Sesión extraordinaria 156 del pleno de la Judicatura mostró la división en la que se desenvuelve el órgano de gobierno de la Función Judicial

La transmisión o no de las sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) en las que se conozcan y resuelvan expedientes disciplinarios de jueces y funcionarios judiciales fue el tema que generó, la tarde del martes 19 de septiembre último, una discusión acalorada en el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Los cuatro vocales de la Judicatura fueron convocados por su presidente, Wilman Terán, para analizar varios expedientes disciplinarios. Terán inició la sesión dejando claro que es una potestad de ese pleno imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, amonestación escrita o multa a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

Inmediatamente, el titular de la Judicatura pedía que se le certifique en qué fecha se realizó la sesión número 019 del pleno del CJ en que se conoció el criterio jurídico respecto de las sesiones reservadas. La secretaria respondió que ese criterio fue conocido en la sesión 019-2023, que correspondió al 15 de febrero de 2023.

La consulta iba dirigida a dejar claro que Terán no tenía nada que ver con la aprobación de que se suspenda la transmisión de una sesión cuando se tratan de temas disciplinarios, pues él fue posesionado en el cargo el 16 de enero pasado. “Esto implica cuando el pleno ya decidió la línea de la no transmisión de sesiones en el ámbito disciplinario”.

Su siguiente paso fue pedir que se le certifique si el vocal Fausto Murillo había mocionado o apoyado mociones para que las sesiones del pleno del CJ no se transmitieran. La secretaria de inmediato respondió: son varias sesiones en las que el vocal Fausto Murillo ha mocionado que no se transmitan las sesiones del pleno del CJ, como las sesiones 025 y 027, decía. Para confirmar lo dicho, se reprodujeron dos audios en los que se escuchaba a Murillo.

“Este pleno no debate ni debatirá en ningún momento ningún instrumento que oculte su accionar al pueblo ecuatoriano, que es nuestro primer mandante y fiscalizador”, señalaba Terán al finalizar el audio del vocal Murillo. Insistía en que el país debe conocer que ha existido una línea institucional permanente iniciada antes de su posesión como presidente del CJ para no transmitir las sesiones del pleno en el ámbito disciplinario.

En ese contexto, Wilman Terán elevaba la disposición presidencial de que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en coordinación con las áreas técnicas pertinentes, en el término de 20 días presente los proyectos normativos que ajusten el funcionamiento del pleno del CJ a principios de transparencia, control social y cumplimiento de la norma ISO 37001, confidencialidad y reserva de información.

Horas antes de esta sesión extraordinaria 156, en la mañana, Terán, con el fin de que se armonicen el Protocolo Especial para el Procedimiento General, Funcionamiento y Plan de Contingencia para las Transmisiones en Vivo de las Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) y el Protocolo sobre el Procedimiento para las Sesiones Declaradas como Confidenciales o Reservadas por parte del pleno del CJ, decidió devolver ambos documentos a las áreas técnicas respectivas.

Murillo pidió la palabra para dejar constancia de que él se ha opuesto cuando han tratado de calificar sesiones reservadas o confidenciales. Aclaraba que lo que ha mocionado es que, en caso de expedientes disciplinarios, se suspenda la transmisión en vivo, precisamente por lo que recomienda el informe jurídico que fue la base para el 15 de febrero pasado adoptar esa posición como pleno, antes de que Terán entre en funciones, resaltaba. “Yo me he opuesto a que se califiquen como reservadas o confidenciales las sesiones. Esa es la verdad”.

El expresidente temporal de la Judicatura aprovechaba para exigir que los informes técnicos de las áreas respectivas remitan con la debida anticipación, pues no puede ser, señalaba Murillo, que temas disciplinarios, que necesitan conocer con tiempo por el volumen de los expedientes, se envíen informes con dos horas de anticipación.

“No hay suficiente tiempo para responsablemente formar un criterio y votar”, anotaba Murillo, manteniendo el criterio señalado el 19 de agosto pasado, cuando en una sesión extraordinaria en la que con los votos de Terán y el vocal Xavier Murillo se destituyó del cargo de juez de la Corte Nacional a Walter Macías. El magistrado volvió al cargo debido a una acción de protección que declaró que se le habían vulnerado derechos en su destitución.

El vocal Muñoz iniciaba su intervención agradeciendo a Terán “en nombre del pueblo ecuatoriano por decir las cosas con valentía, contundencia, derecho y verdad”. Afirmaba que la institución estaba siendo atacada de forma orquestada por varios sectores, que el Gobierno de Guillermo Lasso le quiso meter la mano a la justicia cuando le pidió a él la renuncia y que los ataques de la Fiscalía contra la Judicatura solo demuestran que no persigue delitos, sino personas.

También aprovechó el camino señalado por Terán para decir que no se puede ser “doble moral”, recordando que él fue vocal en la presidencia de Murillo, administración en la que, aseguró, se llamaba asimismo a sesiones extraordinarias y, a veces, cómo vocales no gozaban del tiempo necesario para analizar los expedientes. “¿Cómo nos vamos a olvidar de ese caso emblemático en que hubo una denuncia en la noche y al día siguiente se estaba suspendiendo al presidente de la CNJ, Iván Saquicela? Cuando pasó eso no hubo tanto escándalo. (…) Ahora nosotros hemos sido víctimas por cumplir con nuestra obligación”.

Murillo le respondía a Muñoz apuntando que el país entero sabe quiénes trabajan con dignidad, transparencia y tienen una hoja de vida sin tacha y no rabo de paja. Muñoz decía que no quería polemizar con su compañero de pleno, pero le indicaba que habría que meterse a la página web del Ministerio del Trabajo para confirmar si todo lo que decía era así. Terán, en cambio, refería que “cuando varios se juntan sin ninguna motivación legal ni leal implica que han sido aludidos” o, como dice la gente, “se les ha dado donde más les duele: la lucha contra la corrupción”.

Se intentaba tratar los expedientes disciplinarios que estaban en el orden del día, pero debía existir una moción, pues la norma vigente señalaba que debía suspenderse la transmisión para abordar estos temas disciplinarios. Nadie daba una moción y Terán aprovechaba para recordar que, en la primera sesión de carácter disciplinario en que él participó, expresó que el tema del contenido de la resolución debería ser público y el efecto de la deliberación tendría que ser de carácter de íntimo y no transmitido.

Xavier Muñoz explicaba que ya hay un informe técnico y jurídico que en derecho dice que la sesión, cuando se trata de materia disciplinaria, no debe transmitirse. Entonces, refería, al ser una política del CJ elevaba la moción de que no se transmita la sesión en ese momento.

En ese punto pidió participar el vocal Juan José Morillo. Para él, el criterio jurídico respecto a las decisiones reservadas aprobado en febrero pasado era provisional, pues quedó claro que se necesitaba del desarrollo de una norma o un reglamento que permita normar estos procesos, en los cuales se vota para solicitar el corte o suspensión de una sesión en vivo.

“Creo que debemos analizar con profundidad. (…) Esto nos debe llamar a la reflexión de que no todos los expedientes disciplinarios deben ser declarados confidenciales o cortarse la comunicación. Aquí nos dan normas claras. Debemos ajustarnos a lo que nos establece el artículo 21 de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual. Es necesario tener reglamentos claros, que no permitan ninguna mala interpretación, sin duda, y peor afecten a la ley”, añadió Morillo.

El vocal que está siendo investigado por el delito de tráfico de influencias considera que no todos los expedientes disciplinarios pueden estar amparados con la reserva, aclarando que debe haber publicidad en los expedientes que no estén inmersos en las excepciones que define la ley: motivos de seguridad nacional, donde se vean involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, así como cuando hay controversias en relaciones comerciales del Estado.

Wilman Terán decía detectar que hay una dispersión conceptual de lo que significa reservado y confidencial, y la distancia de lo que es cortar una transmisión. Ese comentario fue recibido como una ofensa para Morillo, quien no solo le pidió respeto a Terán, sino que también le dijo que la única dispersión puede existir está en los informes que presentan sus áreas técnicas.

Ante la moción del vocal Xavier Muñoz para que se suspenda la transmisión, pues lo que se iban a tratar son expedientes disciplinarios, la también vocal Maribel Barreno apoyó el planteamiento de Muñoz, argumentando que existe un criterio jurídico que se ha venido aplicando justamente en las anteriores sesiones para precautelar los datos de las personas que están siendo investigadas por temas de carácter disciplinario.

Decía que, mientras no se haya aprobado por el pleno otra circunstancia que enerve este criterio jurídico, lo que debería pasar es que se suspenda la transmisión en vivo y guardar un registro interno de lo que se decida y delibere. Conminó a las áreas técnicas respectivas del CJ a ajustar los procedimientos sobre este tema.

Finalmente, con los votos a favor de Terán, Muñoz y Barreno se suspendió la transmisión en vivo antes de iniciar el tratamiento de los expedientes disciplinarios que estaban en el orden del día. En contra de esa decisión de mayoría votaron Murillo y Morillo. La transmisión salía del aire teniendo en la pantalla como última imagen a los integrantes de un Consejo de la Judicatura dividido. (I)

Fuente: El Universo