Tras la aprobación del informe no vinculante del proceso de fiscalización, referente a los prestadores externos de servicios de salud con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), respecto a la problemática con SOLCA, dializadoras y prestadores de salud externos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió rechazar la inasistencia de los miembros del Directorio del IESS y demás autoridades convocadas a la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social.
Además, solicitar a la Contraloría General del Estado iniciar un examen especial al contrato administrativo correspondiente al servicio de auditoría de la calidad de la facturación de los servicios de salud de atenciones médicas brindadas por los prestadores externos a los afiliados y beneficiarios del IESS, llevado a cabo por Régimen Especial con un presupuesto referencial de USD 5.396.122,81 más IVA y un plazo de hasta 730 días calendario o hasta que se agoten los recursos asignados al presupuesto, lo que ocurra primero, celebrado entre el IESS y ESPE Innovativa EP.
También, dispone que el Ministro de Salud Pública en un plazo no mayor a treinta días, adecúe su normativa secundaria a los preceptos establecidos en la Ley y en las normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, para que la facturación sea considerada como un proceso de validación administrativa y no como un proceso de auditoría que valida el pago.
Con la resolución se exhorta al Presidente de la República que solicite la remoción del cargo del señor Eduardo Peña Hurtado, por su no comparecencia ante la Asamblea Nacional, así como por la negligencia presentada en el ejercicio de su cargo para dar soluciones técnicas o alternativas de pago a los prestadores externos de salud.
Asimismo solicita a la Contraloría General del Estado, a fin de que se inicie un examen especial de gestión, a las distintas autoridades, que han ejercido los diferentes cargos, tanto en el Consejo Directivo del IESS, en la Dirección General y demás servidores de dicha dependencia, como responsables en el proceso de pago de prestadores externos de salud, dentro de sus competencias y atribuciones e imponer la sanción que corresponda conforme lo señale la ley.
Igualmente, se inicie un examen especial al cumplimiento de las atribuciones del Consejo Directivo del IESS, en especial a la aprobación del presupuesto general de operaciones en el que debían constar los recursos asignados para prestadoras de salud externas de los últimos siete (7) años.
Entre los hallazgos, el asambleísta Jaime Guevara manifestó que no existió evidencia documental alguna de la cual se aplique la normativa asignada para el efecto; en especial la calificación debido al porcentaje de objeciones a las auditorías realizadas, lo cual descongestionaría el sistema de pagos. Señaló que, según el representante de las prestadoras externas de salud, 150 mil plazas de trabajo que están en riesgo.
Por último, el asambleísta Camilo Salinas pidió considerar que “muchos prestadores impagos están iniciando glosas patronales porque no están dentro del convenio de las clínicas privadas que no tienen dinero”.
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