La caída de la inversión minera en Ecuador levanta alarmas sobre cómo capitales que podrían ser parte de inversión extranjera en el país, más bien han salido en el 2022.
Datos de la Cámara de Minería del Ecuador indican que la actividad minera incrementó el volumen de inversión de manera importante a partir de 2019. Así, la inversión extranjera directa (IED) llegó a $ 1.400 millones y de esa cantidad, la mitad provenía de la minería. En ese momento, la inversión se relacionaba con las dos grandes minas que se estaban construyendo en Ecuador: Fruta del Norte y Mirador. En el 2020 se mantuvo la inversión, pero en el 2021 bajó y en el 2022 hubo una desinversión de $ 190 millones.
Así lo explicó Eulalia Silva, directora ejecutiva de la Cámara de Minería, con un dato adicional muy preocupante porque cuando la minería legal se retira, entonces quedan abiertos espacios para la minería ilegal, relacionada con mafias, comentó.
En la otra cara de la moneda, Silva resaltó lo importante que resulta la actividad minera legal, por ejemplo en el tema de exportaciones. En el 2022 las exportaciones mineras cerraron en $ 2.775 millones, lo que convierte a la minería en el cuarto rubro de exportación. A su vez, la minería ocupa el tercer puesto en productos no petroleros, y el primero no tradicional. Recordó que las exportaciones pasaron de $ 260 millones en 2018 (cuando había exportaciones de pequeña minería) a $ 5.000 millones entre 2019 y 2021.
En el primer semestre de este año, las exportaciones mineras se ubicaron en $ 1.642 millones, lo que hace suponer que cerrará este 2023 con una cifra superior a los $ 3.000 millones , dijo Juan José Herrera, gerente senior de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, de acuerdo con un reporte de la agencia internacional EFE, publicado en estos días. Lundin Gold es una de las dos minas en producción de Ecuador y que está ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe.
Entre tanto, Silva también explicó que en Ecuador hay tres proyectos que podrían recibir importantes inversiones en los próximos dos años. Estos son: La Plata, en Cotopaxi con $ 100 millones, Curipamba en Bolívar con $ 273 millones y Loma Larga en Azuay con $ 450 millones. En total serían unos $ 830 millones.
Sin embargo, ratificó que lo que ha sucedido en estos días con diversas decisiones judiciales, pueden generar desincentivos para los inversionistas mineros.
De acuerdo con el constitucionalista Emilio Suárez Salazar, en estos días han ocurrido dos temas interesantes sobre el tema minero.
Licencias ambientales
Este lunes 18 de septiembre se realizó una audiencia en la Corte Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) al decreto 754.
Este decreto reformaba el reglamento del Código del Ambiente en el que se desarrollaba el tema de la consulta ambiental. La Corte había dejado sin vigencia el reglamento y con ello se quedaron sin normativa para obtención de licencias ambientales 178 proyectos para construcción de hospitales, botaderos de basura, tratamientos de basura, hidroelécticas e incluso dos proyectos mineros.
Al momento está pendiente que la Corte decida sobre esta normativa, pero el experto consideró que este tipo de temas, que generan inseguridad jurídica, pueden ser muy frustrantes para los inversionistas que traen capitales legales.
Coincidió, de otro lado, que cuando sale la inversión legal de un proyecto minero, enseguida es tomado por la minería ilegal. Al ser consultado sobre la relación entre la minería ilegal y las mafias indicó que: “hemos visto que los grupos de delincuencia organizada se han tomado los proyectos mineros ilegales”.
Sentencia por cumplirse
En cambio, uno de los proyectos mineros que actualmente se encuentra en fase de exploración avanzada, y aún no tiene la licencia ambiental necesaria para avanzar a su fase de explotación es Loma Larga, también conocida como Quimsacocha. Sobre este tema, Suárez explicó que lo decidido hace un par de semanas por la Corte Provincial del Azuay, la cual había ordenado la realización de una consulta ambiental para la obtención de la licencia de explotación, no impide que la empresa continúe con sus actividades administrativas. Actualmente tiene el permiso de exploración.
El abogado explicó que con la sentencia de la Corte Provincial no se suspende el proyecto, ni se anulan concesiones, sino que obliga que se realicen cuatro trámites:
- Que se emita un informe de flora y fauna
- También un informe hídrico
- Se realice la consulta previa
- y se lleve adelante la consulta ambiental
Carola Ríos, gerente de comunicaciones de Dundee Precious Metals, explicó que de su parte la empresa ha decidido continuar con su actividad en Ecuador, cumpliendo lo que la sentencia y la normativa ecuatoriana le permiten. Ratificó que este lunes se inauguró un centro de capacitación para la población, en el tema minero.
Por su parte Silva hizo votos para que los ecuatorianos se convenzan que la minería legal y responsable puede generar bienestar social y generar los recursos necesarios para transitar a economías más limpias.
Para ella, los principales desafíos o problemas de la industria al momento pasan por:
- Tener una política minera que no se cumple por toda la cadena del Ejecutivo
- Mantener cerrado el catastro minero
- Falta de una ley de consulta previa, libre e informada
- Falta de presencia física del Estado para perseguir la minería ilegal
- Actividades industriales paralizadas por falta de consulta ambiental.
Fuente: El Universo
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