Una acción por incumplimiento de sentencia se presentó en la Corte Constitucional (CC) en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la comisión ciudadana que realiza el concurso público para la elección de la autoridad de la Contraloría General del Estado.
Desde el 20 de julio de 2023 está en trámite en el despacho de la jueza de la Corte Constitucional Karla Andrade el trámite de una acción por incumplimiento de sentencia planteada por Andrea Medina Bachmann y Soraya Suárez Romo, quienes acusan al Consejo de Participación Ciudadana y a la comisión ciudadana de haber incumplido una sentencia del juez Diego Guayasamín, de la Unidad Judicial de Rumiñahui (Pichincha).
En ese fallo, emitido el 28 de abril de 2023, Guayasamín dispuso que el concurso para elegir al titular de la Contraloría vuelva a la etapa de admisibilidad para la revisión del cumplimiento de requisitos y que se haga con un nuevo reglamento; que se otorgue un punto por paridad de género (ser mujer); y, que «se descalifique a todos aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de su postulación, esto es que aquellos postulantes que no cumplían con los requisitos al momento de la presentación de su carpeta».
Quien impulsó la acción de protección fue Andrea Medina y este 22 de septiembre pasado acudió a la Corte para informarle que la comisión ciudadana habría decidido «inobservar e incumplir» la sentencia en la que se ordenó descalificar a los concursantes que no cumplieron con los requisitos establecidos al momento de la presentación de su postulación, es decir, aquellos que no cumplían con los requisitos al momento de la presentación de su carpeta.
La accionante cuestionó que la comisión ciudadana dio por concluida la etapa de verificación de requisitos en una sesión y admitió a 103 postulantes a mantenerse en el proceso, pese a que no cumplían requisitos legales e incumpliendo el fallo judicial.
«Pese a lo señalado (en la sentencia) es aún más alarmante que como parte de los argumentos señalados para el incumplimiento de normativa expresa y de la sentencia citada, la comisión entre sus razonamientos para no cumplir una sentencia constitucional, es debido a que esta es una sentencia de primera instancia y que ellos ya habían resuelto la subsanación de requisitos, lo que claramente denota un gravísimo desconocimiento de la normativa por parte de algunos miembros de la comisión», precisó Medina.
Para ejemplificar, expuso que 54 postulantes fueron admitidos sin declaración juramentada de probidad en el ejercicio de la profesión; cuatro con registros de responsabilidad administrativa por la Contraloría; un postulante con indicio de responsabilidad determinada por la Contraloría; un concursante admitido con indicio de responsabilidad civil culposa determinada por la Contraloría; 19 admitidos que no presentaron certificado de caución emitido por la Contraloría.
También que 24 postulantes fueron admitidos sin presentar certificado de responsabilidades de la Contraloría; 98 admitidos sin el certificado de no haber ejercido una dignidad de elección popular o haber sido directivo de un partido o movimiento político en los últimos cinco años; 32 postulantes admitidos mantienen caución con la Contraloría; un admitido que no presentó certificado de no tener obligaciones en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros.
La accionante reclama que pese a la sentencia de Guayasamín, los comisionados aprobaron el informe de calificación de méritos de 103 concursantes y se convocó a rendir el examen escrito, previsto para este sábado 30 de septiembre de 2023.
De su lado, Soraya Suárez informó que el Consejo y la comisión ciudadana no reconocieron el derecho a la igualdad y paridad de género que dispuso el fallo, pues no se incluyeron más mujeres en el proceso de elección de la autoridad, por lo que «no se subsanaron los derechos a la igualdad de género, paridad de género».
Por otro lado, el 11 de julio del 2023, un tercer interesado, el ciudadano identificado como Oliver Vinueza Flores solicitó al juez Guayasamín dar seguimiento al cumplimiento de su sentencia.
Recordó que el 9 de junio, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana codificó el reglamento y ordenó a la comisión que el concurso avance de acuerdo con una resolución emitida el 29 de diciembre de 2022, en la que aprueba el cumplimiento de requisitos en la fase de admisibilidad que «mantendrá su vigencia y efectos».
Con ello quedaron habilitados 103 postulantes de 118 que se inscribieron en noviembre del 2022. De ellos, casi la mitad no presentaron la declaración juramentada según las disposiciones del reglamento, pero los comisionados decidieron «subsanarlo» alegando la proparticipación.
Vinueza informó al juez que habría un «incumplimiento de sentencia», pues «se omitió el haber aprobado y seguido sustanciando el concurso público (…) sin haber observado y cumplido integralmente su sentencia».
«Señor juez, no se ha descalificado a aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de la postulación, esto es, aquellos postulantes que no cumplían con los requisitos al momento de la presentación de su carpeta», informó Vinueza.
El fallo del juez Guayasamín fue apelado y está a la espera del sorteo de un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que resuelva el recurso.
Mientras tanto, este sábado 30 de septiembre, los 103 aspirantes al cargo de contralor están convocados a rendir el examen de conocimientos escrito desde las 10:00 en el colegio Sebastián de Benalcázar, ubicado en el norte de Quito.
Esta es la penúltima fase del concurso público, con lo que en la próxima semana podría estar designada la autoridad que estará en funciones por cinco años.
Solo resta que se abra un periodo de tres días para que los postulantes presenten recursos de recalificación de sus notas de méritos y del examen escrito, valoradas en 50 puntos cada una. Los comisionados tendrán otros tres días para resolver esos pedidos de recalificación y elaborar el informe final.
Este documento, que tiene el carácter de vinculante, será remitido al pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que en un término de dos días elija por votación de mayoría o por unanimidad a la autoridad, que haya obtenido el más alto puntaje en méritos y la prueba escrita.
Por el momento, los dos candidatos mejor calificados en sus notas de méritos son: Alejandra Vivanco Carrión con 49,5/50, exsubcontralora en el periodo del excontralor Carlos Pólit, procesado por hechos de corrupción.
Le sigue, Juan Falconí Puig, exsuperintendente de Bancos en el 2000 y exdiplomático en el gobierno de Rafael Correa, con 47/50. (I)
