Guayaquil es la ciudad más poblada del país y la que superó en los últimos doce años el umbral del 80 % de viviendas con acceso a agua por red pública, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de basura.
Según datos del Censo Ecuador 2022, la provisión de alcantarillado fue la que más creció pasando de un 60,6 % en 2010 a 83,5 % en 2022. A este indicador le sigue el incremento del acceso a agua por red pública que pasó de 85,4 % a 93,7 % en la última década.
Tanto energía eléctrica como recolección de basura tienen menos del 2 % de déficit de cobertura en la ciudad, sobre todo en el área urbana.
Ese porcentaje faltante en los cuatro indicadores, que se analizaron en el último censo, se ata al crecimiento acelerado que ha tenido el Puerto Principal hacia el noroeste, específicamente, la parroquia Tarqui Popular que agrupa sectores como Monte Sinaí, Flor de Bastión, entre otros.
En esas zonas, por ejemplo, el agua potable y el alcantarillado sanitario aún no llegan a todos, pues están en procesos de legalización.
Para César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, este panorama que se ofrece en el censo no está cercano a la realidad.
El activista critica que, por ejemplo, se hable de más de un 80 % de cobertura en alcantarillado cuando existen más de 60 cooperativas en el noroeste que viven en condiciones precarias.
Ricardo Pozo, docente titular de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y coordinador del Observatorio Urbano y Territorial, afirma que no solo existe carencia de servicios en el noroeste. La vía a la costa, que se ha apuntalado como un polo de crecimiento, tiene falencias en áreas como Chongón, Casas Viejas, entre otras comunas rurales.
“Son como pequeños suburbios dentro del área urbana”, sostiene Pozo, quien añade que parte del déficit registrado en este último censo se explica por la falta de planificación urbana que tiene la ciudad.
En ese sentido, Héctor Hugo Ullauri, docente e investigador de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, dice que este censo marca una especie de guía para que el Municipio trabaje en ese porcentaje faltante y que lo existente lo mejore o modernice.
El catedrático menciona que incluso a nivel de las zonas consolidadas y con cobertura de servicios básicos hay inconvenientes por falta de colectores o ramales en sistemas y vetustez de estructuras.
En la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de la urbe, al no haber capacidad instalada suficiente de alcantarillado pluvial, el agua de las lluvias fluye por gravedad a través de vías y cunetas y se mezcla con las aguas servidas.
Kennedy Vieja, otro ejemplo, sí tiene su sistema, pero un sistema de alcantarillado intradomiciliario y una colectora que no puede recibir más descargas de aguas servidas de lo que ya está diseñado.
“Lo masivo sí está concentrado en las zonas recientemente consolidadas o zonas no consolidadas. Pero también hay que analizar qué porcentaje de esa cobertura está en buen estado, ya que existen zonas que se inundan y hay falta de conexión con ramales de aguas lluvias”, afirma.
Para ordenar la llegada de la obra pública en la ciudad, el Municipio aprobó una ordenanza que da paso a un reordenamiento de Guayaquil a través de 19 áreas de gestión administrativa.
La idea del cabildo es que con esta división se marque un equilibro territorial, se puedan medir intervenciones, la llegada de la obra pública y el número de beneficiados en la urbe porteña.
De la misma manera se avanza en el tema de la legalización desde la dirección de Terrenos en sectores como Monte Sinaí y Flor de Bastión.
Desde la visión de los catedráticos, un punto que también se debe de tomar en consideración es el escenario de la zona rural que se revela en esta encuesta. El censo expone que áreas como Posorja, El Morro, isla Puná y Tenguel mantienen un nivel deficiente de acceso a agua potable y alcantarillado.
Puná, a 2022, no llegaba ni al 1 % en acceso de alcantarillado y registraba solo un 33 % de cobertura de agua potable.
Pozo y Hugo Ullauri concuerdan en que ha habido exclusión social hacia estos sectores en los últimos 30 años. Los docentes señalan que esta falencia podría explicarse desde el lado político, puesto que en estas zonas no existe una cantidad fuerte de votantes. (I)
Fuente: El Universo
