El martes 1 de octubre último, Émerson Curipallo se transformó en el segundo juez que resolvió de forma irregular una acción constitucional planteada por el exvicepresidente Jorge Glas y por ello recibió una pena de cárcel. Banny Molina, de la Unidad de Garantías Penitenciarias del cantón Portoviejo, en Manabí, fue el primero en recibir una condena de prisión por sus actuaciones al margen de la ley.
Luego de acogerse a un procedimiento abreviado, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, jurisdicción a la que pertenecía Curipallo como juez, lo declaró culpable del delito de prevaricato y le impuso una pena de dos años de cárcel, pues en noviembre de 2022 concedió, de forma ilegal, una medida cautelar autónoma que le permitió salir al líder correísta de la denominada cárcel 4, en Quito.
En ese momento Glas se encontraba cumpliendo dos condenas en firme por actos de corrupción en los casos de asociación ilícita Odebrecht (seis años) y Sobornos 2012-2016 (ocho años), por el delito de cohecho pasivo agravado.
La Corte Constitucional (CC) observó la conducta de Curipallo en este fallo. Ante ello, emitió una declaratoria jurisdiccional previa por dolo y pidió a la Fiscalía investigar a Curipallo por incurrir en el delito de prevaricato, al otorgar una medida cautelar a favor de Jorge Glas y así salga de la cárcel en 2022.
A finales de febrero pasado, con el voto afirmativo de ocho jueces de la CC, se emitió un fallo que sienta un precedente jurídico para evitar la desnaturalización de las medidas cautelares constitucionales autónomas en el ámbito de la justicia penal. Los jueces expresaron en su sentencia su preocupación porque estos hechos no son aislados, sino que se han convertido en una conducta sistemática de ciertos juzgadores y abogados en libre ejercicio.
“A partir de medidas cautelares constitucionales autónomas improcedentes y por tanto incapaces de generar efecto alguno, extienden sus efectos generando un impacto masivo que incide en su gravedad y alcanza magnitudes que pueden poner en peligro la administración de justicia”, advirtió el pleno de la CC.
Su sentencia dispuso que los jueces rechazarán “de plano” las medidas cautelares autónomas que “pretendan interrumpir o dejar sin efecto decisiones judiciales originadas en procesos penales” por ser contrarias a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Dentro de un testimonio anticipado en el caso Independencia Judicial, en el que por el delito de obstrucción de la justicia han sido llamados a juicio el expresidente y la exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán y Maribel Barreno, apareció el nombre de Curipallo y la medida cautelar que solicitó Jorge Glas.
Álex Palacios, exasesor de Terán en el CJ y la CNJ y procesado en el caso Metástasis por delincuencia organizada, recordó en su testimonio anticipado que la medida cautelar que dejó en libertad en 2022 al correísta fue ‘elaborada’ por el propio Wilman Terán siendo juez de la Corte Nacional. Palacios sostuvo que para esos momentos Terán ya tenía aspiraciones de presidir el CJ.
“Al llegar a Santo Domingo, Wilman Terán me pidió que me estacionara al lado de un carro, recuerdo claramente, un Hyundai azul, propiedad de la abogada Anabel Torres. Cuando nos bajamos de ahí, pudieron hacer la entrega de la medida cautelar a favor de Jorge Glas, que iba a ser firmada por Christian Palacios y a la vez iba a ser tramitada por Anabel Torres para que el juez Émerson Curipallo falle a favor de Jorge Glas en esta medida cautelar. La medida cautelar fue elaborada por Wilman Terán Carrillo en su computadora y le entregó un pendrive”, apuntó Palacios.
Curipallo, Palacios y Terán son parte de los investigados en Metástasis por integrar una “empresa criminal” liderada por el narcotraficante Leandro Norero para infiltrar la justicia y manejar jueces, fiscales, policías, entre otros. En esta causa los dos primeros al haberse acogido al procedimiento abreviado recibieron penas reducidas de 40 y 15 meses de prisión, respectivamente. El exasesor de Terán tuvo una mayor rebaja por haber alcanzado un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía.
En Metástasis, Curipallo fue condenado, además de la pena de cárcel, a pagar una multa de $ 5.520, una reparación de $ 11.040 y debe devolver al Estado $ 200.000, dinero que habría obtenido de Norero por los fallos judiciales emitidos.
Banny Molina y su sentencia por usurpación y simulación de funciones
Pero Curipallo no fue el primero en enfrentar un proceso penal por acciones judiciales ilegales en casos relacionados con Jorge Glas.
El 7 de junio pasado, un tribunal de apelación de la Corte Provincial de Manabí decidió ratificar la pena de un año impuesta contra el exjuez de Portoviejo Banny Molina por el delito de usurpación y simulación de funciones. El 25 de mayo de 2023 se emitió la sentencia de primera instancia contra Molina.
Con la negativa a la apelación propuesta por el destituido juez Molina queda en firme una pena dada al comprobarse que Molina, a pesar de haber sido notificado oralmente de su llamamiento a juicio por el delito de prevaricato, él siguió emitiendo providencias y sentencias. Este accionar se habría dado pese a que la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Manabí había decidido, por voto de mayoría, revocar un auto de sobreseimiento emitido a favor de Molina y llamarlo a juicio por prevaricato.
El procesamiento penal de Molina llegó luego de que, el 5 de agosto de 2022, él otorgó un habeas corpus a Christian Araujo, beneficio que extendió, por el principio intercomunis, a Jorge Glas y a Daniel Salcedo. Inicialmente fue el CJ la instancia que presentó la denuncia por el delito de usurpación de funciones contra el entonces juez Banny Molina y fue la Fiscalía la que luego informó que abrió en Manabí una investigación previa en su contra.
Según la Judicatura, el 5 de agosto de 2022, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí revocó un sobreseimiento a favor del juez Molina y en su lugar ordenó que sea llamado a juicio dentro de un proceso penal por prevaricato, en el que supuestamente él ordenó en diciembre de 2018 que una sentenciada por peculado cumpla la totalidad de su pena de cárcel en su domicilio.
Ante este panorama, sostuvo el CJ, Molina habría actuado sin competencia en el habeas corpus concedido el mismo 5 de agosto de 2022 a Araujo y extendido a Glas y Salcedo.
El nombre de Banny Molina, procesado en el caso Plaga, fue mencionado el 3 de junio pasado, durante el testimonio anticipado de Daniel Salcedo en el caso Purga. El empresario nombró a Molina al recordar un episodio en el que el abogado de Leandro Norero, Christian R., reunió a Salcedo y al líder correísta Jorge Glas en la denominada cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, para hablar de las gestiones que se podían hacer para que ambos salgan de la cárcel.
El supuesto “operador” habría sido Christian R., también procesado en el caso Metástasis a quien la Fiscalía lo ubica con el alias de Globalpax. Según Daniel Salcedo, empresario de 35 años, en la cárcel 4 les reunió el abogado Christian R. a Jorge Glas y a él. Ahí les habría dicho que les podía ayudar a salir.
“Se ve en el sistema público lo que pasó. Yo le pregunté de que cuánto era mi costo, me dijo que eran $ 150.000 y luego le pregunté que cuál era el costo del ingeniero Jorge Glas y él me dijo que de eso ya se estaba encargando Virgilio”, refirió Salcedo en su testimonio.
Molina fue destituido del cargo por el pleno de la Judicatura, en diciembre de 2022, por haber cometido la “infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones como juez” dentro del habeas corpus que favoreció a Glas. Mientras tanto, Émerson Curipallo, luego de ser vinculado al caso Metástasis, para finales de febrero pasado renunció al cargo. El CJ aceptó la renuncia aclarando que esto se da sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran formular en su contra.
La sanción para Diego Moscoso
La situación administrativa que enfrentó en la Judicatura el entonces juez Banny Molina fue similar a la ocurrida en el caso de Diego Moscoso, juez multicompetente de Manglaralto (Santa Elena), quien el 9 de abril de 2022 dio paso a un habeas corpus solicitado por la correísta Nicole Malavé a favor de Jorge Glas. La acción en primera instancia fue aprobada por Moscoso, pero una vez que fue revisada por jueces superiores, todo lo actuado por el juez inferior fue declarado nulo.
El 21 de julio de 2022 el pleno del CJ, tras conocer un informe motivado de la Dirección Provincial de la Judicatura de Santa Elena, definió que Moscoso había incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia y decidió destituirlo del cargo. Una suspensión temporal de 90 días mantenía Moscoso hasta que conoció la declaración jurisdiccional previa ante una negligencia manifiesta determinada también en sentencia por los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena.
En el habeas corpus concedido a Glas en Manglaralto, a Moscoso no solo se lo acusó de haber actuado con falta de competencia en razón del territorio en la tramitación de la acción constitucional, sino también por haber causado indefensión al no citar con la acción a la Procuraduría General del Estado, que actuaba como legitimado pasivo dentro de la causa. (I)
Diario El Universo
