Consultado sobre si archivar estos juicios políticos sería la vía más rápida para llegar a tramitar el proceso de la ministra del Interior, Mónica Palencia, el legislador correísta indicó que no será una decisión personal ni de los bloques y que corresponder al pleno seguir el proceso correspondiente.

“La comisión cuenta con representantes de algunos movimientos y partidos políticos y aquí es donde se decidirá el futuro de estas solicitudes”, subrayó.

Barreto apuntó que considera que, de manera estratégica, el Gobierno presentó las solicitudes de ejuiciamiento político contra Montalvo y Arosemena “para demorar los inminentes procesos de control político” a Palencia y la canciller Gabriela Somnerfeld, que fue archivado en el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 8 de agosto.

En tanto, el pedido para enjuiciar políticamente a Arosemena, ministro durante el gobierno de Lasso, es impulsado por la legisladora Inés Alarcón, de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN).

La Comisión de Fiscalización tuvo que volver a conocer este pedido de juicio político tras una sentencia del juez Édgar Romero, quien otorgó una acción de protección a Alarcón porque el 1 de julio pasado la mesa de Fiscalización no permitió que presente nuevas firmas de respaldo al juicio una vez que se registró el retiro de algunas rúbricas, lo cual invalidó el trámite.

Arosemena es señalado por presuntamente incumplir funciones por supuestas omisiones en el manejo de la caja fiscal y falta de transparencia en las cifras de las finanzas públicas, de realizar la transferencia de $ 75 millones del Fondo Común Amazónico al Ministerio de Finanzas y por la falta de pago a los municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales.

Mientras en el caso de Montalvo, el proceso es presentado por un supuesto incumplimiento de funciones en la gestión y ejecución del cronograma de admisión a institutos y a conservatorios públicos. También fue responsabilizada con la celebración de un convenio de pago derivado de sus omisiones, causando erogaciones económicas y contingentes legales a la institución. (I)