Incumplimiento de funciones durante el paro de actividades de junio 2022 y en el asesinato de María Belén Bernal dentro de la escuela de Policía Nacional son las principales acusaciones que enfrentará el exministro del Interior Patricio Carrillo Rosero en el juicio político que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea comenzó a tramitar.

Por unanimidad de seis legisladores presentes, la mesa de Fiscalización resolvió unificar los pedidos de juicio político en contra de Carrillo, planteados por los legisladores Jhajaira Urresta (UNES) y Peter Calo (Pachakutik); Johanna Moreira y Lucía Placencia (ID) y de Gissela Garzón (UNES). Quedó fuera de la calificación la solicitud presentada por el legislador Ricardo Vanegas en contra del mismo exfuncionario por el caso Bernal.

Vanegas calificó de extraña la decisión de la Comisión de Fiscalización de no calificar su pedido de juicio político contra Carrillo, que acoge una resolución del pleno del Legislativo que recomendó tramitar un juicio no solo al exministro Patricio Carrillo, sino también a la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, y a Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, por incumplir funciones en el caso de femicidio de María Belén Bernal, que es la misma causa por la cual presentó la solicitud de juicio la legisladora correísta Gissela Garzón.

Explicó que la Comisión puede unificar los juicios cuando existe identidad objetiva y subjetiva, es decir, cuando se trata del mismo caso y en contra de la misma persona, por lo tanto, no procedía la unificación del tercer juicio planteado por la asambleísta Gissela Garzón, porque el caso Bernal no tiene nada que ver con las movilizaciones de junio de 2022, es un hecho posterior; por lo tanto, no hay identidad objetiva.

En el momento que la Comisión agrega el tercer juicio deja de lado la cuarta solicitud de juicio planteada no solo a Carrillo, sino también a los funcionarios Paola Flores y Diego Ordóñez.

Según Vanegas, en esa decisión de la Comisión existe un acuerdo político de excluir de un juicio a Diego Ordóñez y a Paola Flores, porque en el momento que se censure a Carrillo, por las tres causales calificadas incluida la del caso Bernal, ya no podrá activarse el juicio planteado por la misma causa; es decir, por el caso del femicidio de María Belén Bernal, porque la Constitución prohíbe un doble juzgamiento. “Lo que han hecho es proteger a Ordóñez y a Flores”, insistió.

La Comisión dispuso a la secretaría que proceda a notificar al acusado y a los cinco legisladores que plantearon la solicitud de juicio a Carrillo para que presenten las pruebas de cargo y de descargo; luego, la mesa de Fiscalización calificará las pruebas y aprobará un cronograma de comparecencias que concluirá con la presentación de un informe para conocimiento del pleno.

Motivaciones del juicio

En el juicio respecto a las movilizaciones a nivel nacional realizadas del 13 al 30 de junio de 2022, la legisladora interpelante Johanna Moreira (ID) explicó que existen pruebas de que Carrillo incumplió durante la jornada de protestas y también que el exfuncionario fue incapaz de crear una política criminal preventiva para frenar la ola de inseguridad reforzando a la Policía Nacional.

Dijo que como pruebas existen testimonios de la represión y violación a los derechos humanos de las personas que protestaron en las calles en oposición a las políticas del régimen de Guillermo Lasso.

Gissella Garzón (UNES) destacó que en el pedido de juicio en contra de Carrillo demostrará que el Estado a través del exministro no garantizó una vida libre de violencia en el caso de María Belén Bernal, tomando en cuenta que el Ministerio del Interior es el que coordina la Policía Nacional.

Añadió que en el proceso el país se dará cuenta de que se permitió la fuga de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de Bernal. Y además al suceder el hecho en una escuela de Policía no es menos grave un femicidio ocurrido en una casa, pero sí es grave cuando el Estado participa de un femicidio; en este caso, el hecho ocurre en manos de un agente estatal y en una institución estatal a cargo de un ministerio; bajo todos esos parámetros el juicio está enfocado al principal funcionario que, en su momento, fue responsable de ejercer control para evitar el asesinato de María Belén Bernal. (I)