La Unión Nacional de Educadores (UNE) hizo un llamado a organizaciones civiles a sumarse a las marchas en varias provincias, el martes 26 de septiembre, para rechazar el Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, que el presidente Guillermo Lasso entregó a la Corte Constitucional (CC) el 5 de septiembre.
El anuncio lo hizo Isabel Vargas, titular de la UNE, en una rueda de prensa ofrecida la mañana del sábado. La dirigente expresó que el contenido del decreto ley “pretende reducir más de $ 1.000 al sector educativo”, lo cual profundizaría la crisis de la educación pública, afectando a 3,5 millones de estudiantes y a los docentes.
“No hay seguridad, no hay un plan para erradicar todo tipo de violencia en el ámbito escolar. No hay un plan real de las escuelas seguras. No hay un plan de reinserción escolar, por eso es que no han regresado a la escuela más de 25.000 estudiantes. Esta crisis se va a profundizar. En el ámbito laboral, la revalorización docente se quedará igual, no se aplicará, no habrá ingresos al magisterio”, dijo Vargas e indicó que el proyecto normativo también afectará al sector de la salud y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La vocera del gremio de maestros informó que el martes se movilizarán en las provincias de Guayas, Azuay y Pichincha junto con sindicatos de trabajadores, grupos de estudiantes, entre otros.
En Quito, a las 10:00, se trasladarán a las inmediaciones de la Corte Constitucional para exigir a los nueve jueces constitucionales que no den paso al proyecto impulsado por Guillermo Lasso. A esa hora está previsto que la CC lleve a cabo la audiencia pública por vía telemática para analizar el decreto ley.
Entre las medidas que contempla la norma está el cambio de la fórmula de cálculo para el incremento de asignaciones presupuestarias a los sectores de educación y salud, basándose en el presupuesto devengado del año previo. El Estado contribuirá con el 33,33 % al fondo solidario tripartito del IESS para el tratamiento de enfermedades catastróficas.
Se prohíbe el cobro de intereses y/o multas generados por el no pago oportuno de bienes, servicios adquiridos, así como contribuciones periódicas, aportes, cuotas y/o inscripciones, siempre que esto ocurra entre entidades públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado; se excluye de esto a las universidades y escuelas politécnicas. Eliminar los intereses de la deuda del Estado con el IESS por concepto del aporte del 40 % a las pensiones de jubilados.
Se propone, además, la remisión del 100 % de intereses, multas y cualquier otro tipo de recargos generados por el retraso de pagos de bienes y servicios entre entidades del Estado, debido a la deficiencia temporal de caja fiscal provocada durante la pandemia del COVID-19, de las transferencias realizadas para cubrir las obligaciones totales de capital correspondientes a favor de las entidades del sector público, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Para la UNE, el decreto ley constituye “una amenaza a la salud, educación pública y el IESS. El magisterio sostiene que las propuestas “no son emergentes” y “violentan la norma constitucional”, ya que se busca reducir el presupuesto para la salud y educación.
En días recientes también se han manifestado en rechazo al proyecto, el pasado 21 de septiembre llegaron a la Corte Constitucional varias asociaciones de jubilados del IESS, quienes consideran que sus derechos son violados en el contenido del cuerpo legal. Ellos presentaron un amicus curiae en contra del decreto ley. (I)
