El fin de la actividad petrolera en el bloque 43-ITT, cuyo primero de 246 pozos fue apagado y abandonado el 28 de agosto, mantiene divididos a comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía. Por un lado, están quienes respaldan y exigen terminar inmediatamente con la explotación de crudo, alegando daños a la naturaleza y perjuicios a habitantes de la zona. Por otro lado, se encuentran quienes piden que continúe la operación en el Yasuní, porque su retiro afectará a la economía de la zona de influencia directa y a la nacional.
Ambos grupos han acudido en diferentes momentos a la Corte Constitucional (CC), en Quito, para que sus posiciones y solicitudes sean atendidas, ya que el organismo emitió el dictamen que dio luz verde para que se desarrolle la consulta popular de agosto de 2023, impulsada por el colectivo ecologista YASunidos, en la que el 58 % de la ciudadanía decidió mantener en el subsuelo el crudo del ITT.
La tarde del martes 3 de septiembre llegaron a la Corte aproximadamente 60 personas oriundas de Aguarico, de la provincia de Orellana. Están a favor de seguir con la explotación petrolera, así lo expresaron también con sus votos en contra en la consulta popular.
Su intención es interponer un amparo constitucional, por presunta vulneración de sus derechos, con el fin de que se revierta la consulta de 2023.
“Nosotros, como comunidades, queremos que siga la explotación petrolera, responsable con el medioambiente. Y que la Corte Constitucional revea (el dictamen), porque violaron nuestros derechos, porque nunca fuimos consultados, como dice la Constitución”, dijo Lauro Papa, presidente de las Comunidades Kichwa del cantón Aguarico.
Papa señaló que en tres días volverían a Quito, acompañados de sus abogados, para formalizar la entrega del recurso legal. Explicó que tomaron esa decisión para guardar luto por los fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido la mañana del martes, en la vía Pifo-Papallacta, que dejó nueve muertos y trece personas heridas.
Las víctimas eran parte de la comuna Waorani Kawimeno y se trasladaban en un bus a la capital para participar de actividades a favor de mantener la explotación del bloque 43. El autobús en el que se movilizaban sufrió una falla mecánica en los frenos, lo que provocó que se volcara en una pronunciada curva.
En otros dos buses se transportaban Lauro Papa y miembros de las comunidades kichwas Boca Tiputini y Puerto Miranda, que no fueron afectados por el accidente. En memoria de las víctimas, resolvieron seguir rumbo a la capital y manifestarse por las afectaciones que advierten dejará el cierre del ITT.
Se trasladaron al centro de la ciudad, hasta unas oficinas de Petroecuador. Ahí se reunieron con representantes del Gobierno: Andrés Vásconez, subsecretario del Ministerio de Gobierno; Valeria Arroyo, asesora del Ministerio de Energía y Minas; y Nuvia Vega, gobernadora de Orellana.
En la cita, los miembros de las comunidades lamentaron la pérdida de sus compañeros y expusieron sus preocupaciones por las consecuencias del abandono del bloque 43.
Al finalizar el encuentro, Lauro Papa dijo que los habitantes de la zona debieron ser consultados sobre la continuación de la actividad petrolera en el Yasuní. Además, dijo que YASunidos no han visitados sus territorios para socializar la consulta popular, que no representan el sentir de todas las comunidades indígenas de la Amazonía y que el colectivo “manipula” a las comunidades de la nacionalidad waorani de Pastaza.
“Ellos son unos entrometidos dentro nuestro territorio, ellos son unos aprovechadores. No son personas que vinieron a nuestro pueblo. Nosotros no nos metemos en cosas que no nos interesan, o no nos entrometemos en otras nacionalidades. ¿Por qué ellos no vinieron a nuestro territorio a ser consultados, socializados?, ¿por qué ellos han tomado nuestro nombre? Los compañeros de la nacionalidad waorani que apoyan a ese colectivo (YASunidos) están siendo manipulados”, reclamó Papa sobre el grupo ecologista.
El dirigente dijo que el desarrollo y actividades del bloque 43 han dado beneficios a las comunidades como empleo, infraestructura, salud, transporte fluvial, becas de educación superior, entre otros. Agregó que alrededor de 400 personas trabajan de manera directa e indirectamente relacionados con la operación del ITT.
De parte de los voceros de Gobierno, se anunció que el próximo martes se instalarán mesas de trabajo en Aguarico, para levantar información sobre las necesidades de los habitantes en materia de salud, vialidad, educación, “y fortalecer los servicios sociales”, explicó el subsecretario Andrés Vásconez.
Vásconez aclaró que Carondelet no se ha involucrado en el recurso legal que las comunidades de Aguarico planean presentar a la Corte Constitucional.
La NAWE exige apagar de inmediato los pozos del ITT
Del lado que apoyan terminar con la actividad petrolera en el ITT está la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). Varias ocasiones se han trasladado a Quito para manifestarse en contra del extractivismo.
El pasado viernes 30 de agosto la organización ingresó a la Corte una propuesta con lineamientos para el plan de cierre del bloque 43, reparación social y ambiental. El documento fue elaborado con el aporte de 400 personas que participaron en la Cumbre Internacional por el Yasuní, que se llevó a cabo en Orellana la semana pasada.
La NAWE sostiene que el Gobierno no está cumpliendo con el mandato de la consulta popular, ni con el dictamen de la Corte.
Entre las medidas que se plantean en la propuesta entregada el viernes está actualizar el plan de cierre que presentó el Gobierno, pero que deber ser elaborado con la NAWE y contener al menos lo siguiente: detalle de actividades y secuencia, cronograma de ejecución, responsables y actores involucrados, monitoreo poscierre, mecanismos de evaluación y seguimiento, así como presupuesto detallado.
Además se piden tres “acciones inmediatas”:
- Apagar, desactivar y tapar todos los pozos del ITT.
- Iniciar procesos de verificación y sanción para quienes sean responsables del incumplimiento de la voluntad popular.
- Convocar e incorporar inmediatamente a la nacionalidad waorani en las instancias, acciones y procesos para el cumplimiento de la consulta popular.
La NAWE se pronunció el martes tras el mortal accidente que dejó nueve fallecidos. Se solidarizó con las familias de las víctimas e hizo un llamado a la unidad del pueblo waorani.
Petroecuador aclara abandono del primer pozo
Ante dudas generadas sobre el anuncio del primer pozo cerrado del ITT, Petroecuador informó la noche del lunes 2 de septiembre en el cual aseguró que el pozo cerrado, denominado Ishpingo B-56, estuvo operativo hasta el pasado 28 de agosto y tuvo una producción acumulada de 655.000 barriles de fluido (agua y crudo) desde finales de mayo del 2023.
El comunicado de la petrolera estatal se difundió después de que YASunidos aseguró la semana pasada que el Ministerio de Energía y Minas no había dicho la verdad y habría anunciado el cierre de un pozo que ya estaba abandonado con anterioridad, ya que en el informe que el Gobierno entregó a la Corte, el 20 de agosto, se indica que el ITT posee 247 pozos perforados, de los cuales uno ya estaba abandonado.
Petroecuador, en su comunicado, explicó inicialmente que el bloque 43 tenía 247 pozos, pero que el pozo denominado Tambococha-A25H fue abandonado en marzo de 2019, “por razones técnico operativas, para perforar un nuevo pozo tipo re-entry (reentrada) denominado Tambococha-A25HRE, el cual posee las mismas coordenadas que el Tambococha-A25H”.
La entidad asegura que dicha actividad fue reportada en el informe dado a la Corte. El plan del Gobierno es cerrar 246 pozos del ITT en cinco años y cinco meses, proceso que empezó a finales de agosto y terminará en diciembre de 2029. Petroecuador precisó a este Diario que el pozo abandonado el pasado 28 de agosto es parte de los 246 que se cerrarán.
Fuente: El Universo.
