La supuesta falta de acceso al expediente completo certificado, situación expuesta por el abogado de uno de los procesados en el caso Alianza-Petroecuador, hizo que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 17 procesados por el delito de cohecho se suspendiera, sin una fecha definida para continuar. En esta ocasión la diligencia pudo ser instalada, a pesar de que en marzo de 2023 se completaron los 120 días de instrucción fiscal en esta causa penal.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio definida para las 09:30 de este lunes, 14 octubre, estuvo en manos del juez penal de Pichincha Giovanni Freire, mientras que la investigación y la acusación ha estado a cargo de la fiscal Ivonne Proaño. Las 17 personas son procesadas por el delito de cohecho, al formar parte de una red de corrupción que operó en Petroecuador entre 2010 y 2020, con el fin de beneficiar a comercializadoras internacionales de petróleo a cambio de sobornos.
El proceso penal arrancó el 1 de noviembre de 2022 con la formulación de cargos contra Galo Garzón, exadministrador de Contratos; Miguel Palacios, exsubgerente comercial de Operaciones; Lenín Armijos, exasesor de la Gerencia; Andrés Racines, exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador; William Vásconez, exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas; Wilson Naranjo y Jorge Ponce.
Mientras que el 16 de febrero de 2023 fueron vinculados al caso Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador en el periodo presidencial de Rafael Correa; los hermanos Antonio y Enrique Peré Icaza; Raymond Kohut, exfuncionario canadiense de la transnacional Gunvor; Mauricio Samaniego, Irma Romero, José Luis Moreno, Tomás Meneses Petrochelli, Mario Barrigón y Javier Aguilar.
Arias y los hermanos Peré Icaza se encuentran en Estados Unidos. El primero es acusado del delito de lavado de activos y colabora con la justicia estadounidense en un caso relacionado al negocio petrolero, mientras que los Peré Icaza también fueron procesados en Estados Unidos al aceptar su responsabilidad en ilícitos vinculados al tema petrolero.
La Fiscalía ubica a Arias como el líder de la red de corrupción que habría generado un cohecho de aproximadamente $ 22 millones. La acusación sostiene que los procesados que ocuparon un puesto en Petroecuador y en otras instancias públicas colaboraron de alguna forma con Nilsen Arias, siendo gerente en Petroecuador, para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compraventa de crudo o derivados.
Nilsen Arias ha sido acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en aproximadamente diez años, entre 2010 y 2017, cuando fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana.
Lo dicho respecto a que varios abogados no habrían supuestamente tenido acceso al expediente completo certificado generó un cruce de palabras durante la audiencia. Desde el lado de la Fiscalía se calificó al incidente como una “argucia” o “artimaña” para dilatar la diligencia, mientras que desde el lado de los acusados se señaló a los funcionarios de la Fiscalía de dificultar el acceso a la información del caso.
El cruce de palabras terminó cuando el juez Freire suspendió la diligencia, sin dejar claro el momento de su reinstalación. (I)
Diario El Universo
