La legisladora Katiuska Miranda presentó un proyecto de reformas en materia de tránsito y seguridad vial, con la finalidad de destinar los fondos recaudados por concepto de fotomultas, a la inversión en prevención y educación en seguridad e infraestructura vial en todo el país, a través de sus Gobiernos Autónomos Descentralizados.
En su exposición de motivos, la legisladora puso como referencia que, “el contrato para controlar los límites de velocidad, mediante fotorradares, firmado entre el municipio de Ambato y una empresa privada, generó multas por 68 millones de dólares, de los cuales el municipio recibió 33, mientras que la empresa privada los restantes 35”.
Al respecto, la propuesta indica que, “para el cumplimiento de las finalidades del control de tránsito se podrán suscribir convenios interinstitucionales de cooperación, prohibiendo la delegación o concesión a entidades privadas”.
“Permitir que empresas privadas se beneficien directamente de las sanciones impuestas a los ciudadanos crea un conflicto de interés y desvía fondos que podrían ser utilizados para mejorar la seguridad vial y la infraestructura del país”, señaló.
La proponente argumentó que el proyecto normativo busca alinear la gestión del tránsito con los principios constitucionales de eficiencia, equidad y transparencia, asegurando que los recursos generados por multas se utilicen de manera óptima para mejorar la infraestructura vial y prevenir infracciones y reincidencias.
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