Nicole Bonifaz López es vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) desde mayo de 2023. Fue vicepresidenta y luego ascendió a la presidencia, cargo que ocupó hasta abril de 2024, cuando fue removida de esa dignidad por una mayoría de consejeros. Ha sido crítica del proceso de elaboración y aprobación del reglamento para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General que reemplazará a Diana Salazar Méndez el 8 de abril de 2025, cuando concluirá su periodo de seis años.
Se inclinó a actuar con los vocales Augusto Verduga y Yadira Saltos, con quienes criticó las propuestas de los otros cuatro consejeros —liderados por Andrés Fantoni Baldeón, presidente—, pero de repente se allanaron a ellos pese a las fallas detectadas.
Aunque reconoce que esto la ha sorprendido, no desestima presentar una propuesta nueva para cambiar el reglamento y evitar que en el futuro lluevan las acciones de protección que entorpezcan el concurso público que podría tomar, opinó la consejera, un año o más, con lo que la fiscal Diana Salazar prorrogaría sus funciones.
¿Qué pasa en el Consejo de Participación para que se apruebe un reglamento, luego se lo reforme y en esas reformas persistan errores?
Es lo que también me pregunto, qué es lo que está pasando, porque no es tan difícil elaborar un reglamento. El reglamento es la parte, a mi parecer, la más fácil de lo que implica el concurso público. Lo único que va a pasar, porque estoy segura de que vamos a tener que hacer una reforma por estos errores, por hacerlo al apuro, es retrasar más el proceso. Eso va a provocar no sé si una acefalía en la Fiscalía o una prórroga en funciones de la autoridad actual o, en su caso, alguien que quede subrogando. Sé que están viendo qué hacer, pero para mí lo que cabe es hacer una nueva reforma o presentar un nuevo reglamento. De lo que entiendo se autorizó a la Secretaría General para que se hagan los cambios, pero ellos no tienen esa competencia. Hicieron cambios que no fueron solo de forma o errores gramaticales. El más grave es un artículo que plantea como prohibición para concursar “no haber sido sancionado por ningún delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal”. Pueden decir “borramos el no y ya está”, pero eso es cambiar el artículo. No fue un simple error ortográfico.
¿Se debatió o se discutió previamente para alertar de estos errores?
Ese reglamento se lo conoció de domingo a lunes para ponerlo en aprobación. La consejera Yadira Saltos propuso modular algunos artículos, pero no hubo el tiempo suficiente, incluso para que ella misma se dé cuenta de que había otros artículos que no estaban bien redactados. Este debate se ha venido llevando de forma irresponsable en un concurso tan importante como es el de la Fiscalía. No podemos tomarnos así a la ligera o pretender aprobar un reglamento que no se socializó en las mesas técnicas y simplemente se lo puso a conocimiento de un día para otro.
La prohibición para que se postulen abogados en libre ejercicio que hayan defendido a involucrados en delitos de crimen organizado para garantizar su probidad sigue siendo una preocupación en ciertos sectores.
Estoy de acuerdo en garantizar la probidad de los concursantes, como limitar a aquellos abogados que en los últimos diez años hayan patrocinado causas en determinados delitos del COIP. Sin embargo, no podemos poner a todos los abogados en el mismo saco, porque habrá profesionales que han defendido uno o dos casos en el año y no por eso significa que no van a poder postular. Lo que propongo es analizar que se (limite) a un abogado que haya sido recurrente en patrocinar esos casos o solo se ha enfocado en ese tipo de delitos. Eso es diferente a que un abogado haya tenido uno o dos casos al año y no pueda participar. Pero este sigue siendo un reglamento incompleto y que no ha acogido aportes.
¿Qué hará?
Se puede plantear una moción de reforma al reglamento. Hay buenas cosas, incluso se mejoró el tema de la acción afirmativa y fue por el escrutinio público de las organizaciones sociales, del Colegio de Abogados. Ni siquiera se fijaron que estaba mal redactado. Siempre ha sido un punto por acción afirmativa y aquí se pretendió dar diez puntos extra, uno por cada acción afirmativa. Por ejemplo, si yo no tengo un Ph. D., pero tengo cinco certificados de acción afirmativa, entonces supero a alguien que estudió un Ph. D. Eso no puede ser así. Ese reglamento tampoco contiene el cuadro de méritos para la elección de los comisionados ciudadanos, quienes son los que van a llevar adelante el concurso.
El día de la sesión hizo observaciones al documento, pero no se acogieron. Se está dejando pasar porque no hay tiempo para hacer el concurso hasta abril o porque no hay plata.
Hay que aterrizar las cosas y ser realistas. Con los errores de este reglamento, seguramente tendremos que reformar y quién sabe cuándo se lo hará. Estamos en octubre y, si se presenta un nuevo articulado bien hecho y se aprueba, luego tenemos que conformar la veeduría y el concurso para elegir a los comisionados ciudadanos, lo que tomará unos tres o cuatro meses. De ahí la convocatoria… Para mí, el concurso no va a finalizar en abril o mayo, que es cuando acaba sus funciones la actual fiscal. Este será un concurso tan fuerte que van a llover las acciones de protección y por eso es tan importante el reglamento. Sí creo que esta designación va a tardar un año o más.
Las críticas se han enfocado en que está dirigido a elegir a un juez o un fiscal.
Lo dije en campaña (para llegar al CPCCS), los reglamentos son donde hay que trabajar, porque ahí es donde se mete la mano, ahí es donde se redirecciona a los amigos, a los ‘panas’. Por eso creo que esto debería estar plasmado en una ley para evitar que en el Consejo se haga algo dependiendo de los intereses de alguien.
¿Se están tratando los temas con ligereza? Por ejemplo, hace un tiempo avalaron un sorteo para conformar la comisión ciudadana para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral con dos postulantes que fueron descalificados. Ahora, estos cambios y correcciones de errores gramaticales se aprobaron por sugerencia del coordinador jurídico.
Llamé la atención a la Coordinación Jurídica y a la Presidencia para que revisen bien las resoluciones, porque esto nos pone, no solamente a mí, sino que nos puede acarrear problemas a todos los consejeros. Aquí se están haciendo las cosas a la ligera.
Fuente: El Universo
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