La oposición al gobierno de Daniel Noboa puso en marcha, este 12 de septiembre, dos estrategias para despejar el camino en la Asamblea Nacional y acelerar el trámite del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, ratificar el archivo de tres juicios políticos en contra de ministros en el gobierno de Guillermo Lasso e iniciar procesos a los asambleístas por no someterse a las resoluciones plenarias.
Lo primero que hicieron los aliados en esta cruzada (RC, PSC, Construye, Pachakutik e independientes) fue modificar el orden del día de la sesión plenaria 960.
Para ello pidieron a la legisladora Gissella Molina, quien hoy actúa junto con los socialcristianos, que mocionara dicho cambio para incluir a debate una resolución que pretende dejar sin efecto lo resuelto por la Comisión de Fiscalización, el pasado 9 de septiembre, respecto de acatar la disposición del juez Édgar Romero, quien concedió la acción de protección solicitada por la asambleísta Inés Alarcón (ADN) por supuesta violación a su derecho de presentar firmas de respaldo en tres juicios políticos que fueron archivados por la mesa.
La inclusión a debate de la resolución de Molina obtuvo 88 votos y esa alianza de los cinco sectores podría superar los 92 votos que se necesitan ante una moción de destitución y censura de la funcionaria encargada de la seguridad. En la sesión del jueves no se conectaron de manera virtual al menos seis asambleístas, incluido el presidente del Legislativo, Henry Kronfle (PSC).
Lo segundo que hizo esta alianza fue asegurar que la mayoría de los asambleístas que suscribieron en su momento las solicitudes de juicio político contra los exministros Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo formalice el retiro de las firmas de respaldo y de esa forma eliminar cualquier duda respecto de la tesis de que no se pueden iniciar procesos políticos a quienes no tengan los apoyos completos. Con ello se anularían dos de los tres juicios políticos que estarían pendientes antes de que le corresponda a Palencia.
A la par, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), convocó a los asambleístas miembros de la mesa a una reunión para este viernes 13 de septiembre, de manera virtual, para avocar conocimiento y calificar el trámite de la solicitud de juicio político contra Corral.
Propuesta
El bloque del Partido Social Cristiano, a través de su aliada, Gissella Molina, planteó una modificación en el orden del día de la sesión plenaria 960, para que el pleno se pronuncie sobre lo actuado por la Comisión de Fiscalización que, a su criterio, contraviene lo resuelto por el pleno de la Asamblea Nacional, como máximo órgano de decisión de la Función Legislativa, respecto de la sentencia emitida el pasado 29 y 30 de agosto por el juez Édgar Romero, quien concedió una acción de protección por el archivo de tres juicios.
En el escrito, Molina describe que la resolución de la Comisión de Fiscalización aprobada el 9 de septiembre pasado contradice directamente lo dispuesto por el pleno, el 3 de septiembre, respecto de rechazar el fallo del juez Romero. Además, hace alusión a que la norma de la Función Legislativa no permite que una resolución del pleno de la Asamblea pueda ser modificada por una comisión legislativa.
“Las decisiones del pleno deben prevalecer para proteger la estabilidad del sistema”, apuntó Molina, quien aseguró que la resolución de la Comisión de Fiscalización es inaplicable y carece de eficacia jurídica, y además, añade que el pleno es la máxima representación del pueblo ecuatoriano; por lo tanto, permitir que una comisión altere sus decisiones sería un precedente peligroso que pondría en riesgo la estabilidad de la Asamblea Nacional y del sistema democrático.
Antes de tramitarse la propuesta de resolución de Molina, la presidenta encargada de la sesión, Esther Cuesta (RC), suspendió la sesión, y al momento no existe fecha para que se reinstale.
En paralelo, las asambleístas Patricia Núñez (RC) y María Fernanda Araujo (antes de ADN) retiraron sus firmas como proponentes de los juicios políticos en contra del exsecretario de la Administración Pública Sebastián Corral y la extitular de la Senescyt Andrea Montalvo, respectivamente.
En tanto que la asambleísta Alarcón anticipó que tiene listas las firmas necesarias de respaldo al proceso de interpelación en contra el exministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena y que solo esperaba la notificación.
En el proyecto de resolución que será sometido a discusión dispone al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que inicie los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes contra los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización que votaron a favor de la Resolución n.° 015-CEPFCP-2023-2025-JP, de fecha 9 de septiembre de 2024, por contravenir de manera expresa la decisión del pleno de la Asamblea Nacional adoptada el 3 de septiembre del 2024, por cuanto es imperativo y necesario garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones emanadas del pleno por parte de todos los asambleístas, así como de las comisiones especializadas.
Fuente: El Universo
ra
