Arrinconado por un violento y prolongado conflicto social, falta de apoyo político, sindical y militar tras cometer un escandaloso fraude electoral para mantenerse en el poder, Evo Morales renunció a la presidencia y abandonó el país con destino a México. Horas antes había intentado una última maniobra desesperada: repetir los comicios. Pero ya no tenía margen ni respaldo interno para hacerlo.
Era el 10 de noviembre de 2019 cuando selló su dimisión y encaró su exilio. Al llegar a tierra mexicana -aún abrumado por los acontecimientos- comenzó a diseñar un relato que lo victimizara: no hubo renuncia como consecuencia de una completa crisis, sino que todo se trató de un golpe de Estado. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente anfitrión, rubricó esa contextualización. Lo siguieron otros.
Cinco años después de esa renuncia, Evo quiere repetir la historia, pero para expulsar a su ex delfín Luis Arce de la presidencia boliviana y mantener el control definitivo sobre el territorio.
Enfrentados en un principio por definir quién sería el candidato presidencial en las próximas elecciones de agosto de 2025 -y determinar quién controlaría la estructura del Movimiento al Socialismo (MAS)-, Bolivia se desangra por un combate partidario interno que mantiene de rehén a toda la población y una debilitada economía que cruje a diario. También hay quienes creen que detrás de esta lucha hay una pelea de fondo vinculada al dominio del narcotráfico y de las cada vez más amplias zonas de cultivo de coca en el Chapare. ¿Chismes?
Esos cotilleos, sin embargo, son alimentados por los mismos protagonistas –Evo y Lucho– que se señalan uno a otro como vehículos de la droga en un país atravesado por las necesidades más básicas y sin recursos.
Hace por lo menos tres años, ambas facciones comenzaron a acusarse recíprocamente de ser parte de una estructura narco. Lo hacían ellos mismos o por medio de voceros que denunciaban, por ejemplo, una explosión de pistas aeronáuticas clandestinas con el beneplácito gubernamental o, del otro lado, el dominio del comercio de cocaína con el control del jefe indígena.
Para insuflar esas versiones, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo en una de sus últimas declaraciones que el domingo pasado en la ruta del Trópico de Cochabamba Evo Morales no quiso detenerse en un control antidrogas que se interpuso en su camino. Allí, dijo el funcionario, los custodios del ex presidente comenzaron a disparar, lo que provocó la respuesta de las autoridades. Una escena digna de los célebres escapes de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El jefe cocalero denunciaría después de la balacera que “mercenarios” de Arce lo habían emboscado para asesinarlo.
Del Castillo ya había hecho referencia -una vez más- a los presuntos nexos narcos de Morales en septiembre pasado. Fue cuando dijo que el ex presidente usaba un vehículo de una mujer condenada por tráfico de drogas. Es el mismo ministro que advirtió que podría llevar a Evo “fuera de Bolivia”. ¿El gobierno de Arce tiene pensado extraditar a su antiguo aliado y mentor por narcotráfico? No sería el primer ex jefe de Estado latinoamericano que enfrenta un tribunal en los Estados Unidos: el hondureño Juan Orlando Hernández fue sentenciado a 45 años de prisión en junio pasado por narcotraficante.
Evo sospecha que Arce lo quiere a bordo de un avión de la DEA. Ex funcionarios bolivianos exiliados en Europa son malpensados. “En algunas industrias, no hay lugar para el libre mercado”, dicen, irónicos. Más y más chismes.
Pero no es lo único que pesa sobre el ex presidente, aunque no hay aún una causa abierta. Luego de su marcha de 187 kilómetros de septiembre a La Paz para cercar al gobierno y pedir el adelantamiento de las elecciones, Morales comenzó a recibir notificaciones de la justicia. Cuatro en total. La más notoria es por la cual podrían detenerlo y la que motivó las actuales barricadas: estupro y trata de personas. Las otras tres son por instigación pública a delinquir, daños a la infraestructura caminera y el uso de un vehículo propiedad de un narco.
Los bloqueos de carreteras comenzaron el pasado 14 de octubre. Sumaron 20 en total. La mayoría de ellos se establecieron -por orden de Evo Morales– en Cochabamba, centro del país y desde donde se conectan las otras grandes ciudades: La Paz y Santa Cruz. La elección de este punto fue estratégica y buscó hacer el daño que está provocando a una economía raquítica.
Por eso también ordenó la toma de tres regimientos en esa misma ciudad, en el cual capturaron de rehenes a militares y civiles. “El regimiento ha sido tomado por las ocho centrales. Nos han cortado el agua, la luz y nos han tomado como rehenes. La vida de mis instructores y soldados está en peligro. Por favor, mi general, pido que puedan considerar… estamos padres, hijos, hermanos de familias enteras”, rogó uno de los militares no identificado.
Con el aislamiento y estrangulamiento de Cochabamba, el ex presidente consiguió el desabastecimiento de combustible y alimentos para las grandes urbes. También logró el hartazgo social que empujó a un pedido ciudadano de reacción por parte de la administración central. ¿Persigue que haya muertos? Evo quiere un choque de proporciones con las fuerzas de seguridad que pueda generar la conmoción suficiente como para debilitar a Arce y dejarlo al borde de la renuncia.
En este contexto, Evo pidió la dimisión de todos los funcionarios del gobierno. “Hacemos un llamado a funcionarios jerárquicos, directores, viceministros, ministros y embajadores, a que no sean cómplices del peor gobierno de la historia. Su renuncia será una señal clara en favor del pueblo”, escribió en su cuenta de X. Después, comparó a Arce con Jeanine Áñez, la ex presidenta interina, presa y bajo juicio por la causa “Golpe Estado I”.
Fue en una Carta Pública dirigida a Arce donde lo responsabilizó por la violencia en las barricadas: “¿Alguna vez imaginó que llegaría a este punto? ¿Que autorizaría la misma intervención policial y militar que autorizó Jeanine Áñez? ¿O que mancharía sus manos con la sangre de los indios, los pobres y los campesinos que prometió defender?”.
Y continuó: “El domingo pasado fuimos testigos de un hecho inaceptable: un intento de asesinato dirigido a mi persona, a manos de quienes deberían proteger a nuestro pueblo, pero actuaron como mercenarios. La historia no olvidará ni perdonará un acto tan cobarde que usted, como líder de la nación, no sólo permitió, sino que parece haber alentado”.
Después, luego de la toma de los regimientos y de subir la apuesta hasta el límite, Evo pidió disolver esos piquetes. Pero puso una condición: que el gobierno de Arce retire a las fuerzas de seguridad. “No queremos el derramamiento de sangre”, dijo. Extraño argumento para alguien que llevó hasta la cornisa al país una y otra vez. Sus seguidores, sin embargo, amenazaron con mantener los bloqueos. El líder cocalero también exigió la creación de una mesa de “diálogo” y para forzar el cumplimiento de sus demandas anunció una huelga de hambre.
Morales se muestra fuerte en las calles, se cree capaz de desestabilizar al gobierno y de provocar escasez de suministros en todo Bolivia. Lleva el conflicto a un límite de no retorno. Pero eso no es todo: amenazó con un levantamiento popular indígena y un “amotinamiento” militar si es detenido por estupro, trata o alguno de los delitos por los cuales se lo acusa. Un golpe de Estado, liso y llano. ¿Arce conoce a los militares que comulgan el mismo complot que el líder cocalero?
El presidente boliviano salió al cruce de las amenazas y de los copamientos de estructuras militares: “La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria, una afrenta a la Constitución Política del Estado, a las Fuerzas Armadas y al propio pueblo boliviano, que rechaza de manera contundente los bloqueos criminales de Evo Morales, así como estas acciones delincuenciales”.
Al parecer, Evo sumará otra causa judicial, la de “traición a la Patria”. “Como gobierno democráticamente electo, en el marco de nuestras facultades constitucionales y con el apoyo del pueblo, continuaremos llevando adelante acciones orientadas a reestablecer el orden público precautelando la vida de las bolivianas y bolivianos, la paz social, así como el derecho del pueblo al libre tránsito, al trabajo, al acceso a combustible, alimentos y medicamentos”, remarcó Lucho.
Mientras tanto, América Latina parece mirar para otro lado. Evo se imagina aislado y pide “la participación de organismos internacionales y países amigos como facilitadores del diálogo”. Ni las máximas democracias regionales ni los aliados de La Paz -las dictaduras venezolana, cubana y hondureña- pidieron hasta el momento cesar las hostilidades entre los dos popes del MAS. Los socios trabajan por lo bajo para conseguir un equilibrio muy difícil de alcanzar. Deberán elegir a uno de ellos. Pero otras naciones con fuerza y ascendencia en la región y en el país, como Brasil, se desentienden.
Tampoco el Grupo de Puebla o la CELAC -agrimensores de calidad democrática- se manifestaron por el proceso golpista en marcha en Bolivia. El primero de ellos sólo se limitó a emitir un comunicado en clave satírica. Por un lado, se solidariza con Evo por el “intento de magnicidio” y por otro, apoya la investigación que hace el gobierno de La Paz para “llegar a la verdad”. ¿Sabrán que Evo acusó a Arce de querer matarlo y que los ministros gubernamentales insinuaron que el jefe cocalero era narco y evadió un control antidrogas?
Una pregunta baladí mientras Bolivia se desangra en una pelea interna que fue trasladada por sus popes a toda la población. Evo se siente fuerte en las calles; Arce se asume legitimado para retomar ese control. Nada bueno puede salir de esa pulseada que sólo puede tener un vencedor.
Fuente: Infobae
