarrollador como para los adquirentes de los créditos de carbono y otros actores que voluntariamente opten por involucrarse en esta área, posicionará a Argentina como un destino atractivo para inversiones en este sector” afirmó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.
Cano afirmó que “Argentina tiene un gran potencial de no solo cumplir sus compromisos internacionales mediante mecanismos trazables, sino de ser proveedor de reducciones de emisiones al mundo”.
Según detalló el directivo, si en Argentina se desarrollaran y certificaran proyectos de captura y reducción de emisiones en sólo el 10 % de la superficie agropecuaria y forestal del país, la comercialización de los certificados o créditos de carbono generados por estos proyectos podría ascender a entre 250 y 350 millones de dólares anuales.
“Si este cálculo se lleva al 50% de la superficie agropecuaria y forestal, representaría entre 1.100 y 1.750 millones de dólares anuales”, señaló.
Fuente: El Economista
