El anuncio se hizo el 20 de mayo del 2024: el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, indicó a la prensa que, en atención a la “Ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral”, en pocos días se emitiría un decreto ejecutivo para que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos asuma además la Política Criminal.
Dicha norma, en vigor desde enero del 2023, señala que la elaboración y ejecución de dicha política criminal estará a cargo de un Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos.
Y como en la actual estructura del Ejecutivo el que posee ese perfil es el de la Mujer y Derechos Humanos, se concluyó que a ese ente le correspondía esa atribución. Algo que generó malestar en las organizaciones de lucha por los derechos de las mujeres, que opinaron que esto podría restarle relevancia al trabajo que se viene realizando desde hace ya varios años para mejorar sus condiciones de vida.
Esos pocos días de los que habló el viceministro para la publicación del citado decreto se han convertido en meses. Han pasado casi cuatro y aún este anuncio no se concreta.
Fuentes cercanas al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos señalaron que, si bien se estaba avanzando en los cambios internos para cumplir la normativa, se ha preferido dejarlos en suspenso porque a la Asamblea Nacional ha llegado un proyecto de reforma a la mencionada “Ley reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral”, así como a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los cuales se realizan cambios para ajustar sus competencias y que la política criminal se maneje desde otra institución.
Este proyecto lo presentó la legisladora correísta Rosa Mayorga, quien es integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. El texto tiene tres artículos y una disposición final. Todavía no ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
En el primer artículo se reforma el artículo 10.2 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que se refiere a la conformación del Consejo de la Política Criminal.
Actualmente, este apartado menciona que entre los integrantes de ese consejo están el ente rector de los derechos humanos y el ente rector de la seguridad ciudadana. Y más adelante se indica que el delegado del presidente de la República presidirá el Consejo, y que el ente rector de la política criminal y derechos humanos ejercerá como secretaría técnica de este.
En el proyecto se retira la frase “y de derechos humanos” al referirse al ente rector de la política criminal.
En el segundo artículo se reforma el 10.4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado en estos términos:
“Art. 10.4.- Ente rector de la política criminal. La rectoría de la política criminal será ejercida por un ministerio con personalidad jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, que tendrá las siguientes atribuciones y competencias:
1. Ejercer la rectoría de la política criminal con enfoque de derechos humanos”.
En la ley vigente se habla de un “ente rector de la política criminal y derechos humanos”; si se cambia, sería solo de “política criminal”, que trabajaría con “enfoque de derechos humanos”.
Y en el tercer apartado del proyecto de Mayorga se cambia el artículo 20 de la Ley de Violencia contra la Mujer así:
“Art. 20. Rectoría del sistema.- La rectoría del sistema está a cargo del ente rector de políticas públicas de las mujeres y derechos humanos. El ente rector del sistema tiene la facultad de convocar a cualquier otra entidad pública, privada o de la sociedad civil para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley”. En la norma vigente se habla del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ya no existe, y por eso hay que actualizarla.
Con todos estos ajustes, el Ministerio del Interior, que es la entidad que atiende el tema de la seguridad ciudadana y maneja a la Policía Nacional, bien podría encargarse de la política criminal, que está estrechamente relacionada con sus labores, explica Mayorga a EL UNIVERSO.
“Quitando la frase ‘y derechos humanos’ lo que queremos es fortalecer al Ministerio de la Mujer y que no se le transfiera la política criminal, que podría ir al Ministerio del Interior, que tiene un aparataje y una institucionalidad más acorde”, señala ella, quien aclara que no es que se creará un ministerio aparte de política criminal y derechos humanos
Agrega que la decisión respecto a qué entidad se encargaría del tema depende del Ejecutivo.
La legisladora señala que este proyecto fue una iniciativa del Grupo Parlamentario de los Derechos de las Mujeres con el acompañamiento de ONU Mujeres y los grupos feministas y de derechos humanos. Añade que la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, conoce el tema y por eso ha dicho que espera que el trámite del proyecto avance en la Asamblea Nacional.
Este Diario solicitó formalmente una opinión al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el cual indicó escuetamente que respetarían las decisiones legislativas que se den en su momento. (I)
Diario El Universo
