El Pleno de la Asamblea Nacional, con 117 votos afirmativos, aprobó el proyecto de reformas al Código Orgánico Ambiental, que tiene por objetivo actualizar y clarificar la normativa existente respecto a la gestión ambiental, en especial en temas como impacto ambiental y servicios, así como alinear su texto con los compromisos internacionales, a fin de asegurar una gestión ambiental eficaz.
En esta administración del presidente Henry Kronfle Kozhaya, con tan solo 10 meses de gestión se han aprobando 28 leyes que benefician a las y los ecuatorianos.
Guido Vargas, presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, detalló las observaciones formuladas en el Pleno, las cuales fueron recogidas en el texto final del proyecto de ley, especialmente en lo que se refiere al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la participación ciudadana, las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados en materia ambiental, áreas protegidas, servicios ambientales, regulación de actividades de restauración ambiental, entre otras.
La propuesta de reforma aborda temas relacionados con compensaciones por servicios ambientales, la regulación del mercado voluntario de carbono, gestión de patrimonio forestal, registro y certificación, conservación de la vida silvestre, conservación de páramos, moretales y manglares, planes e instrumentos para el ecosistema páramo.
Entre otros, el proyecto modifica el artículo 12 por el cual involucra a los gobiernos autónomos descentralizados, como parte de los organismos con competencia en materia ambiental del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Además, en lo relacionado con la investigación ambiental, obliga a la autoridad nacional a presentar un informe anual sobre los datos científicos y técnicos sobre la biodiversidad y el ambiente, asimismo, regula la participación ciudadana en la gestión ambiental a través del Consejo Ciudadano Consultivo y los Consejos Consultivos Paritarios Locales.
Igualmente, amplía las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y reforma las facultades de los gobiernos metropolitanos y municipales, así como las que corresponden a las parroquiales rurales, en esta materia.
En las próximas horas, la Asamblea Nacional remitirá el proyecto al Ejecutivo para su sanción u objeción dentro del plazo de 30 días.
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