En menos de seis meses, el presidente Daniel Noboa ha vetado siete proyectos de leyes aprobados en la Asamblea Nacional. Esto implica que no podrán tratarse en el pleno al menos en un año, según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Son las siguientes:
1. Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
2. Ley que obligaba los pagos directos y automáticos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
3. Ley Reformatoria a Varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en Ecuador.
4. Ley de Prevención y Defensa contra Incendios
5. Proyecto de reformas al Código Orgánico de Ambiente
6. Ley Reformatoria a la Ley de Registro
7. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Cultura
Cuatro vetos llegaron durante la presidencia del socialcristiano Henry Kronfle, que renunció el pasado 2 de octubre; y tres en la de la correísta Viviana Veloz.
En mayo pasado, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una enmienda constitucional por la cual el pleno ya no necesitará la mayoría calificada (92 votos) para ratificarse en los textos que apruebe y que hayan sido objetados parcialmente por el primer mandatario. Ahora solo requiere la mayoría absoluta o 70 votos.
Algo que fue tomado por Noboa como un deseo de interferir en su gestión. A raíz de aquello empezaron a llegar los vetos totales.
La primera norma vetada, el 29 de mayo, fue una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que, entre otros temas, permitía que los vocales del Consejo de la Judicatura se encuentren cumpliendo prisión preventiva puedan acogerse a una licencia sin sueldo.
A su juicio, esta disposición era contraria a lo señalado en la Constitución de la República, “pues ningún servidor judicial probo en el ejercicio de sus funciones debería encontrarse involucrado en actos que sean contrarios a la ley; más bien, se debe propender a que ejerzan sus funciones y atribuciones a cabalidad, velando por una adecuada administración de justicia (…)”.
Luego el 5 de junio vino la objeción a la propuesta legislativa que buscaba garantizar asignaciones automáticas a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales desde el Banco Central del Ecuador. Esta fue una propuesta de Kronfle y otros legisladores socialcristianos.
En un comunicado el Gobierno indicó que aquella medida era “un perjuicio para los otros sectores de gasto como seguridad, salud o educación”, y que afectaba “a las finanzas públicas y con grave riesgo para la estabilidad económica”. Además, señalaba que “la Asamblea Nacional no consideró con responsabilidad elementos que estén acordes con la realidad fiscal del país, lo que pudo ocasionar un desfinanciamiento en el Presupuesto General del Estado”.
En tanto que en la objeción total a las leyes sobre Seguridad Social, Noboa argumentaba el pasado 10 de julio que “el proyecto de ley propuesto es contrario a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; y, por consiguiente, no es conveniente para los intereses del país”.
A lo que Kronfle espetó: “El veto total a la ley de la Seguridad Social, aprobado en la Asamblea Nacional, es un golpe a los bolsillos de los ciudadanos. La actual administración quiere mantener como caja chica la plata de los afiliados y jubilados al IESS. ¡Ya basta de tanto abuso!”.
El 10 de septiembre, Noboa vetó totalmente la ley de incendios alegando que tenía “errores sustanciales de forma y de fondo en la propuesta, y ante la situación actual del país en cuanto al incremento de incendios forestales es necesario manejar con responsabilidad cualquier normativa al respecto”.
En la norma, entre otros puntos, se reducía los recursos para los cuerpos de bomberos, se eliminaba un artículo que regulaba las infracciones de todas las instancias involucradas con la protección de la ciudadanía, y se proponía regularizar a los bomberos voluntarios como servidores públicos.
Los vetos al Código Orgánico Ambiental (COA) y a la Ley de Registro llegaron la semana pasada con pocos días de diferentes: el primero, el pasado 22 de octubre, y el segundo, el 24 siguiente.
En cuanto al COA, la Asamblea aprobó un paquete de reformas que abordaba temas relacionados con compensaciones por servicios ambientales; la regulación del mercado voluntario de carbono; gestión de patrimonio forestal; conservación de la vida silvestre, páramos y manglares; y la ampliación de las competencias de los gobiernos locales en materia ambiental.
Noboa señaló que algunos cambios no eran “relevantes” y que en otros no se respetaron normas constitucionales y legales vigentes.
La Ley de Registro, en tanto, tenía como objetivo incluir las resoluciones emanadas de la jurisdicción indígena que resuelvan conflictos internos de tierras, en los registros de actos y documentos públicos.
En su objeción total, el Ejecutivo indicó que la normativa se contrapone con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Pero según la Asamblea, la decisión del jefe de Estado “demuestra que no contribuye a la construcción del Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacional”.
Y el pasado miércoles 30 de octubre, el mandatario envió a la Asamblea el veto total a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Cultura, alegando que crea espacios que requieren financiamiento público qu afectaría las finanzas del país, y que además antes de aprobarse no se hizo una consulta prelegislativa a los actores vinculados a este sector.
Los legisladores Rosa Belén Mayorga, de la Revolución Ciudadana (RC), y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), coinciden en que el presidente está actuando políticamente.
Mayorga dice que estos vetos son una retaliación de Noboa, que está desconociendo todo el trabajo que hay detrás de la construcción de una ley, el cual involucra no solo a los legisladores sino a diferentes actores de la sociedad y de la academia. “Los informes de los debates no se hacen entre dos o tres asambleístas, se invita a ciudadanos que pueden aportar desde sus vivencias”, cuenta.
La legisladora dice que no se entiende por qué el primer mandatario objeta cuestiones que son interesantes y beneficiosas para el país. Como ejemplo cita las propuestas que ella hizo en el COA sobre los bonos de carbono y las sanciones para empresas que generen contaminación ambiental; o la legislación sobre incendios que era necesaria para atender estos flagelos y que Noboa recogió en un decreto ejecutivo luego de emitir el veto total. “Por eso queda la idea de que simplemente quiere afectar el trabajo de la Asamblea y nos deja esperando un año para volver a discutir esos temas que le convienen al país”, opina.
Vera menciona que en estos momentos de campaña electoral, Noboa tiene que generar un antagonista con quien pelear. “Es sencillo para él decir que todo lo que hace la Asamblea está mal, no sirve”, dice.
El asambleísta recordó que la propia bancada de ADN participa en la construcción de las leyes y que si él no está de acuerdo con un texto legal aprobado puede vetarlo parcialmente para que se discuta democráticamente en la Asamblea. “Cuando Noboa ha vetado parcialmente una ley nos hemos allanado en el 90 %, no hemos buscado ponerle el pie al presidente ni mucho menos”, indica.
En tanto que su colega Francisco Cevallos, de las filas de Acción Democrática Nacional (ADN), opinó que desde que el pleno realizó el citado cambio en la Constitución, el presidente Noboa se “vio obligado” a asumir esa postura de vetar totalmente las normas, “pues no se sabe lo que puede pasar en la Asamblea”.
Agregó que los legisladores se han ratificado en los textos aprobados en ciertas leyes “partiendo de lo político y por molestar al presidente, no partiendo de un criterio técnico y democrático”. “Los sistemas democráticos de pesos y contrapesos se han visto corrompidos por esa decisión antidemocrática (de cambiar el total de votos para los vetos) que tomaron ciertas bancadas de la Asamblea Nacional”, fustigó el asambleísta oficialista. (I)
Fuente: El Universo
