Los requisitos para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado podrían volver al debate de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) antes de enviar el reglamento de selección para su publicación al Registro Oficial. Mientras tanto, el concurso público para elegir al sucesor de Diana Salazar Méndez no ha empezado.
Para la próxima semana, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni Baldeón, podría poner en consideración del cuerpo colegiado un conjunto de propuestas de modificación al reglamento que será la base del concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir a esta autoridad, debido a las críticas por su contenido.
Esta posibilidad se da una vez que el juez de Montecristi (Manabí) Vicente Pico Lozano decidió —este 25 de septiembre de 2024— revocar la medida cautelar que suspendió la vigencia de la normativa y archivó, en el mismo acto, un recurso de acción de protección que interpuso un abogado de esa jurisdicción, identificado como Kenny Delgado Pinargote.
Si bien el CPCCS trabajó sorpresivamente en este reglamento y lo aprobó el 11 de septiembre, en menos de un mes, el concurso público para elegir a una nueva autoridad no ha arrancado ni se ha asignado presupuesto para que comience.
El dilema se da porque el 8 de abril de 2025 se termina el periodo de seis años de Diana Salazar Méndez en la Fiscalía y se estima que, al menos, el proceso para elegir a su reemplazo tardará un año o más por el interés de las relaciones de poder en cooptar el organismo.
Pero antes de que se publique el articulado en el Registro Oficial, gremios de abogados en el libre ejercicio piden a los consejeros que se lo reforme, ya que afectaría derechos constitucionales.
En ese contexto, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, abrió un espacio de diálogo con la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) para escuchar sus inquietudes y admitió que puede ser perfectible.
El presidente de la Fenade, Paúl Ocaña Merino, acudió a una reunión con Fantoni, de quien sintió fue receptivo en atender sus sugerencias.
La cita se realizó el miércoles pasado y le entregaron un documento en el que plasmaron las características que deberían reunir los postulantes a dirigir la Fiscalía General para un mandato de seis años.
Entre ellas que tenga “sólida formación académica y profesional, una amplísima experticia en la litigación penal y una probidad notoria indiscutida y verificable”.
Para cumplir ese objetivo, el reglamento aprobado no sería un aporte porque contiene disposiciones contradictorias. Por ejemplo, el artículo 22, literal t, que pone una prohibición especial para los abogados en libre ejercicio que no podrán inscribirse si en los últimos diez años patrocinaron causas relacionadas con más de 35 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Para la Fenade, aquello violenta los derechos constitucionales a la no discriminación y al derecho al trabajo.
Y “más grave y contradictorio es que, mientras el abogado que patrocina la defensa técnica de un procesado no puede participar en el concurso, el defendido, si es abogado y no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, sí podría hacerlo. Esto podría explicarse desde el punto de vista de la presunción de inocencia, pero es obvio que entra en abierta contradicción con la acreditación de la probidad notoria”.
El gremio propone que para evitar que juristas que puedan tener vínculos con bandas de delincuencia organizada se inmiscuyan en el concurso se debería analizar alternativas para que los aspirantes permitan el análisis de sus cuentas bancarias, de su patrimonio mobiliario, inmobiliario y/o que nunca hayan sido procesados penalmente, entre otros elementos que “garanticen la probidad sin sombra de duda alguna”.
En el documento, el abogado Paúl Ocaña lamenta que el CPCCS haya emitido una norma sin un análisis detenido y profundo que dejó “vacíos, falencias, discriminaciones, contradicciones, inconstitucionalidades, ilegalidades y vulneración de derechos”. De aplicarse así como está, él añade: “Tendremos al frente de la Fiscalía a una autoridad nacida de un concurso deslegitimado e inconstitucional en el que se subestimaron méritos y se violentaron derechos, causándole un daño muy grave al ya deteriorado sistema de justicia”.
Por ello piden que se reforme este cuerpo legal y que se conforme una veeduría independiente que vigile la transparencia de la futura designación.
Un criterio similar lo planteó el colectivo Juristas por la Democracia, que reunió a 16 abogados en libre ejercicio, y pidió también cambios al cuerpo legal.
En todo caso, antes de convocar a la ciudadanía a postularse para ser fiscal de la nación, el Consejo de Participación Ciudadana debe integrar una veeduría ciudadana que ‘observe’ el procedimiento de selección.
Luego se convocará a la conformación de una comisión ciudadana que será la que lleve a cabo el concurso de méritos, oposición e impugnación y que estará integrada por diez personas: cinco electos en representación de la ciudadanía y cinco designados por las funciones del Estado.
Superada esa etapa se convocará oficialmente al concurso para recibir las postulaciones. (I)
Diario El Universo
