El Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) presentó sus argumentos a la Contraloría General del Estado por los cuales considera que no procede la revisión de los contratos colectivos, así como la nulidad de los mismos.
En julio pasado, el Ministerio de Trabajo presentó la solicitud de examen especial en la Contraloría a los contratos colectivos de cuatro empresas públicas, además de CNEL, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.
Estos contratos se encuentran en la mira del Gobierno, porque se considera que en ellos hay un uso “abusivo” de los recursos del Estado.
El Comité de Empresa de la CNEL presentó los argumentos al contralor Mauricio Torres, indicando que siendo la Contraloría un organismo administrativo, en cumplimiento de lo que determina la Constitución, solo puede revisar temas de carácter administrativo más no las sentencias que tienen el carácter jurisdiccional, indicó el dirigente sindical Richard Gómez.
De acuerdo con Gómez, a quien corresponde revisar esas sentencias de carácter jurisdiccional es a los jueces competentes en materia y no a un órgano administrativo como la Contraloría, y, que ante ello ratifican desde la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador (CUT) y de las organizaciones sindicales del sector estratégico que “es una arremetida de la ministra contra la contratación colectiva, contra el derecho de los trabajadores protegido en los convenios internacionales 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Gómez, quien preside la CUT, indicó que en el caso de CNEL “ya existió una revisión preliminar al contrato colectivo” y no se “encontró ningún tipo de situación anómala o que se haya vulnerado algún derecho”.
Asimismo, comentó que hubo un segundo examen en donde no se determinó ninguna responsabilidad a los trabajadores, sino más bien se cuestiona a los gerentes de las empresas públicas, en este caso especial a los de CNEL, por no haber negociado el contrato colectivo y haberlos llevado al Comité de Empresa y a los trabajadores a una sentencia, por tanto han “explicado al contralor que en derecho no procede la nulidad que equivocadamente o de una forma maliciosa intenta la ministra vulnerar los derechos de los trabajadores”.
Como parte del proceso, la cartera de Estado presidida por Ivonne Núñez, envió la “evidencia documental” de los dictámenes presupuestarios de los contratos colectivos de las cuatro empresas a la Contraloría, que el 11 de julio dispuso que se realicen las verificaciones preliminares.
Gómez indicó que la Contraloría está solicitando información a las empresas públicas, que previamente hace una revisión preliminar y con eso debe determinar si cabe o no el examen especial solicitado por el Ministerio de Trabajo.
Fuente: El Universo.
