La Comisión Europea propuso prorrogar durante 12 meses la ley de la Unión Europea, que prohíbe la importación al bloque de siete materias primas producidas en tierras deforestadas, incluido el cacao, tras fuertes críticas de la industria, algunos partidos políticos y terceros países.
Esta norma tenía que ser cumplida por todos los países, incluido Ecuador, en enero de 2025. Y para micro y pequeñas empresas a partir del 30 de junio de 2025.
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“La Comisión refuerza el apoyo para la implementación del Reglamento de la UE sobre la Deforestación y propone 12 meses adicionales de período de adaptación, respondiendo a las solicitudes de socios globales”, informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.
La propuesta deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros), instituciones que aprobaron en su estado actual la ley contra la deforestación en 2023 con una holgada mayoría.
El reglamento busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación tanto en el espacio comunitario como en terceros países, pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10 % es atribuible al consumo europeo.
La normativa afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles y estipula que, a partir del 30 de diciembre, las empresas que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar a través de un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales.
Sin embargo, el texto ha sido sometido a una presión extraordinaria en los últimos meses, tanto por parte de la industria como por países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva zelanda o Canadá.
También por parte del Partido Popular Europeo (PPE), familia política de la presidenta de la Comisión Europea, la democristiana alemana Ursula von der Leyen, pese a que esa formación había liderado la negociación del texto en la Eurocámara, donde en ese proceso se amplió la ambición del reglamento respecto a la propuesta original del Ejecutivo.
“No queremos seguir siendo cómplices en la deforestación mundial”, dijo tras su aprobación en 2023 el negociador de la norma en el Parlamento Europeo, el cristianodemócrata luxemburgués Christophe Hansen, propuesto ahora para ser el nuevo comisario de Agricultura en el segundo Ejecutivo de Von der Leyen.
Entre los Veintisiete, no quieren mantener el calendario Estados miembros como Suecia, Finlandia, Austria, Polonia y Eslovaquia, ni tampoco Alemania, que recientemente han cambiado de posición.
Algunas de las preocupaciones se centran en el daño reputacional y caída de las exportaciones que podría infligir el “ránking” de países que debería de publicar la Comisión antes de final de año y que supondría que los Estados con mayor riesgo de incurrir en deforestación serían sometidos a más controles en sus exportaciones.
Otros criticaban que el reglamento agregará trabas burocráticas, especialmente a los pequeños productores o comerciantes.
La Comisión, que hasta hace unos días indicaba oficial y extraoficialmente que no había planes para retrasar la implementación del reglamento, ha terminado cediendo a esa presión y escalonando su aplicación.
“Si es aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, la ley sería aplicable el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas. Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un período de adaptación para asegurar una implementación adecuada y efectiva”, indicó el Ejecutivo.
Bruselas, que también publica una serie de orientaciones técnicas, justifica el proponer ahora una prórroga en virtud de los comentarios recibidos “de socios internacionales sobre su estado de preparación”.
“La Comisión reconoce que, a tres meses de la fecha prevista para la implementación, varios socios globales han expresado reiteradamente preocupaciones sobre su estado de preparación, la más reciente durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York”, agregó el Ejecutivo, que también ha detectado “inquietudes” en algunas partes interesadas dentro de la UE.
“Un plazo adicional de 12 meses para la implementación es una solución equilibrada para apoyar a los operadores de todo el mundo y asegurar una transición suave desde el principio”, agregó el Ejecutivo comunitario.
Con este paso, la Comisión “busca proporcionar certeza sobre el camino a seguir y garantizar el éxito del Reglamento, que es crucial para abordar la contribución de la UE al urgente problema global de la deforestación”, añadió la institución, que sostiene que “la propuesta de extensión de tiempo no pone en duda los objetivos ni el contenido de la ley”.
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