14 detenidos dejó el múltiple operativo del caso Pico y Plata. Entre estos hay 10 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT), quienes habrían cobrado sobornos a conductores a cambio de no emitir las multas correspondientes por diferentes infracciones.
Junto con ellos, la Fiscalía investiga la presunta colaboración de un grupo de dueños de winchas o remolcadores de vehículos y otras personas que habrían prestado sus cuentas bancarias para recibir allí el dinero de los sobornos. Todos ellos son investigados por el delito de concusión.
La Unidad Nacional de Delitos Contra la Eficiencia en la Administración Pública de la Policía informó que la presunta red delictiva habría usado el sistema financiero para recibir transferencias electrónicas y dinero en efectivo mediante terceras personas entre familiares y conocidos por aproximadamente un millón de dólares entre 2022 y 2024.
“Con esto se ve afectada la sociedad ecuatoriana, situación que ha generado un clima de desconfianza y temor entre los conductores”, señaló la Policía Nacional.
La Fiscalía, en su cuenta de X, publicó las fotografías de los detenidos, así como las evidencias halladas:
Patricio Gaibor, jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública, explicó que el caso comenzo con cinco investigaciones previas desde 2022, que se fueron unificando ya que se determinó un mismo modus operandi. Los allanamientos se realizaron en Pichincha e Imbabura. “Estamos enfocados en combatir los delitos de corrupción y esta es una muestra”, agregó el oficial.
El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que comete concusión “las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
Fuente: Expreso
