La millonaria deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que asciende, según cifras oficiales, a $ 10.151,9 millones ha puesto a la entidad en riesgo de caer en incumplimientos del pago de pensiones a jubilados, así como de afectar las reservas del Fondo de Pensiones. La falta de pagos que viene acarreándose desde el 2012 también se ha acumulado en este gobierno, que ha dejado de pagar solo este año $ 1.250 millones por el 40 % de aporte.
Así lo revelan cartas enviadas al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, por parte del dos altas autoridades del IESS, en las cuales insisten al Gobierno que cumpla con los pagos que adeuda el Estado al IESS, tanto por obligaciones del 40 % de pensiones como por la deuda de salud.
Los autores de las comunicaciones son el director del IESS, Diego Salgado (a través del oficio IESS-DG-2023-0773-O del 18 de agosto de 2023), y de la representante de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez (Oficio IESS-CD-EM-2023-0009-O del 19 de septiembre de 2023).
Carta del director del IESS
En la primera, el director Salgado establece los pagos pendientes por parte del Ministerio de Economía. Así, indica que entre enero del 2012 hasta junio del 2023 el Estado adeuda al IESS $ 4.936,1 millones por el 40 %. Esto es, $ 3.851,4 millones por las contribuciones mismas y $ 1.084,6 millones por los intereses generados.
Es que parte de la deuda del 40 % tiene que ver con deudas de anteriores gobiernos y del actual. Además, el Fondo de Pensiones se vio afectado cuando por tres años el régimen de Rafael Correa promovió -y la Asamblea afín aprobó- el no pago de ese 40 %, argumentando que había suficiente liquidez. Además de ello, Salgado señala en la misiva que hay una deuda de $ 4.830 millones por salud. Esta, si bien este gobierno la ha reconocido, aún debe ser oficializada. Estos son los rubros que componen la millonaria deuda de $ 10.151,9 millones antes mencionada.
Carta de la representante de empleadores en el Consejo Directivo
Entre tanto, en la carta más reciente, del 19 de septiembre, María de los Ángeles Rodríguez insiste en la preocupación, que en comunicaciones ya se le había manifestado al Gobierno, por la grave situación por la que se encuentra atravesando la institución, “ante el alto riesgo de incumplir con el pago a los jubilados, así como por el atraso que acarrea el pago a prestadores externos”.
De acuerdo a esa carta, ante el incumplimiento del pago de las obligaciones del Estado para con el IESS, por concepto del 40 % y otros rubros de pensiones, la institución “se ha visto forzada a tener que desinvertir del portafolio del Fondo de Pensiones, administrado por el Biess, aproximadamente $ 480 millones, en lo que va del año 2023; monto que podría ascender a $ 1.511 millones hasta el cierre del presente ejercicio fiscal”. Esto va en contra de la sostenibilidad financiera y actuarial de dicho fondo, descapitalizándolo y generando un lucro cesante, le dice al ministro.
También señala que mientras el Ministerio de Economía y Finanzas ha dejado de transferir al IESS, en lo que va del año 2023, aproximadamente $ 1.250 millones por concepto del aporte del 40 % y otros rubros de pensiones, el Biess ha invertido en el mismo periodo en bonos del Estado ecuatoriano aproximadamente $ 1.627 millones, lo cual evidencia que “el IESS ha financiado el Presupuesto General del Estado, por un valor total aproximado de $ 2.877 millones con recursos de los afiliados, jubilados y beneficiarios del IESS a nivel nacional”.
En todo caso, Rodríguez solicita al Gobierno una cita para poder buscar soluciones y un acuerdo de pagos.
Protesta de jubilados
Para Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, es muy importante la información que revelan estas cartas con datos oficiales. Explica que la morosidad del Gobierno en el pago de la deuda pública al IESS ha descapitalizado peligrosamente la sostenibilidad financiera de los fondos de salud y de pensiones del seguro social obligatorio, los cuales se financian mensualmente con los aportes de los afiliados y empleadores de este seguro: “Se ha puesto en riesgo la sostenibilidad financiera de sus prestaciones”, dice.
Además reclama que el Gobierno “de manera sui géneris, por decir lo menos, a través de un decreto ley enviado a la Corte Constitucional con el carácter de urgente en materia económica no quiere pagar los intereses de la deuda”. Según Llanes, esto equivale a decirle a la banca nacional (pública y privada) que no cobre intereses a sus deudores. Jamás aceptarían una propuesta de esta naturaleza, menos todavía que lo quieran hacer a través de una ley de la República.
Efectivamente, hace pocas semanas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió a la Corte Constitucional el decreto ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas. Este decreto en su artículo 31 establece como disposición trigésimo quinta la prohibición de cobrar intereses al Estado por deudas. Entre los afectados con esta medida estaría el IESS.
El texto indica: “Se prohíbe el cobro de intereses y/o multas generados por el no pago oportuno de bienes, servicios adquiridos, así como por las contribuciones periódicas, aportes, cuotas y/o inscripciones, siempre que esto ocurra entre entidades públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado. Se excluye de esta prohibición a las universidades y escuelas politécnicas públicas. Se podrán cobrar intereses, multas u otros costos relacionados con garantías soberanas en operaciones de endeudamiento público contratadas por entidades del Presupuesto General del Estado”.
En el caso de los intereses del IESS, significaría no cancelar los $ 1.084,6 millones que se habían mencionado anteriormente y que constan en los oficios enviados al Ministerio.
Varias organizaciones de jubilados acudieron este 21 de septiembre a la Corte para presentar amicus curiae para rechazar esta pretensión en el decreto ley.
Entre tanto, Llanes asegura que en los próximos días tomarán medidas de diversa índole para presionar el pago de lo que se adeuda. (I)
Fuente: El Universo
