Pese a que la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, convocó para este sábado a las 12:30 para conocer y calificar el juicio político en contra del exministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena, a última hora y sin mayores argumentos se informó que la sesión se cancela.
El pedido para enjuiciar políticamente a Arosemena, ministro durante el Gobierno de Guillermo Lasso, es impulsado por la legisladora Inés Alarcón,de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN). Pese a que continúan corriendo los plazos, aún no se conoce cuándo se realizará la diligencia.
La Comisión de Fiscalización vuelve a conocer este pedido de juicio político, tras una sentencia del juez Édgar Romero, quien otorgó una acción de protección a Alarcón, porque el 1 de julio pasado la mesa de Fiscalización no permitió que presente nuevas firmas de respaldo al juicio una vez que se registró el retiro de algunas rúbricas, lo cual invalidó el trámite.
Tras el pronunciamiento judicial, la Comisión aprobó una resolución mediante la cual acata y da cumplimiento de manera integral la sentencia del 29 de agosto pasado y la providencia de aclaración del 30 de agosto.
Con ello, la Comisión retrotrae todo lo actuado hasta el momento del retiro de firmas, sin que esto alcance a los juicios políticos que han sido evacuados y resueltos con posterioridad a las resoluciones n.° 009-CEPFCP-2023-2025-JP, 010-CEPFCP-2023-2025- JP y 011-CEPFCP-2023-2025-JP con la finalidad de no afectar con la sentencia, los derechos de terceros, así como situaciones jurídicas ya consolidadas.
Un día antes, el viernes 13 de septiembre último, con cinco votos a favor, la Comisión de Fiscalización archivó el juicio político contra Sebastián Corral Bustamante, exsecretario en el gobierno de Lasso, tras el retiro de la solicitud realizada por la proponente Patricia Núñez, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).
Esta es la segunda ocasión que la mesa legislativa archiva el juicio contra Corral Bustamante. La primera la hizo el 1 de julio pasado cuando se anunció el retiro de 26 firmas, pero esa decisión fue objeto de una acción de protección presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón (ADN), que fue concedida por el juez Romero y ordenó que la mesa de Fiscalización vuelva a conocer la solicitud y verifique el cumplimiento de requisitos. (I)
Diario El Universo
