En el marco del proceso de fiscalización llevado a cabo por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social respecto a la designación del actual Gerente General de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, se recibieron las comparecencias de exfuncionarios para abordar la gestión, cesión y transferencia de los proyectos mineros Coronas, Huambuno y Nanguipa.
La legisladora Margarita Arotingo mencionó las presuntas irregularidades en la designación del actual Gerente General, afirmando que no consta en los registros de títulos de la Senescyt ni acredita experiencia.
Arotingo denunció que la designación obedece a intereses relacionados con la concesión minera del proyecto Coronas a un precio sumamente bajo, afectando gravemente los intereses del país. Asimismo, señaló que en el proyecto Huambuno cedieron los derechos a una empresa de construcción sin que ENAMI EP realizara acciones efectivas de cobro ni suspendiera las operaciones.
Iván Gordón, exsupervisor de Talento Humano de ENAMI EP, denunció irregularidades en la designación del gerente y su desvinculación ilegal, que vulneró sus derechos como persona con discapacidad visual. Afirmó que otros empleados también fueron desvinculados por no estar de acuerdo con ciertos procesos.
Al respecto, la legisladora Lucía Posso solicitó la comparecencia de las autoridades de ENAMI EP para contrastar la información, porque existen múltiples denuncias en torno a la minería.
De su lado, Daniel Munive, exsupervisor de convenios de ENAMI EP, comentó que de estos no se desarrollaron como estaba previsto.
Juan Pablo de la Cueva, extécnico de ENAMI EP, afirmó que el material incautado en Ibarra solo correspondía a una muestra y que la venta del mismo no se pudo concretar debido a irregularidades en su procedencia.
Además, destacó que la ENAMI EP no ha cumplido los acuerdos comerciales para desarrollar los proyectos mineros de manera adecuada y que el proyecto Nanguipa fue dado de baja por no tener sustento ambiental ni legal, aunque una parte fue explotada sin que se recibieran las regalías correspondientes.
Tras las exposiciones y consultas, Mariana Yumbay presentó una moción para extender el proceso de fiscalización por 30 días adicionales, con el fin de investigar a fondo los actos de supuesta corrupción e irregularidades en la designación del gerente general y en la concesión de los proyectos mineros, que afectan los intereses de los ecuatorianos.
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