El Consejo de la Judicatura (CJ) conjuntamente con 25 instituciones y organizaciones sociales instalaron la “Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos para la Niñez y Adolescencia”, en la parroquia de Canoa, cantón San Vicente, provincia de Manabí, la que actuará con énfasis en los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Como resultado de la mesa, se suscribió un acta de compromiso entre la alcaldesa del cantón San Vicente, la Defensora Pública, el Presidente de la Corte Provincial y delegados de la Fiscalía Provincial, Gobernación, Policía Nacional, miembros de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, organizaciones de mujeres y niñez, entre otros.
Las autoridades que suscribieron el documento trabajarán para lograr una articulación efectiva entre el sistema judicial y los sistemas de prevención, atención y protección. El objetivo es abordar con mayor eficacia los casos de vulneraciones de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, en aplicación del principio de interés superior.
“Nuestra prioridad es: no más silencio ante delitos sexuales y de lesa humanidad que involucren a la niñez”, señaló el Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, durante su intervención.
Entre los compromisos alcanzados está la integración de una comisión especial que analizará la situación socio jurídica de los casos relacionados con vulneraciones de derechos humanos de la niñez y adolescencia e identificará las actuaciones necesarias para reducir los índices de violencia.
En lo inmediato, los jueces, fiscales, defensores públicos y demás servidores judiciales deberán aplicar las resoluciones emitidas por el CJ que contienen herramientas e instrumentos especializados para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en todas las fases del proceso judicial.
De igual forma, aplicarán la “Política de Género”; el “Plan Maestro De Celeridad Procesal”; y, la “Directriz de Seguimiento del Principio de Celeridad Procesal en Casos de Violencia Basada en Género, Femicidios y Muertes Violentas de Mujeres, Violencia Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes”, con lo cual se garantiza los derechos humanos de esos grupos de atención prioritaria.
Los miembros de las Juntas Cantonales de protección local, los tenientes políticos, fiscales, comisarios y jueces se comprometieron a utilizar el Módulo Virtual de Medidas de Protección, como medio eficaz para activar la protección para la niñez y adolescencia.
Estos compromisos los asumieron bajo el convencimiento de que el Ecuador, como Estado democrático, debe actuar para evitar la vulneración de los derechos de sus niños, niñas y adolescentes.
